La bancada de la Revolución Ciudadana (RC), a través de la legisladora Victoria Desintonio, presentó una queja contra la asambleísta de gobierno, Lucía Jaramillo, por mal uso de las instalaciones de la Asamblea Nacional al anunciar una fiscalización a la empresa privada Copedesa, que se dedica la comercialización de combustibles y que está denunciada por un supuesto delito de comercio irregular de combustibles.
La legisladora de la bancada gobiernista Acción Democrática Nacional (AND) integra, con otros miembros de su bloque, el Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustibles, que se conformó para investigar las acusaciones contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Jaramillo brindó una rueda de prensa el martes 16 de julio en las instalaciones de la Asamblea Nacional en Quito para describir el trabajo que desarrollará el Frente Parlamentario y señaló que lo harán “en respuesta de que la semana pasada se presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado, donde cuatro empresas, entre ellas, Copedesa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, estarían presuntamente vinculadas con el contrabando de combustible”.
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Según la queja presentada por la asambleísta Desintonio, en las declaraciones formuladas por Jaramillo se verifican dos situaciones relevantes: la primera que la asambleísta desarrolló esta indebida rueda de prensa en el Palacio Legislativo y la segunda, que esta fue realizada para referirse a un proceso de fiscalización y control político a una empresa privada denominada Copedesa. No cabe duda que es la Asamblea Nacional y sus asambleístas quienes deben en primer lugar respetar y hacer respetar que se cumpla la Constitución y la Ley, y esto incluye lo principios consagrados como el de la seguridad jurídica, lo cual no ha sido observado por la asambleísta Lucía Jaramillo Zurita.
“No podemos caer en arbitrariedades y fiscalizar o iniciar un proceso de control político contra una empresa privada, lo cual correspondería a otra función o institución del Estado. Este accionar deslegitima nuestro accionar como asambleístas, conllevando a dañar el prestigio y la credibilidad que debemos tener ante la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano, pues el respeto a la separación de funciones ha sido hasta ahora una de nuestras misiones, sin mencionar lo que puede significar en el imaginario y percepción de las y los ciudadanos que una asambleísta que trabaja en la elaboración de leyes no tenga claridad de los límites de nuestro rol fiscalizador y de control político”, sostiene Desintonio.
Por lo tanto, la asambleísta Lucía Jaramillo Zurita habría cometido la falta administrativa grave prevista en el numeral 3 del artículo 5 del reglamento para el trámite de faltas administrativas en las que puedan incurrir los asambleístas, y que tendría concordancia con el numeral 3 del artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esto es: “Hacer uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura, tales como credenciales o cualquier otro distintivo, para actos ajenos a su naturaleza y que lesionen el prestigio de la institución”.
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Consecuentemente, Victoria Desintonio solicita al Consejo de la Administración Legislativa (CAL), se proceda a sancionar a Lucía Jaramillo, con la suspensión sin remuneración de 9 a 30 días. (I)
