Por segunda ocasión se suspendió la audiencia por la acción de protección con medidas cautelares planteada por la periodista cubana Alondra Santiago en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores por haberle revocado la visa.

La diligencia se desarrolló la mañana del martes 9 de julio, en Quito, a cargo de la jueza Sandra Yanchatipán, de la Unidad de la Niñez y la Familia. La magistrada decidió suspender la audiencia hasta el lunes 15 de julio por pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo representante solicitó que se declare en reserva el proceso judicial, con el fin de analizar el expediente en el que se basó la decisión de retirar la visa a Santiago.

La jueza resolverá si la audiencia será reservada una vez que analice información que deberá presentar en 48 horas el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), en la cual se justifique si la información proporcionada por la Cancillería al Tribunal tiene carácter de secreta o reservada.

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La periodista extranjera intervino en la audiencia del martes. Dijo que “mientras los accionados están tratando, por todos los medios, de que esto se dilate 48 horas más o las horas que quieran más, yo estoy fuera de mi país, estoy fuera de mi familia, estoy alejada de mi madre, estoy alejada de mis temas de salud, estoy alejada de mis estudios, estoy alejada de mis amigos y de mi hogar, que por 19 años he tenido en Ecuador”.

Pidió a la jueza “que se mire todas las argucias y todo lo que pretenden el Gobierno y los accionados para dilatar el proceso y para que no sea pública la audiencia”, manifestó e insistió en que se le han coartado su libertad de expresión, de prensa y otros derechos.

Alondra Santiago, cuya madre es ecuatoriana, salió de Ecuador el 28 de junio, un día antes del plazo de cinco días que tenía para abandonar el país luego que la Cancillería, el 24 de junio, le notificó el retiro de su vida de amparo.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores le revocó la visa con base en informes reservados y secretos del CIES y del Ministerio del Interior, sobre que la comunicadora habría cometido actos que atentan contra la seguridad del Estado. (I)