Daniel Salcedo y Mayra Salazar se suman a la lista de procesados que buscan una pena reducida en el caso Metástasis y solicitan acogerse al procedimiento abreviado

Daniel Salcedo, Mayra Salazar y Carlos M., procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis, solicitan acogerse al procedimiento abreviado y, a través de reconocer su responsabilidad y participación en el delito investigado, pretenden una pena reducida. El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) define penas para la delincuencia organizada que van de los cinco a los diez años de cárcel.

El empresario guayaquileño, la excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas y el exguía penitenciario se suman a la lista de cinco policías, dos exfuncionarios judiciales, dos exjueces provinciales y el hombre de confianza del narcotraficante asesinado en 2022, Leandro Norero, quienes ya solicitaron a la Fiscalía General dentro de Metástasis acogerse a un procedimiento abreviado.

Para el próximo 3 de junio se ha convocado a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro de esta causa, en la que 52 personas son investigadas por hacer parte de una “empresa criminal” que lideró Norero para buscar fallos judiciales favorables y beneficios penitenciarios para la familia de Norero y para cercanos de la organización criminal que manejaba.

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Entre los temas que esperan una resolución judicial dentro de este caso están los ahora trece pedidos para acogerse a un procedimiento abreviado que han planteado, además de Salcedo, Salazar y Carlos M.; los policías Gabriel Genaro G. C., Neycer Lenín M. S., Héctor David P. F., Armando Heriberto R. T. y Ángel Eduardo Lino; los exfuncionarios judiciales Christian Gabriel S. C. y Álex Francisco P. S., exasesor de Wilman Terán en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ); Hélive A., cercano al narcotraficante Leandro Norero y quien era conocido con el alias de Estimado; y los exjueces Emerson Geovany C. U. y Ángel Harry L. V.

Los pedidos de aplicar el procedimiento abreviado para Daniel Salcedo y Carlos M. fueron presentados el 1 de mayo pasado, mientras que el de Mayra Salazar, quien ha rendido su testimonio anticipado y es parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, lo hizo el 2 de mayo último. En los tres casos desde la Fiscalía se respondió que los pedidos, de considerarse pertinentes, se atenderán conforme lo que dispone la norma procesal.

El artículo 635 del COIP señala que el procedimiento abreviado, el cual está definido como un procedimiento especial en nuestro ordenamiento jurídico, deberá sustanciarse de conformidad con ciertas reglas: las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años son susceptibles de procedimiento abreviado, excepto en delitos de secuestro, contra la integridad sexual y reproductiva, extorsión, en caso del delito de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, actividades ilícitas de recursos mineros, abigeato con violencia, financiación del terrorismo y delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada.

La norma refiere además que será el fiscal del caso quien acoja el pedido y plantee la propuesta al juez de la causa, la cual podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

Se aclara que la persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. El defensor acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales, y en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por el fiscal.

El tema terminará siendo resuelto en una audiencia en la que, en este caso, será el juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quien emita una sentencia basada en lo justificado y acordado con la Fiscalía.

Los 120 días de instrucción fiscal en el caso Metástasis concluyeron el sábado 13 de abril pasado, y dos semanas después Córdova dispuso que el 3 de junio próximo, a partir de las 09:00, se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 52 procesados. En la diligencia se debatirá sobre posibles nulidades que afecten la validez procesal y se escuchará el dictamen fiscal que mantiene Diana Salazar, la fiscal general del Estado.

El delito de delincuencia organizada definido en el artículo 369 señala que la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Salcedo se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil; mientras que Salazar se mantiene bajo un estricto resguardo en la Casa de Confianza de Chillogallo, en Quito.

La acusación de Fiscalía sobre los procesados que piden procedimiento abreviado:

1.- Daniel Salcedo Bonilla, alias DS o el Bellito. Para la Fiscalía, él es el planificador de estrategias ilegítimas destinadas a obtener la libertad de Leandro Norero por medio de ofrecimientos de sobornos a operadores de justicia. Sistema que ya se había establecido, dijo la fiscal general, Diana Salazar, existiendo funcionarios judiciales que no respondían a los intereses de la justicia, como por ejemplo los coprocesados Mayra Salazar, el juez Richard G. y el exjuez Ronald G.

“Señor juez, usted debe tener la claridad de que Daniel Salcedo ya ha sido objeto de varios procesos penales y de los cuales todos han quedado en la impunidad. Ahora sabemos por qué y no necesariamente por el excelente ejercicio de la defensa, sin ofender a los abogados que lo patrocinan, sino porque están acostumbrados a ser funcionarios judiciales”, refirió la fiscal general.

También existiría evidencia de que Salcedo se habría jactado de haber obtenido la libertad de once privados de la libertad, como por ejemplo de Adolfo Augusto Briones, procesado y sentenciado por el caso Las Torres. Estas resoluciones, indicó Salazar, eran extrañas no solamente para la Fiscalía, sino para toda la ciudadanía. “¿Ahora entendemos a qué respondían? A la corrupción”.

De igual forma, para la Fiscalía, el rol de Daniel Salcedo en la cúpula criminal también habría girado alrededor de la planificación de formas de cómo lavar activos, cómo hacer limpias las cosas.

2.- Mayra Salazar Merchán. Según la Fiscalía, ella fue una funcionaria judicial de la provincia del Guayas que mantenía contacto directo con Leandro Norero. Su rol de colaboración se habría efectuado desde el ámbito administrativo armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que buscaba la organización criminal. Esta tarea comprendía identificar a jueces dispuestos a “suicidarse”. Así llaman a los jueces que apoyan la delincuencia, el “suicida”, y que no son otros que los que estaban dispuestos a recibir dineros o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos.

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Salazar, entre otras cosas, fue investigada por negociar de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos de Leandro Morero, pactaba los sobornos con los administradores de justicia de la sala de la Corte Provincial de Cotopaxi y además habría manipulado el sistema de sorteo para que caigan donde los jueces “suicidas”. Para la fiscal general, Diana Salazar, la entonces comunicadora institucional de la Corte del Guayas desvió la correcta administración de justicia de forma sistemática a favor de la organización criminal.

“Todo esto, como es propio de esta estructura criminal, a cambio de dádivas y beneficios de orden material. Existirían depósitos realizados en la cuenta de Mayra Salazar y también la entrega de objetos, como un computador. Estas prácticas de corrupción le eran muy comunes para Mayra Salazar, pues el propio Daniel Salcedo da cuenta de esta dinámica delictiva en los sorteos de las causas judiciales seguidas en su contra”, indicó la Fiscalía en la formulación de cargos.

3.- Carlos Javier M. S. A decir de la Fiscalía, Carlos M. siendo guía penitenciario colaboraba con la finalidad de la organización al introducir artículos prohibidos para Leandro Norero, mientras se encontraba privado de la libertad en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, así como fungir de facilitador para conseguir los insumos que el líder del grupo criminal le requería bajo la contraprestación de beneficios económicos depositados a su esposa, Pilar G., también procesada en Metástasis. (I)