A los seis meses de presentada la reforma al artículo 5 de la Constitución, que quita el candado constitucional para permitir la presencia de bases militares extrajeras en el Ecuador, obtuvo el informe favorable para segundo debate, pero este documento recién podrá conocerse en el pleno a partir del 29 de mayo próximo, es decir, en la nueva Asamblea Nacional.
Con cuatro votos a favor y dos en contra, se dio paso al informe en el que se recomienda que “la reforma planteada se rige a la estructura constitucional vigente y preserva la capacidad legal de la Asamblea Nacional para aprobar o improbar tratados internacionales y el soberano se pronuncia de manera mayoritaria para la implementación en la normativa del país, los aportes presentados sirven de insumo para ilustrar a los asambleístas en el segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, por lo tanto, se recomienda se proceda con el trámite correspondiente”.
Los cuatro votos a favor fueron de los siguientes asambleístas: Rafael Dávila (Avanza), Jorge Peñafiel (Construye), Sofía Sánchez (PSC) y Nataly Morillo (ADN). Los votos en contra salieron de Gisella Garzón (RC) y César Ugsha (UP-PSE). Estuvo ausente Mariana Yumbay (Pachakutik).
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En el texto del informe se señala que el crimen organizado transnacional ha devastado sistemáticamente a Ecuador mediante diversas actividades ilícitas e infiltración en estructuras estatales, lo que ha provocado un aumento alarmante de la violencia, aproximadamente el 90 % de los homicidios están vinculados directamente al narcotráfico.
Considerando que los sofisticados sistemas operativos de estas organizaciones criminales superan ampliamente las capacidades técnicas nacionales actuales, resulta imperativo el establecimiento de bases militares extranjeras para contrarrestar eficazmente estas amenazas, aportando así tecnología avanzada e inteligencia compartida que Ecuador no puede desarrollar a corto plazo, lo cual garantizará la recuperación efectiva de la soberanía territorial y la protección integral de la población ecuatoriana frente a esta grave amenaza.
Que el crimen organizado transnacional constituye una amenaza multidimensional en toda Latinoamérica, con evidencia que demuestra su infiltración en estructuras gubernamentales de países como Venezuela con el cartel de los Soles, mientras que en Ecuador operan carteles mexicanos, colombianos y albaneses con posibles nexos a un cierto sector político, fenómeno similar en Colombia, Nicaragua y Bolivia.
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Estas organizaciones, añade el texto, aprovechan las asimetrías normativas mediante sofisticadas redes logísticas transfronterizas y sistemas de inteligencia criminal que superan las capacidades estatales, por lo que el establecimiento de bases militares extranjeras representa una respuesta necesaria bajo el paradigma de seguridad cooperativa, permitiendo así contrarrestar eficazmente estas amenazas mediante tecnología avanzada y cooperación internacional.
Según lo aprobado, la reforma al artículo 5 permitiría al Ecuador establecer acuerdos bilaterales con países aliados que poseen tecnología avanzada, sistemas de inteligencia de última generación y recursos logísticos que actualmente no están disponibles para las fuerzas nacionales.
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La instalación de bases militares extranjeras, bajo estrictos controles democráticos y jurídicos, garantizaría que estas colaboraciones se alineen con los intereses nacionales, permitiendo al Ecuador enfrentar amenazas transnacionales con mayor eficacia y resiliencia. Además, la cooperación internacional podría incluir programas de capacitación y transferencia tecnológica, contribuyendo al desarrollo de capacidades locales a largo plazo y fortaleciendo la institucionalidad en áreas críticas como la seguridad y la justicia.
La presencia de bases militares extranjeras podría ser utilizada como un punto de coordinación para esfuerzos multilaterales, posicionando al Ecuador como un actor clave en la seguridad regional. Este enfoque no solo contribuiría a la estabilidad interna, sino que también mejoraría la imagen internacional del país como un socio confiable en la lucha contra las amenazas transnacionales, atrayendo inversiones y fortaleciendo su posición geopolítica en la región. La conveniencia de esta reforma radica en la necesidad de adaptarse a una realidad donde el crimen organizado opera con lógicas transnacionales que requieren acciones coordinadas y efectivas, concluye el informe del proyecto de reformas al artículo 5.
