Caso Liga2: Fiscalía mantiene un expediente de más de 21.000 fojas en 51 días de instrucción fiscal

Menos de 40 días le quedan a la instrucción fiscal abierta por el delito de asociación ilícita contra Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, los tres primeros exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la cuarta actual consejera de Participación Ciudadana. La causa penal ha sido bautizada por la Fiscalía como caso Liga2.

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El 15 de marzo pasado se dio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de formulación de cargos, la cual estuvo en manos del conjuez Marco Aguirre, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Luego, el procesamiento pasó a conocimiento de la jueza penal Daniella Camacho, a quien Aguirre reemplazó temporalmente.

Como fundamento para arrancar la instrucción el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, aseguró que los tres exconsejeros de la denominada Liga Azul y cercanos al correísmo: Verduga, Franco Loor y Saltos, y Bonifaz planificaron una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, entre otras instituciones.

La acusación de Fiscalía se basa, entre otros elementos, en el informe de los chats obtenidos de los dos teléfonos celulares de Verduga, los cuales fueron incautados durante el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana, el pasado 24 de enero. También se tendrían datos de análisis de informática forense realizados a computadores incautados, versiones de los denunciantes, de una docena de asambleístas del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), documentos, actas y resoluciones del pleno del CPCCS y de la Asamblea Nacional.

En estos 51 días de investigaciones el expediente del caso Liga2 cuenta con 21.800 fojas, 109 cuerpos, que incluyen pericias a conversaciones de texto ubicadas en plataformas de mensajería instantánea ,como Ware o WhatsApp, y la transcripción de conversaciones grabadas, y se han emitido 29 impulsos fiscales ordenando diligencias e incorporando información requerida por la acusación que maneja la Fiscalía y por los abogados de los cuatro procesados.

De la información expuesta por la Fiscalía se revela que los entonces consejeros de la Liga Azul destituidos por el TCE, en enero pasado, habrían utilizado pseudónimos en tres chats grupales: Buró 2.0, Apoyándose y Jiujitsu, en las aplicaciones de mensajería Wire, WhatsApp, Signal, Telegram, para ocultar su identidad.

Alcanzar el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador habría sido el objetivo principal de la estructura que investiga la Fiscalía y operó desde el CPCCS, junto con funcionarios de instituciones del Estado, como la Asamblea Nacional, relacionados con la RC. “El presente caso retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador se convirtió en la sede de un partido político en donde su principal objetivo era captar tantos espacios de poder como fuera posible, convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan”, resaltó Toainga.

En estos casi dos meses de instrucción fiscal, tres de los cuatro procesados han cumplido la presentación periódica emitida por el conjuez Aguirre. El exconsejero Verduga ha sido el único procesado en Liga2 que no ha cumplido ni una sola de las tres presentaciones periódicas que hasta el momento han cumplido los otros sospechosos. Ese incumplimiento ha hecho que Verduga esté a la espera de que se concrete este martes, 6 de mayo, a las 16:00, una audiencia en la que se revisará la medida de presentación periódica y muy seguramente la misma, por pedido de la fiscal general Diana Salazar, se la cambie a orden de prisión preventiva.

La posibilidad de que Verduga incumpla su primera presentación periódica de forma física, el 31 de marzo pasado, era casi evidente. La Policía mantenía información de que el exconsejero salió del país hacia Colombia el 27 de enero pasado por vía terrestre por la frontera ecuatoriana de Rumichaca hacia Pasto. Augusto Verduga hasta el momento ha incumplido las presentaciones en la CNJ definidas para el 31 de marzo, el 14 y el 30 de abril pasados.

Verduga ha tratado de que se justifiquen sus inasistencias señalando que él y su familia mantienen riesgos latentes contra su seguridad y al no tener la guardia policial que mantenía cuando fue funcionario del Consejo de Participación, se le hace difícil estar en el país para cumplir la medida de presentación periódica ordenada. Solicitó a la jueza Camacho que disponga a la Fiscalía que lo ingrese al sistema de Protección de Víctimas y Testigos, “para que las próximas presentaciones periódicas puedan efectuarse garantizando su derecho a la vida y la de su familia”.

Para el exintegrante de la Liga Azul, la decisión de salir del país no constituye una forma de evasión de la justicia, sino una “medida extrema de autoprotección” de acuerdo con lo dispuesto por el mismo informe oficial de riesgo aprobado por la Policía Nacional.

La fiscal Salazar cree que ninguno de esos argumentos debe ser tomado en cuenta, pues él sostendría que tras su destitución como consejero, el 31 de enero pasado, se le retiró la seguridad policial asignada a su protección, dejándole a su suerte y sin resguardo alguno pese a la existencia de amenazas contra su vida, sin embargo, en el expediente fiscal constaría el certificado de movimientos migratorios de Augusto Verduga, en el que se establece que su salida del país se dio el 27 de enero de 2025 con destino a Pasto, Colombia.

“Su salida del país fue antes de su destitución y del retiro de su custodia, mas no como asegura el procesado, por lo que resulta inverosímil su justificación”, sostuvo la fiscal general.

En un inicio la exconsejera Yadira Saltos mantuvo la misma condición de Verduga, es decir, incumplió la primera presentación periódica. La procesada desde México intentó justificar la inasistencia, situación que finalmente se corrigió al realizar las siguientes presentaciones periódicas en la secretaría de la Sala Penal de la CNJ, en Quito, cada quince días.

Una vez que ha transcurrido más de la mitad de los 90 días de instrucción fiscal, si no existen vinculaciones, esta etapa procesal se cerraría el 15 de junio próximo. Pero si la Fiscalía encuentra información relevante que le hace presumir la participación de otras personas en el delito de asociación ilícita analizado, se solicitará una audiencia de vinculación para sumar a la o las personas sospechosas al proceso penal en marcha.

Independientemente de si son una, tres o diez las personas por vincular, por norma el proceso debe alargarse únicamente por 30 días, pues la etapa de instrucción fiscal no puede superar los 120 días en total. (I)