Como un “hecho muy importante” que tuvo una concurrencia “masiva, de miles de trabajadores, maestros, estudiantes, campesinos...” describen a la manifestación antigobierno del pasado jueves, 4 de julio del 2024, sus organizadores. Desde la mirada de algunos analistas, en tanto, las protestas cumplieron el objetivo de visibilizar el malestar popular, pero creen que les faltó impacto.
Las movilizaciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Popular y otros sectores sociales se desarrollaron en 23 ciudades del país. La más grande estuvo en Quito. Su principal consigna fue el rechazo al incremento del precio de las gasolinas extra y ecopaís y la paulatina eliminación de los subsidios resuelta por el presidente Daniel Noboa.
Geovanny Atarihuana, dirigente de la Unidad Popular, expresa que en las marchas se expresó el descontento popular y que el presidente Daniel Noboa no debe minimizarlo.
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“Este es el inicio de más acciones con el fin de derogar el Decreto 308. El próximo viernes (12 de julio) nos suben nuevamente la gasolina y el presidente estará echando leña al fuego; por supuesto, las organizaciones sociales decidirán, de manera democrática, las acciones a tomar. Si el descontento y el costo de la vida aumentan, las marchas también”, reclama.
En un comunicado emitido este 5 de julio, la UNE indicó que en los próximos días los colectivos sociales realizarán una gran asamblea nacional de los pueblos para definir las próximas acciones de lucha frente al régimen de Daniel Noboa que gobierna para el FMI (Fondo Monetario Internacional) y no para los pueblos del Ecuador, pues persisten la inseguridad, desempleo, abandono escolar, hospitales sin medicinas, vías en mal estado, entre otros problemas”.
La politóloga Andrea Endara cree que las manifestaciones tuvieron un “50 % de éxito”, porque los sectores sociales llegaron a su meta de convocar a su militancia y otros ciudadanos en las capitales de provincias para visibilizar su descontento, y no hubo caos o incidentes violentos.
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Hubo pocos incidentes en protestas sindicalistas antigobierno
Pero en el otro 50 %, relacionado con la relevancia, no hubo “impacto”. Tanto es así que el presidente Noboa ni siquiera estaba en el país porque viajó a Perú para participar en un gabinete binacional.
Esto porque, según la analista, no participaron los indígenas, que por ahora se han mantenido al margen de las protestas; ni los transportistas, que ya llegaron a acuerdos con el régimen para recibir compensaciones económicas por el aumento del precio de las gasolinas.
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Endara considera que, si quieren ser escuchados, los movimientos sociales tendrían que, mejor, abrir canales de diálogo con el Gobierno y hacer propuestas concretas.
Al final de la movilización del jueves, los dirigentes del FUT dejaron en la Presidencia de la República un documento en el que le plantean al mandatario algunas opciones para obtener recursos para el Estado, entre ellas, eliminar el subsidio eléctrico que reciben las grandes empresas mineras y petroleras, y que significan $ 100 millones anuales; quitar las exoneraciones tributarias que benefician a las grandes empresas en $ 1.000 millones anuales y cobrar a los grandes evasores y morosos de impuestos, empezando por los $ 91 millones que debe la Corporación Noboa.
El analista político Juan Rivadeneira considera, en tanto, que las marchas “fueron un fracaso”. “Fueron más una muestra de presencia que de incidencia. La ausencia del movimiento indígena y los transportistas dejó en evidencia que estas agrupaciones resultan esenciales para lograr un objetivo desestabilizador”, comenta.
A su criterio, la Conaie ha tenido un “escaso sentido de la urgencia”, ya que ha convocado a una asamblea extraordinaria para decidir su postura frente a las movilizaciones recién el próximo 20 de julio. “Esto indica que el impacto por la medida relativa a subsidios no ha sido relevante, por ahora”, estima.
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“Además, los cálculos de los dirigentes seguramente se mantienen y evaluarán si un paro o marcha importante es (o no) funcional a sus intereses electorales. Lo cierto es que los ecuatorianos enfrentan dificultades para conseguir un empleo formal y alta preocupación por la inseguridad, de manera que una protesta desestabilizadora en este momento podría ser muy mal vista por el electorado”, opina el politólogo. (I)
