Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización recomendó al pleno de la Asamblea Nacional que proceda con el enjuiciamiento político al exministro de Inclusión Económica y Social (MIES) de la administración del expresidente Guillermo Lasso, Esteban Bernal.

El exfuncionario es acusado por incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la ley, al haber excluido de las ayudas económicas a miles de ciudadanos, sin que ellos hayan sido notificados las razones de dicha decisión, como sostiene, en su acusación, el asambleísta proponente Eckenner Recalde, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN).

Bernal sostiene que no existe incumplimiento de funciones, porque la exclusión de los beneficiarios de los bonos responde a parámetros técnicos establecidos a través de la Unidad de Registro Social, y que en promedio se eliminan unos siete mil beneficiarios al mes y a la par se registran siete mil nuevos nombres.

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“Enjuiciado por cumplir la ley, literalmente. Esta comisión se convirtió en árbitro y jugador al mismo tiempo, sin imparcialidad. Solo brotan odio y resentimiento. Un expresidente, en uno de sus libros, decía: ‘Los Congresos -Asamblea- en Ecuador y América Latina son el fiel reflejo de sus sociedades’; ahora entiendo por qué el país está como está”, escribió en su cuenta de X.

En el análisis y razonamiento, el informe de la comisión subraya que, de acuerdo con la causal única, se puede derivar la presunta vulneración de dos derechos que constan en la Constitución, respecto a la atención prioritaria (artículos 35 y 36) y debido proceso (artículo 76). Todo esto enmarcado en el proceso de exclusión y suspensión de transferencias monetarias a grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad.

Sobre el derecho a la atención prioritaria, en la sustanciación del proceso se demostró que este derecho se ha vulnerado, en vista de que personas que continúan en condición de pobreza y extrema pobreza han sido excluidas o se les ha suspendido de las transferencias monetarias que realiza el MIES.

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La mesa concluye que la solicitud de juicio político en contra del exministro Bernal cumple los requisitos legales que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa; que el exfuncionario ha incumplido el deber, atribución y responsabilidad no solo de los ministros de Estado, sino de cualquier ecuatoriano de respetar la Constitución, específicamente con la vulneración de los derechos a la atención prioritaria, al debido proceso y a la defensa.

La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, destacó que en la sustanciación de esta solicitud de juicio político se cumplieron los plazos establecidos, se garantizó el debido proceso, se respetaron los tiempos de intervención del proponente y del exfuncionario, quien pudo ejercer su derecho a la legítima defensa. (I)