Comisión ocasional que tramita la reforma al artículo 5 de la Constitución cerró su fase de comparecencias y empezará a hacer su informe final

Con cuestionamientos sobre la idoneidad de uno de los últimos comparecientes, la comisión ocasional que trata el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución sobre la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional cerró la fase de presentaciones y pasará a la elaboración y aprobación del informe final.La sesión 019 de esta comisión se inició pasadas las 15:00 de este jueves, 24 de abril de 2025. Estuvieron presentes los legisladores Gissela Garzón, presidenta de la Comisión e integrante de la bancada Revolución Ciudadana (RC); Nataly Morillo, de Acción Democrática Nacional (ADN); Jorge Peñafiel, de Construye; y, César Ugsha, de Unidad Popular (UP).Los invitados a esta sesión fueron del militar en servicio pasivo Roberto Marchán, el activista social y experto en geopolítica Luis Ángel Saavedra; el experto en combate al crimen organizado Renato Rivera Ron y el presidente de la Cámara de Comercio de Manta, Hugo Vargas.Luis Ángel Saavedra, en su intervención, pidió a la comisión que analice la conveniencia y efectividad de instalar bases extranjeras. Señaló que, cuando la base militar estadounidense estaba en Manta, se habrían producido abusos de poder, hundimiento de barcos pesqueros, aumento de embarazos adolescentes —ya que los militares extranjeros se relacionaban con adolescentes de la zona— y reclutamiento de menores para trabajo sexual.Estas acciones habrían quedado, en su mayoría, en la impunidad, puesto que los acuerdos entre Estados impedían que los militares extranjeros enfrenten a la justicia. Además, Saavedra indicó que, en materia de incautación de drogas, la base de Manta no fue eficiente, ya que solo incautaron 15 toneladas al año con un gran despliegue de recursos; mientras que las fuerzas de seguridad nacionales lograron 13,5 toneladas anuales en el mismo periodo, pero con menos recursos.El asambleísta Peñafiel cuestionó a Saavedra sobre su formación académica, ya que considera que esta es importante para sustentar su probidad como compareciente. Saavedra respondió que es ingeniero comercial y comunicador social, con dos títulos de posgrado en Marketing Social y Comunicación para la Investigación, y que su experticia en geopolítica proviene de más de 30 años de experiencia y de la publicación de artículos de investigación sobre el tema.Ante esa respuesta, Peñafiel señaló que no constan antecedentes académicos relacionados con la seguridad y añadió que Saavedra es un activista político, no un experto en seguridad. El compareciente replicó que sí es activista, pero no político, sino defensor de los derechos humanos, y que no responde ni pertenece a ningún partido político. También mencionó: “Yo no soy objetivo, porque la investigación no es objetiva, la objetividad es un mito; el periodismo tampoco lo es. No soy imparcial, como todos los investigadores”.Tras estas intervenciones, Garzón solicitó a la secretaria de la comisión que verifique si hubo organizaciones de la sociedad civil a favor de las bases extranjeras que hayan solicitado participar como comparecientes. La secretaria respondió que sí hubo, pero que no pudieron ser recibidas en la comisión debido al tiempo.Por su parte, Marchán indicó que el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador ya se ha dado en dos ocasiones anteriores: en 1942 y en 1998. En esos contextos, según su explicación, el Ecuador no se vio beneficiado en gran medida por permitir la instalación de estas bases en su territorio. En ambos momentos se habría favorecido más a Estados Unidos y, desde su perspectiva, se vulneró la soberanía nacional. Además, señaló otras afectaciones ocurridas durante el funcionamiento de estas instalaciones, como el hundimiento de barcos pesqueros y embarcaciones con migrantes ecuatorianos.En ese sentido, Marchán indicó que la instalación de bases militares extranjeras suele responder al contexto geopolítico y que, frente al escenario actual, la situación no sería diferente, puesto que Estados Unidos intenta imponerse geopolíticamente a China, debido a sus intereses contrapuestos.El siguiente en comparecer fue Rivera Ron, quien indicó que, por la forma en que está configurado actualmente el crimen organizado, este no podría combatirse únicamente con bases militares extranjeras, ya que no serían suficientes. Señaló que, para combatir el crimen, es necesario emprender acciones más amplias, y que si se instalan bases extranjeras, se deben establecer objetivos específicos para cada país que las instale.Un punto positivo de la instalación de bases militares extranjeras en Galápagos sería la reducción de la problemática de la pesca ilegal, aunque no tanto así en el combate al crimen organizado. Para incautar más droga y reducir homicidios, las bases militares extranjeras no serían suficientes, aclaró Rivera Ron.Finalmente intervino Vargas, quien señaló que la instalación de bases militares extranjeras no viola la soberanía, ya que no se trata de una toma por la fuerza del territorio, sino de un acuerdo para combatir el crimen. Por ello, aseguró que con la reforma no se vulnerarían derechos. Agregó que el avance de esta reforma sería positivo para Manta, ya que el desarrollo económico requiere de seguridad.La sesión se cerró con el anuncio de que se enviarán las convocatorias para la última mesa técnica y que la próxima semana se realizarán dos sesiones: una para revisar el informe y otra para someterlo a votación.El 17 de octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, con el fin de permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.El artículo 5, que busca ser reformado, señala lo siguiente:“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.El presidente Noboa propuso que el texto sea reformado para mantener únicamente la frase “El Ecuador es un territorio de paz”. (I)

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