A la Asamblea Nacional le faltaron votos para aprobar el informe que elaboró la comisión ocasional que investigó el fallecimiento de la subteniente Aidita Ati Gavilánez, ocurrido en instalaciones militares el 29 de junio de 2024.
La comisión ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso Aidita Ati se integró en agosto de 2024 y el informe lo conoció el pleno de la Asamblea Nacional a ocho días de concluir el presente periodo legislativo.
La moción para aprobar el informe la presentó la presidenta de la mesa ocasional, Patricia Núñez (RC), y obtuvo 49 votos a favor, 58 abstenciones y 1 en contra. Con esos resultados, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (RC), suspendió la sesión 1020. Los votos a favor vinieron de la bancada de la Revolución Ciudadana y el sector de Pachakutik. En cambio, las abstenciones fueron de ADN, PSC, Construye y los independientes.
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El informe analizó las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la subteniente en las instalaciones del fuerte militar de Napo, que —según el documento— ha puesto de manifiesto serias deficiencias institucionales y potenciales vulneraciones a derechos fundamentales que comprometen la responsabilidad estatal.
Del análisis de la documentación oficial proporcionada por el Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y demás instituciones públicas se evidencian omisiones significativas en el deber de la garantía y protección que el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, tiene respecto al personal militar.
Asimismo, establece que el fallecimiento de Aidita Ati ocurrió mientras se encontraba bajo custodia del Estado en instalaciones militares, circunstancia que activa una presunción de responsabilidad estatal; que no se realizaron actos públicos de reconocimiento de responsabilidad ni medidas simbólicas de reparación, lo que incumple los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Como recomendaciones, en el informe se incluyó el inicio de un juicio político en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por incumplir su deber de garantizar un entorno seguro y la implementación efectiva de protocolos de prevención en las Fuerzas Armadas.
Además de un juicio político en contra de la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana María Tanca Maquiavelo, por no desempeñar un rol proactivo y omitir su deber de garantizar la protección y reparación integral de la familia de Aidita Ati.
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También se recomendó el inicio de un juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por archivar el caso sin agotar todas las líneas investigativas, violando el principio de debida diligencia y perpetuando la impunidad. (I)