Con la reforma al artículo 5 de la Constitución, el texto tendría la siguiente redacción: “El Ecuador es un territorio de paz”. Todo lo demás que contempla el actual texto será eliminado.
Reacciones
El vicepresidente de la mesa ocasional, Rafael Dávila (Avanza), dijo que con el informe aprobado se permite levantar la prohibición constitucional para el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador, tras señalar que era previsible que los delegados de la Revolución Ciudadana (RC) y sus aliados no consignarían el voto a favor.
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Manifestó que una vez aprobado el informe en la comisión ocasional se debe esperar el plazo constitucional previsto para este tipo de trámite, es decir, que transcurran al menos 90 días entre el primero y segundo debate, por esa razón, será la nueva Asamblea quien puede conocer y resolver a partir del 29 de mayo próximo.
Los cuatro legisladores, añadió Dávila, se pusieron del lado de la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia transnacional y contra el narcotráfico. Que en el informe está absolutamente claro que la norma constitucional, para la implantación en el futuro de bases militares extranjeras, está lejos de ceder soberanía, lo que hace es ejercer soberanía. Porque de manera libre, autónoma, independiente, el país tomará la decisión de permitir que se implanten estas bases militares.
La presidenta de la comisión ocasional, Gisella Garzón (RC), rechazó las versiones del oficialismo de que se retrasó el trámite de la reforma, pues dijo que a la Revolución Ciudadana le gusta hacer las cosas con excelencia y eso es lo que ocurrió.
Dijo que la comisión que presidió no solo cumplió con los tiempos, sino que ha cumplido con lo que establecen la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución, y que este tratamiento no se hizo a espaldas de la ciudadanía.
Garzón afirmó que ella y su bancada están en contra de la eliminación de la “prohibición del tema bases militares extranjeras, porque no es una cosa menor”.
Justificó que votó en contra del informe por un tema de principios, por un tema de soberanía o por un tema de país, pues “pretendieron reducir el concepto de soberanía a los límites territoriales”.
La legisladora Sofía Sánchez (PSC) destacó que el informe tiene recomendaciones de lo que no se tiene que repetir y que sucedió ya cuando estuvo aquí instalada una base militar de Manta, donde incluso hubo personas que tuvieron problemas de pensión de alimentos, por poner un ejemplo, que no respondieron a ciertos abusos o beneficios que existían.
Dijo que la reforma es tan amplia que dependerá del Gobierno que asuma la responsabilidad, podría ser Estados Unidos, o si mañana asume un país que tenga una línea de izquierda, probablemente hace un acuerdo internacional con Irán, con China.
Aclaró que esta reforma no va a solucionar los problemas de inseguridad que tiene el país, pero es una herramienta más que la mesa ocasional da a los ecuatorianos para poder ahondar en ese problema tan fuerte como es la delincuencia organizada y el crimen transnacional.
El legislador Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, indicó que el crimen transnacional que funciona más allá de las fronteras ecuatorianas, que utiliza estas herramientas desde lo internacional, tiene que ser combatido directamente y de manera firme; y que la herramienta fundamental para combatir el crimen organizado viene de la mano con la cooperación internacional.
Esa cooperación internacional, añadió Peñafiel, pasará por un control constitucional de parte de la Corte Constitucional del Ecuador y también por un aval político que tendrá que darlo la Asamblea Nacional. Es decir, la instalación de bases militares en el Ecuador es un tratado internacional en el momento en que así se disponga por parte de un gobierno en el futuro. Tendrá control constitucional y tendrá control político.
Por tanto, dijo que hablar de que es ceder soberanía es descabellado porque simplemente está siendo controlada por las instituciones del Ecuador. (I)