La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) prepara un cambio en el orden del día en la sesión 956, convocada para este 3 de septiembre, para que el pleno de la Asamblea nacional se pronuncie sobre la acción de protección dictada por el juez Édgar Romero, de que se suspenda el trámite del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia.
Tras la acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón (ADN), el juez de la Unidad Judicial Penal Édgar Romero Salazar dispuso reactivar los juicios políticos solicitados en contra de los exministros de Estado en el gobierno de Guillermo Lasso: Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de Economía; y, Andrea Montalvo, exsecretaria de la Senescyt, toda vez que no existe la figura de retiro de firmas en un juicio político; por lo tanto, se retrotrae todo lo actuado por la mesa de Fiscalización hasta el momento del retiro de firmas objeto de la acción de protección.
También dispone que los juicios políticos que actualmente se encuentran en trámite deberán retomarse una vez que se cumpla con lo resuelto en la sentencia, esto incluye el juicio en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, que deberá esperar hasta que se evacúen los tres pedidos de interpelación presentados contra los exministros de Guillermo Lasso.
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El pasado 1 de julio de 2024, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aceptó el retiro de 34 firmas de respaldo de asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC), Gente Buena (GB), lo cual provocó el archivo de tres solicitudes de juicio político a exministros del gobierno de Guillermo Lasso.
En esa misma sesión, la asambleísta Inés Alarcón (ADN) intentó incluir nuevas firmas a uno de los juicios planteados por ella, pero la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, negó esa posibilidad, por lo que la legisladora de Gobierno planteó una acción de protección, argumentando que se violó su derecho a fiscalizar, y el juez le otorgó el pedido.
La Asamblea Nacional retomará este 3 de septiembre de 2024, las actividades legislativas y de fiscalización luego de concluir el receso de quince días que empezó el pasado 19 de agosto.
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En la primera sesión plenaria, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) espera incluir a debate un proyecto de resolución que sería motivado por el legislador, Leonardo Berrezueta, que planteó una solicitud de juicio político en contra de Mónica Palencia. El objetivo es rechazar el fallo del juez Édgar Romero, argumentando intromisión en la Función Legislativa. Hasta las 15:00 del lunes 2 de septiembre, el documento seguía afinándose.
Pedidos ministra Palencia
Paralelamente, la ministra del Interior, Mónica Palencia, remitió este 2 de septiembre, una tercera solicitud a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC), y advierte con la presentación de una denuncia por la vulneración de su derecho a la defensa, tomando en cuenta que no ha recibido respuestas a sus pedidos sobre la suspensión de los plazos en su juicio político, tras la sentencia de la acción de protección concedida por el juez Édgar Romero.
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Al aplicarse la sentencia, señala Palencia, y una vez que la Asamblea nacional retoma sus actividades, ya no sería computable el plazo para la contestación a las demandas de enjuiciamiento político que fueron “indebidamente” acumuladas.
Y en la carta remitida a Pamela Aguirre, la ministra señala “que se tenga por presentada mi denuncia sobre el hecho de la vulneración a mi derecho de defensa, pues hasta este momento no me ha sido respondido ni uno solo de los escritos presentados, ni se ha resuelto -por ende- mi impugnación a la acumulación efectuada”.
Afirma que tampoco puede defenderse en legal y debida forma, pues “usted no ha certificado que efectivamente ningún documento de prueba de los interpelantes fue adjuntado a sus respectivas solicitudes; tampoco me es factible defenderme en un enjuiciamiento donde no se han adjuntado las identificaciones de los supuestos testigos”.
Igualmente, señala que tampoco ha certificado que el juicio político propuesto por el asambleísta Leonardo Berrezueta tiene los tintes de una solicitud de versión en instrucción fiscal.
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Palencia insiste en una certificación, para fines de seguridad jurídica, donde conste que se encuentra suspendido el trámite de enjuiciamiento político en mi contra. La situación de indefinición de su parte es en sí misma un acto de vulneración a mis derechos”.
También la ministra del Interior denunció ante la presidenta de la Comisión de Fiscalización que los dos interpelantes: Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, están ostentando el doble rol de interpelantes y además de asambleístas “evaluadores” del contexto de la sentencia de la acción de protección y de la procedencia de acatarla, “pues ha llegado a mi conocimiento que es el primero de los referidos, quien incluso estaría motivando que la sentencia sea conocida por el pleno de la Asamblea Nacional, para fines de que se decida si se acata o no, y la segunda, habría sostenido en algún medio de comunicación que hubo conversaciones y se decidió que no se iba a acatar”.
Palencia agrega que de ser verdad lo anterior quedaría demostrado una ilegítima intromisión de los asambleístas interpelantes en perjuicio de los derechos de rango constitucional y de naturaleza procesal de la suscrita.
Advierte que es deber como asambleísta el cumplimiento de las decisiones de autoridad competente, más aún cuando de la justicia constitucional se trata. “Con seguridad sabe usted muy bien que el cumplimiento de las mismas no está sujeto a ninguna declaratoria de ejecutoria; que se pueden hacer valer derechos en segunda instancia, pero que la ejecución no puede ser suspendida por ninguna causa”, asegura. (I)
