Caso Metástasis: Fiscalía pide 40 meses de cárcel para el policía que ayudó a Leandro Norero en la protección del contenido de sus teléfonos celulares

Una pena de 40 meses de cárcel (tres años y cuatro meses) es lo que solicitó el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, para el cabo segundo de la Policía Nacional Gabriel Genaro G. C., alias Doble Rueda, uno de los diez procesados dentro del caso Metástasis que se acogieron al procedimiento abreviado para, mediante un juicio rápido en el que acepta su responsabilidad y participación en los hechos investigados bajo el delito de delincuencia organizada, obtener una pena reducida.

La diligencia de procedimiento abreviado se instaló pasadas las 14:00 de este lunes 15 de julio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y ante el juez Manuel Cabrera, quien reemplazó al magistrado Felipe Córdova porque este se excusó de seguir con la causa.

Esta es la primera audiencia de este tipo que se dará dentro del caso Metástasis, antes de que se defina una nueva fecha para la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 39 procesados que aún están a la espera de que se dilucide su situación jurídica dentro de esta causa. Inicialmente se definió este lunes 15 de julio como día para la instalación de esta diligencia, pero el viernes último el juez Cabera la difirió.

La lista de procesados que se acogen al procedimiento abreviado se completa con Neycer Lenin M. S., Christian Gabriel S. C., Héctor David P. F., los exjueces Ángel Harry L. V., Émerson Geovanny C. U., Helive Paúl A. B., quien era mano derecha del narcotraficante Leandro Norero; Álex Palacios, exasesor en el Consejo de la Judicatura y en la CNJ de Wilman Terán; el empresario Daniel Salcedo; y la excomunicadora institucional de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Mayra Salazar.

Según la Fiscalía, el rol de colaboración de alias Doble Rueda se centró en impedir que sus compañeros policiales puedan abrir e ingresar a la información que reposaba en el teléfono incautado al narcotraficante hoy asesinado Leandro Norero, dentro de un proceso penal por lavado de activos en el que se lo investigaba. Este funcionario público llegó incluso a hurtar el token de propiedad de la Policía Nacional, facilitando el beneficio de la impunidad que pretendía la organización.

Del cabo segundo Gabriel Genaro G. C., el fiscal Toainga explicó que el agente siendo parte de la Policía Nacional en una de las unidades especiales de investigación, esto es la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, tuvo reiteradas y permanentes actuaciones de diversa índole gestionadas mediante comunicación directa con Leandro Norero a través de la aplicación Threema.

De los elementos que mantiene la Fiscalía en este caso se deriva que la colaboración de Gabriel Genaro G. C. se realizó de inicio con uno de los líderes de la organización y también procesado en Metástasis Fabián Gilmar C. B., alias Yanquí, quien a través de la aplicación Threema le transmitía los requerimientos de Norero para luego tener comunicación directa con este último.

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Estos pedidos habrían estado direccionados al uso de los conocimientos en informática que tenía el cabo segundo de Policía por tener certificación de la empresa Celebrity para el manejo de los equipos forenses usados en los procesos periciales a los dispositivos celulares. A decir de Toainga, el procesado debía estar pendiente de cómo van los procesos de extracción de la información de los teléfonos de Norero y evitar que logren ingresar a los equipos, particularmente a un teléfono rojo que era de especial interés para el narcotraficante, llegando inclusive Gabriel Genaro G. C. a hurtar el token de propiedad de la Policía Nacional que tenía a su cargo, facilitando el beneficio de la impunidad que se pretendía

“Su colaboración a la organización le significó beneficios económicos entregados por medio del sistema financiero nacional a través de la cuenta bancaria de su esposa (...). Como puede apreciar, señor juez, en el relato de los hechos ha existido una convergencia en un sinnúmero de actuaciones propias de una delincuencia organizada, ya que este tipo de criminalidad busca paraísos jurídicos penales donde las conductas ilícitas pueden ser cometidas y salgan exentas de responsabilidad penal. En este contexto, los factores de financiamiento, planificación y dirección dirigidos a la compra de impunidad toman evidente relevancia, pues la tendencia del crimen organizado en relación con la corrupción estatal es la utilización de facilitadores y proveedores de escenarios corruptos”, indicó Toainga.

El cabo segundo Gabriel Genaro G. C. fue ubicado como colaborador de una delincuencia organizada establecida en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), antes de las reformas del presente año, es decir, la persona que mediante acuerdo o consulta forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años que tenga como objeto final la obtención de beneficios económicos u otro de orden material, será sancionada con una pena privativa de libertad de siete a diez años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

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Una vez leídos los 28 elementos de convicción que tenía la Fiscalía para fundamentar la acusación, el juez Cabrera solicitó al representante de la Procuraduría General del Estado que se pronuncie sobre la reparación integral planteada, que incluía una multa de doce salarios básicos unificados ($ 5.520) y el pago de $ 11.040 y la devolución de $ 7.608 que acordó el procesado que entregaría. El funcionario de la Procuraduría señaló estar de acuerdo con la reparación integral acordada por la Fiscalía y el involucrado.

En ese punto el juez consultó al cabo segundo investigado y a sus abogados si entendían los alcances jurídicos de que se acepte la materialidad y por ende la responsabilidad en los hechos referidos por la Fiscalía dentro del proceso penal. Tanto Gabriel Genaro G. C. como su abogado, Luis Ponce, aseguraron que no existieron amenazas de por medio para la aceptación y el reconocimiento que se hacía y estaban claros y de acuerdo con la pena tanto de prisión como la reparación integral planteada por la Fiscalía como parte del procedimiento abreviado.

Luego de casi dos horas de diligencia, el juez Cabrera suspendió la audiencia para entrar en proceso de deliberación. Aseguró a las partes que se tomaría una hora para construir su resolución, pero adelantó que si demoraba un poco más, lo haría saber por los canales respectivos. El procesado Gabriel Genaro G. C. fue sacado de la sala de la misma forma que llegó, en compañía de agentes de la Policía Nacional y de seguridad penitenciaria, pues mantiene una orden de prisión preventiva vigente. (I)