Código de la Salud: doce años de discusiones por los que han pasado ocho presidentes de la Asamblea Nacional, cuatro Gobiernos y aún no hay salida

La Asamblea Nacional lleva doce años discutiendo lo que sería el Código Orgánico de Salud. Han pasado ocho presidentes del Parlamento y cuatro Gobiernos, y aún no hay una salida para concluir el trámite del proyecto vetado totalmente y que yace en la institución desde septiembre del 2020.

El proyecto sobre esta materia fue presentado en mayo de 2012 por exlegisladores de la desaparecida organización política Alianza PAIS, bajo el contexto de que era un momento histórico a casi cuatro años de la aprobación de la Constitución de Montecristi, y que era necesario plantear un modelo que permita la consecución de todos los logros referentes a la salud consagrados en el texto constitucional.

El trámite en la Comisión de Salud empezó en julio de 2012, pero su aprobación en dos debates concluyó ocho años después, en agosto de 2020, cuando pasó a conocimiento del expresidente de la República Lenín Moreno, quien un mes después aplicó un veto total al documento.

Ejecutivo vetó totalmente el Código Orgánico de la Salud que aprobó la Asamblea

La norma constitucional y la ley orgánica de la Función Legislativa permite a la Asamblea Nacional volver a considerar el proyecto cuando es vetado totalmente, pero después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. La Asamblea podrá ratificar lo aprobado en un solo debate, con el voto favorable de la mayoría calificada de sus miembros, esto es 92 votos, y lo enviará directamente al Registro Oficial para su publicación.

Para articular lo que determina la norma ha habido dos intentos, pero sin resultados. El último fue hace dos semanas en el actual periodo, tampoco hubo acuerdos y el tema sigue a la espera.

Contenido

Este proyecto de código norma las actividades referentes a la salud; incorporando el Sistema Nacional de Salud, la Red Pública de Salud establecida en la misma Constitución, regula las acciones en salud, los recursos humanos, el control de las actividades que puedan afectar a la salud de los ciudadanos, fortalece el rol de la autoridad sanitaria nacional para permitir el acceso de la ciudadanía a servicios de salud más eficientes, transparentes, cercanos y de calidad.

En materia de medicamentos se establecen requisitos, limitaciones, prohibiciones y regulaciones para establecimientos, servicios farmacéuticos y de dispositivos médicos, y se norma lo atinente a medicamentos que contengan sustancias estupefacientes y sicotrópicas.

Se establece que los servicios públicos de salud se prestarán en jornadas y horarios de trabajo que garanticen la seguridad del paciente y del talento humano en salud; se determina la obligación de la autoridad nacional de salud de contratar seguros de vida para sus profesionales y demás personal de salud cuando presten sus servicios en unidades operativas de alto riesgo.

El proyecto logra fusionar en un solo cuerpo normativo las leyes que a través del tiempo se han dictado para el sector salud, con ordenamiento técnico y sistemático.

En cuanto a genética humana, el código autoriza el uso del material genético, únicamente, para fines de diagnósticos, terapéuticos o de investigación; se prohíbe la práctica de clonación de seres humanos, la obtención de embriones humanos con fines de experimentación, el uso de células madre embrionarias con fines de experimentación en seres humanos, la comercialización de material genético humano, entre otros aspectos.

Razones del veto

En el veto total, el exmandatario Lenín Moreno señaló que el texto adolece de varias imprecisiones que van desde definiciones erróneas o no actualizadas hasta una estructura institucional del sistema nacional de salud poco clara en cuanto a competencias y responsabilidades.

Además, dijo que el proyecto carecía de una verdadera actualización en cuanto en su enfoque y contenidos, más aún cuando se plantea que el país fue azotado por una pandemia como la del COVID-19 y que la normativa nacional debe responder a este tipo de nuevas realidades.

También se identificaron procedimientos poco claros, que no aportaban al objetivo del código, y un enfoque sancionador que lejos de garantizar el derecho a la salud podría convertirse en un obstáculo para la atención ágil y oportuna por parte de médicos y demás personal de salud.

El proyecto de Código Orgánico de Salud no garantizaba el derecho a la salud y bienestar de los ecuatorianos, por lo que como estaba planteado existe una imposibilidad estructural, financiera y administrativa de que pueda ser implementado de manera eficiente y eficaz para cubrir los requerimientos y demandas de la sociedad ecuatoriana, según el argumento emitido por Moreno en el veto.

Posiciones políticas

En la Asamblea Nacional nadie se pone de acuerdo en abordar el tema de manera definitiva; unos plantean que se debe someter a votación con la perspectiva de reunir los 92 votos que se necesitan y de manera inmediata aplicar reformas; en cambio, otros señalan que se debería volver a presentar un nuevo proyecto de Código de la Salud tomando con referencia el texto vetado totalmente y aprobarlo en menos de un año.

La vicepresidenta de la Comisión de Salud, Ana Cecilia Herrera (RC), incluso afirma que dentro de su misma bancada existen posiciones distintas, pero que personalmente considera que es un código que garantiza muchos derechos, facilita muchos temas y que ayudaría a resolver algunos asuntos pendientes que están en la mesa de salud y que ya fueron resueltos en otras normativas, como la legalización y el uso del cannabis, la despenalización del aborto por violación y la reproducción asistida que está tramitándose en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Indica que conoce que las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y de Acción Democrática Nacional (ADN) no quieren apoyar la ratificación del texto; en cambio, en la bancada de Construye existen criterios divididos, al igual que en el sector de la Revolución Ciudadana.

Para Herrera, en el texto vetado existen normas como la Ley de Carrera Sanitaria, que se contrapone con lo que tenemos, pero se pueden buscar mecanismos para garantizar que eso no sea un obstáculo.

En caso de que no haya los votos para ratificarse lo único que cabe es que cualquier legislador vuelva a presentar un nuevo proyecto de código e inicie nuevamente el trámite regular, lo cual sería volver a empezar.

El legislador Ferdinan Álvarez (antes de RC), miembro de la mesa de Salud, considera que el único camino que queda es resolver en el pleno la ratificación, el tema es que hay dos posturas y nadie tiene los votos.

En caso de ratificarse, algunos legisladores señalan que luego se pueden adecuar algunas reformas; el problema es que una de las transitorias manda que al momento de la publicación del código en el Registro Oficial tienen que ejecutarse todos los cambios en cuanto a la matriz del Ministerio de Salud Pública y eso tiene un costo que supera los $ 360 millones que no tiene al momento el Estado. Eso significa toda la adecuación que contiene el Código de la Salud.

Personalmente, Álvarez propone armar un nuevo texto tomando como referencia el 70 % de lo que fue tramitado y adaptarlo a la realidad social, porque el documento fue construido en el 2017 y aprobado en el 2020, y la realidad política, social, cultural y económica del país ha cambiado luego de la pandemia, y eso se tiene que tomar en cuenta.

Camilo Salinas, del movimiento Construye y miembro de la mesa de Salud, comenta que en la comisión se propone iniciar la construcción de un nuevo texto y someterlo a trámite, pero que eso aún no goza del aval de todos los legisladores.

Para este asambleísta, médico de profesión, el código es muy importante para el país y existen más de 40 cuerpos legales que salen como leyes parche que solamente operan en funciones específicas como la salud mental, la carrera sanitaria, trasplante de órganos o emergencia sanitaria. Hay que reunir todo en un solo cuerpo legal, sostiene. (I)