Con cinco votos afirmativos, la Comisión de Fiscalización y Control Político archivó este sábado, 15 de marzo, la solicitud de juicio político planteada por el asambleísta José Luis Vallejo en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública y Gabinete Presidencial, por cuanto no cumple los requisitos previstos en la Constitución y la ley, toda vez que ha transcurrido más de un año de la fecha en que dejó el cargo.
A la preclusión del plazo se suma el hecho de que el proponente del juicio, José Luis Vallejo (legislador de la Revolución Ciudadana), retiró su pedido de enjuiciamiento político en contra de Sebastián Corral, quien fuera secretario de la Administración en el gobierno de Guillermo Lasso.
Esta es la segunda vez que la mesa archiva el proceso y nuevamente por pedido del correísmo. Con cinco votos a favor, lo hizo también el 13 de septiembre de 2024 y por la solicitud realizada por la proponente Patricia Núñez, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Con esta decisión, solo resta un pedido de juicio que resolver antes de la solicitud de juicio contra la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez.
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Durante el debate, la presidenta del organismo, Pamela Aguirre, y otros asambleístas lamentaron que no se pueda desarrollar este proceso político, ya que la actuación del exsecretario de la Administración Sebastián Corral conllevaría responsabilidades administrativas, civiles y penales, al formular un llamado a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado para que tomen las acciones que correspondan en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.
Con el archivo de esta causa, ahora la mesa de Fiscalización deberá procesar el juicio político en contra de Sofía Hernández Naranjo, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, solicitado por el asambleísta Xavier Jurado, de la bancada ADN. La acusación se refiere a un incumplimiento de funciones por no llevar a cabo los controles necesarios objeto de su competencia en la supervisión de las organizaciones del sector no financiero, falta de control y supervisión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, y por haber emitido una resolución que deja sin control a las cajas comunales.
Posteriormente a ello, se tiene que tramitar el juicio político impulsado en contra de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, por varias legisladoras de las bancadas RC, PSC, Pachakutik y SUMA, acusada de seis incumplimientos en sus funciones relacionadas con el sumario administrativo que suspendió por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad.
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En la lista también están los juicios políticos en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
El pedido de interpelación contra Godoy lo plantearon dos legisladores de la bancada Construye: Jorge Peñafiel y Camilo Salinas. Lo acusan de un posible incumplimiento de funciones por la vulneración al principio de independencia judicial por supuestas intimidaciones y amenazas a la jueza Nubia Vera Cedeño, quien denunció presiones para emitir una sentencia desfavorable en la acción de protección que interpuso la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, para dejar sin efecto la sanción de suspensión por 150 días sin sueldo que le aplicó el Ministerio del Trabajo, el 8 de noviembre pasado.
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La solicitud de juicio en contra de Loffredo la realizó el asambleísta Héctor Valladares (RC) por un posible incumplimiento de funciones, fundamentado en la “desaparición forzada” de cuatro menores de edad en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil.
En tanto, el archivo de la causa contra Corral se da en apego a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que en su artículo 78 establece: “Enjuiciamiento político.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley, de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución de la República, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado”. (I)
