Dilaciones en el caso Triple A preocupan a abogados de llamados a vinculación; esperan tener el tiempo suficiente para ejercer las defensas

El próximo domingo, 16 de marzo, se completarían los 90 días iniciales de instrucción fiscal dispuestos por el juez anticorrupción Alejandro García dentro del caso denominado Triple A, proceso penal en el que hasta este momento son investigadas cinco personas naturales y cinco jurídicas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo, y esperan por ser vinculadas otras once personas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y una empresa más.

La audiencia de vinculación fue dispuesta para este viernes, 14 de marzo, pero no pudo darse porque la noche anterior a que se realizara el juez García dejó sin efecto la convocatoria. Explicó en su providencia que lo hacía por existir un auto de excusa para seguir en la causa, planteada por el propio juez anticorrupción, y escritos con tres pedidos de revocatoria y uno de ampliación respecto a esa excusa, los cuales, según el juez, deben ser atendidos y proveídos conforme a la ley.

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En relación con los escritos en los que tres de los procesados plantearon recursos de revocatoria y uno un recurso de aclaración a la excusa presentada por el juez García, el aún encargado del caso Triple A corrió traslado con el contenido de los escritos a la Fiscalía para que en el término de 48 horas se pronuncie sobre lo solicitado en dichos escritos.

El juez García presentó su excusa explicando que el nuevo abogado de Aquiles Alvarez en el caso Triple A, Diego Córdova Raza, es su representante legal dentro de una causa de tipo administrativo-disciplinario y otra que tiene que ver con el ámbito penal. Ese conflicto de intereses, para el juez, comprometía su independencia y podía opacar la trasparencia en el manejo del proceso penal.

Estos incidentes preocupan a varios de los abogados de quienes serán vinculados, pues creen que se debe garantizarles un tiempo adecuado para que puedan defenderse ante las acusaciones que pretende hacer la Fiscalía. No hacerlo, aseguran, significaría vulnerar el derecho a la defensa y al debido proceso que mantienen todos los ciudadanos que están dentro de un tema judicial.

Joan Paul Egred, defensa de Édgar Moisés F. T., quien está en la lista para ser vinculado, aclara que deben tenerse en cuenta dos aspectos importantes en este punto del proceso: el que las personas a ser vinculadas deben tener como mínimo 30 días para poder realizar acciones que sustenten su teoría dentro de la causa penal y que no puede la etapa de instrucción fiscal ir más allá del “plazo fatal” de 120 días.

Egred espera que todos estos temas se resuelvan lo más pronto posible sin poner en riesgo el derecho a la defensa de las personas que serán incluidas en el caso Triple A. Sobre los cargos contra su representado, el abogado asegura que no existe ningún sustento para la vinculación, pues su cliente es un distribuidor de combustible que compró a Codepesa el volumen de combustible autorizado por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y luego lo vendió.

“La relación con Codepesa, que fue estrictamente comercial, duró dos meses. Ni conoce a los Alvarez. (...) No tiene sanciones de la ARCH ni del Servicio de Rentas Internas (SRI). No se entiende la vinculación”, sostuvo.

El artículo 590 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) refiere que la etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permitan formular o no una acusación en contra de la persona procesada. Mientras que en el artículo 592 del mismo cuerpo legal, el cual habla de la duración de la instrucción fiscal, se resalta que “en ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de 120 días” y que “no tendrán valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos previstos”.

En cambio, en el artículo 593 del COIP, que explica el tema de una vinculación a la instrucción, se indica que si hasta antes del vencimiento del plazo de la instrucción fiscal aparecen datos de los que se presume la autoría o la participación de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción, el fiscal solicitará su vinculación a la instrucción. Realizada la o las vinculaciones, el plazo de la instrucción se ampliará en treinta días improrrogables.

La audiencia de vinculación del caso triple A inicialmente estaba definida para diez personas: Aquiles Alvarez, Juan Carlos A. T., Juan Dionisio A. S., Gloria María S. S., Rosa Marbella O. G., Édgar Moisés F. T., María Elisa C. E., Fausto Vinicio V. G., Olga Cecilia O. L. y Raúl Arnoldo Z. O. El pedido de vinculación fue hecho el 21 de febrero pasado, el mismo día que la Fiscalía realizó allanamientos en estaciones de combustible de El Pangui (Zamora Chinchipe), Cariamanga (Loja), Machala, Santa Rosa y Pasaje (El Oro).

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A esta diligencia pidió Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el 11 de marzo pasado, que se sume a Édgar Edmundo C. A. y la empresa Harsajudi S. A. Según el fiscal, dentro de la presente causa han aparecido elementos de convicción que hacen presumir la participación de estas personas natural y jurídica, en calidad de autores o cómplices del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

El 14 de diciembre pasado logró instalarse la audiencia de formulación de cargos en el caso Triple A. Para llegar a ese punto se debieron sortear tres diferimientos por cambios de defensa de los sospechosos, entre otras razones, y una declaratoria de audiencia fallida. De Triple A se conoció el 23 de julio de 2024, cuando la Fiscalía realizó de forma simultánea siete allanamientos en Guayaquil y Milagro, en Guayas. Veintiún días después, el ente acusador quiso formular cargos, pero se dio el primer diferimiento.

Luego de la instalación, solo fue hasta el 16 de diciembre siguiente que el juez García pudo disponer el inicio de una instrucción fiscal de 90 días contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A. Para las personas naturales se dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica dos días a la semana; mientras que para las empresas, la prohibición de enajenar bienes y acciones.

La teoría manejada por el fiscal habla de que en el caso Triple A se habría definido que existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel.

A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano.

De concretarse las vinculaciones, el caso Triple A contaría con dieciséis personas naturales y seis personas jurídicas procesadas. El cierre de la etapa de instrucción fiscal dependerá de cuándo se realice la audiencia de vinculación y la disposición exacta que dé el juez en relación con los 30 días en los que necesariamente debe extenderse la instrucción. (I)