Correísmo oficializa dos pedidos de juicio político contra consejeros Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto

Este 10 de junio, la bancada de la Revolución Ciudadana, a través de la legisladora Ana Cecilia Herrera, formalizó el pedido de juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto, por supuesto incumplimiento de funciones.

En el expediente contra Guarderas Cisneros se incluyen cuatro acusaciones que se refieren a una supuesta violación del deber de reserva y protección al denunciante, una presunta falsificación de firma cuando presentó la denuncia contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por “precampaña”, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), de presuntos indicios de tráfico de influencias y violación de la independencia judicial.

Juan Esteban Guarderas no descarta buscar destitución de Verónica Abad mediante denuncia en el TCE

En cambio, el juicio planteado en contra de Johanna Verdezoto del Salto incluye acusaciones sobre un supuesto conflicto de intereses en el concurso para la designación del defensor público, además enfrenta una denuncia por concusión y perjurio vinculada con un contrato de arrendamiento con lo cual habría incumplido funciones y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico Administrativo en relación con los viáticos por gastos de residencia.

Al momento en la Asamblea Nacional se procesan los juicios políticos en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y los exvocales de ese organismo Xavier Muñoz y Maribel Barreno.

En la lista de peticiones de juicio consta una solicitud de interpelación en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública y de Gabinete durante el Gobierno de Guillermo Lasso; Andrea Montalvo, exsecretaria de la Senescyt; Pablo Arosemena, exministro de Gobierno de Guillermo Lasso; Mónica Palencia y Gabriela Sommerfeld, ministras de Gobierno y de Relaciones Exteriores, en su orden, por la incursión en la Embajada de México, en Quito.

Acusaciones contra Juan Esteban Guarderas

La primera acusación en contra del consejero Juan Esteban Guarderas por supuesto incumplimiento de funciones se sustenta en el hecho de que el 21 de diciembre de 2023 presentó una acción de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. En dicha acción, el acusado adjuntó como prueba una denuncia ciudadana formulada ante el CPCCS por el colectivo Calderón-Fernando Villavicencio, sin brindar la debida protección a los denunciantes y violentando la reserva que debe guardarse sobre las investigaciones que realiza el Consejo, contraviniendo así los artículos 14 y 43 de la Ley Orgánica del CPCCS y el artículo 32 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Este hecho, según la proponente del juicio, evidencia un claro incumplimiento de sus funciones como consejero, por lo tanto lo acusa de violación del deber de reserva y protección al denunciante.

Otra de las acusaciones se refiere a presuntos indicios de tráfico de influencias y violación de la independencia judicial en la tramitación del proceso contravencional seguido en su contra por el ciudadano Marco Vinicio Tutasi Paz y Miño. La denuncia documenta una presunta intercesión de vocales del Consejo de la Judicatura a favor de Juan Esteban Guarderas en dicho proceso.

La tercera acusación tiene relación con una presunta falsificación de firma cuando presentó la denuncia contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por “precampaña” en las elecciones seccionales 2023, el 16 de mayo de 2024.

Guarderas señaló a la vicepresidenta de la República, al líder del movimiento Pachakutik Guillermo Churuchumbi y al excandidato a la Prefectura de Tungurahua Francisco Suárez Abril de realizar actos de precampaña electoral durante las elecciones seccionales desarrolladas en febrero del 2023. Agregó que las investigaciones tienen un año y que fue esta semana que recibió los informes necesarios para presentar la denuncia formalmente ante el TCE, siendo su abogado patrocinador Ronald Morocho.

El 7 de junio de 2024 se hizo pública la denuncia del abogado Ronald Morocho, patrocinador del consejero Guarderas, quien dijo que este utilizó su firma sin su consentimiento para aclarar y completar el documento. El abogado Morocho, recoge el expediente del juicio, afirmó que él no ha autorizado la presentación del contenido del nuevo escrito ni lo ha firmado. Además, pidió al juez a cargo de esta causa, Fernando Muñoz, que oficie a la Fiscalía para que “inicie una investigación exhaustiva” sobre lo ocurrido.

El expediente presentado contra Guarderas concluye que al cometer el delito de falsificación de firmas también cometió el delito de fraude procesal, de acuerdo con el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La legisladora Ana Cecilia Herrera afirma que se observan elementos de convicción sobre graves y sistemáticos incumplimientos de funciones por parte del consejero Juan Esteban Guarderas que ameritan la apertura y sustanciación de un juicio político con todas las garantías del debido proceso, a fin de determinar sus responsabilidades y adoptar las medidas correctivas y sancionatorias que prevé la Constitución para preservar la probidad, transparencia e institucionalidad democrática del CPCCS.

Guarderas también está acusado de un supuesto abuso de poder y uso indebido de recursos públicos.

Juicio contra Johanna Verdezoto

La legisladora de la bancada RC Ana Cecilia Herrera acusa a la consejera Johanna Verdezoto de incumplimiento de funciones respecto del conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones en el concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública, al sostener reuniones con Rodrigo Daniel Frías Toral, postulante mejor puntuado en el Concurso de Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública, antes de que se haya concluido el respectivo concurso, como lo afirmó Nicole Bonifaz, en su momento presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del 20 de marzo de 2024.

La siguiente acusación se refiere a un supuesto incumplimiento de funciones respecto de la denuncia por concusión y perjurio vinculada con un contrato de arrendamiento, lo cual se contrapone con el principio de transparencia de la administración pública. A decir de la denuncia presentada por Jodie Belén Paucar Llanos, habría falseado la declaración juramenta y habría simulado el contrato de arrendamiento de fecha 24 de mayo de 2023, respecto del cual Paucar Llanos claramente señala que no es propietaria y lo prueba con certificado del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

Consecuentemente es acusada de incumplir funciones y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico Administrativo en relación con los viáticos por gastos de residencia.

Los dos procesos pasarán a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), para revisar el cumplimiento de requisitos antes de su calificación. (I)