Caso Filanbanco enfrenta al procurador general y a la directora de la Judicatura en Guayas

El caso Filanbanco enfrenta, por estos días, al procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y a la directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel. Un cruce de acusaciones que se ha ventilado, incluso, en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.El pasado 29 de septiembre, al ser consultado en un evento público sobre por qué el Estado había perdido algunos casos relacionados con los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de la extinta institución financiera, Salvador declaró: “Lamentablemente se ve que los tribunales ecuatorianos están sometidos a mucha presión; presión política y probablemente, esto no lo puedo asegurar, presión económica; investiguen los vínculos de las directivas del Consejo de la Judicatura en Guayas con los hermanos Isaías”. Pero no dio nombres.Esto motivó a que la Comisión de Justicia inicie un proceso de investigación. En ese marco, invitó el pasado 12 de octubre a Salvador y a Coronel, además del presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y al vocal José Murillo, para que explicaran este tema.En la sesión, Salvador indicó: “Mi declaración fue el resultado de constatar los constantes y sistemáticos reveses y rechazos que sufría el Estado ecuatoriano, fundamentalmente en el proceso de medidas cautelares autónomas iniciado en 2018, y la demanda de indemnización por daños y perjuicios por $ 2.000 millones, pese a la presentación de medidas judiciales de apelación, recursos horizontales y acciones administrativas disciplinarias ante el Consejo de la Judicatura, mismas que no fueron acogidas”.El funcionario se refería a la sentencia por la cual se dispuso que el Estado le devuelva a los hermanos Isaías los bienes que les fueron incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en el 2008 para cubrir un “hueco patrimonial” de más de $ 600 millones descubierto en una auditoría de la firma Delloite & Touche.El fallo de primera instancia fue dictado por el juez Johnny Lituma; en este acogió un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el que se indicó que, con el Mandato 13 de la Asamblea Constituyente de Montecristi, el Estado vulneró los derechos de los Isaías a presentar reclamos judiciales por las incautaciones y que debían ser compensados.La Procuraduría y otras entidades apelaron, pero la sentencia fue ratificada luego por un Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Justicia el Guayas.En la sentencia del dicho Tribunal se cita un informe elaborado por Coronel en el 2019 como abogada en libre ejercicio y que fue presentado por el abogado de los Isaías, Jorge Zavala Egas, en el proceso. “(Literal) m) Adicionalmente, la opinión de la reconocida profesora y especialista en derechos humanos, Dra. María Josefa Coronel, en documento que se ha incorporado al proceso: ‘El Ecuador debe acatar lo resuelto en el citado Dictamen porque la obligación de cooperación con el Comité resulta de la aplicación del principio de buena fe a la que el país está obligado a ajustarse, y por el reconocimiento como un órgano imparcial e independiente, que resuelve en base a la evidencia presentada con espíritu judicial y con ponderada interpretación del lenguaje del Pacto y del carácter determinante de sus decisiones. El Ecuador debe actuar como un Estado de buena fe’”. Los Isaías, en tanto, desistieron de la demanda por los $ 2.000 millones. El proceso fue archivado. Salvador aclaró en la Comisión que no ha hecho ninguna acusación contra nadie. “La acusación la haré en el momento que haya una investigación fiscal... Tampoco es una denuncia”, indicó el procurador, quien luego de responder algunas preguntas se retiró de la sesión.Dijo que al momento de elaborar ese informe, Coronel seguramente compartía los criterios de los Isaías sobre el valor del dictamen de la ONU. Y que “pudo plantearse un conflicto de interés en ese momento, siempre y cuando se lograra demostrar o tener indicios de que realizó actos conducentes a influir en los jueces, pero es algo que no puedo sostener porque no tengo tales indicios”.Sin embargo, señaló que lo que le parece curioso es que si bien ella elaboró el informe en el 2019, recién fue presentado en el proceso en junio del 2022. “Se lo mantuvo en la manga el abogado de los Isaías, por eso es que se solicitó a los medios que investiguen el caso”, dijo.A su turno, Coronel declaró ante la Comisión de Justicia que no conoce a los Isaías ni a los jueces que han sustanciado sus procesos penales, civiles o administrativos. Lamentó que el procurador haya hecho comentarios “sin fundamento” poniendo en duda la ética de funcionarios de la Judicatura de Guayas, y que finalmente se haya retirado sin que se haya podido dar un debate con ella y los legisladores. Ante la pregunta del legislador Ricardo Vanegas, de Pachakutik, respecto a si, en el libre ejercicio de su profesión de abogada, ella elaboró -el 1 de julio de 2019- un informe sobre el caso Isaías a pedido del abogado de los exbanqueros, respondió que sí.Comentó que desde 1998, dentro de su ámbito de trabajo, se especializó en la figura denominada “responsabilidad extracontractual del Estado”. Y que por ello ha compartido experiencias académicas con varios abogados, entre ellos Zavala.“Esta opinión académica -que no debe ser malinterpretada por ningún abogado o juez- no debe causarme vergüenza”, dijo la funcionaria.En una entrevista con este Diario, la funcionaria lamentó que Salvador haya hecho “conjeturas”. “No le he dado a Íñigo Salvador el poder para lastimarme, sin embargo, este comentario no es de un trollcito, es del abogado del Estado, y merece una aclaración. En el camino, la Asamblea le pide que comparezca y aclare... Es el primero que habla, anuncia que no puede quedarse, o sea que se va sin oírme, lo que me da un mensaje personal que lo desnuda de pies a cabeza. Pero sigue siendo el abogado del Estado y era importante que el país escuche lo que tenía que decir como aclaración. Y dijo así: que no me ha nombrado, que fue un comentario suelto, que no entiende por qué los jueces han fallado contra el Estado -sobre juicios que desconozco- y cuando los legisladores le dicen usted pide que se investiguen los vínculos, por qué no se lo pide a la Fiscalía, dice es que no tengo los elementos, no sé, no estoy seguro, fue una conjetura, y dijo adiós. Me hubiera encantado que me escuchara a mí. Él habló y se fue, todos nos quedamos hasta el final”, indicó. Al consultarle si tomará alguna acción legal contra el procurador, ella dijo que no. “La acción ya fue tomada: él me tuvo al frente, retrocedió y se fue”. “Esto no es un tema personal, es institucional... El abogado del Estado, que ha perdido no sé qué casos de los Isaías, no puede reaccionar así ante esa pérdida, disparando ese comentario, afectando a las instituciones del Estado”, reclamó.Coronel contó que desde hace varios años, en efecto, ha mantenido contacto laboral y académico con Zavala. Y que este le pidió que realizara un estudio sobre el dictamen del Comité de la ONU, a lo cual accedió.“Yo digo que el mandato 13 tuvo consecuencias que han causado daño, tienen que ser reparadas. Que el mandato 13, para el Comité de la ONU, representó la violación al derecho que tenemos todos los seres humanos a la justicia. La reparación, si le devuelven los bienes, si los venden, si les dan el vuelto, cómo se calcula el daño, quiénes serían los perjudicados... todo eso, yo no lo he dicho. Lo debe decir un juez. Así yo tenga una opinión, como soy servidora pública ahora, no la diría”, explicó.

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