Correístas y socialcristianos no acatarán sentencia de jueza que ordenó posesionar a los consejeros suplentes del CPCCS

La mayoría legislativa, integrada por correístas, socialcristianos y sus aliados en Pachakutik, la Izquierda Democrática y el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, no acogerá la medida cautelar dictada por la jueza de El Oro que concedió 72 horas para que el Parlamento posesione a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).La jueza Karina Izurieta, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Santa Rosa, provincia de El Oro, otorgó medidas cautelares solicitadas por la consejera Gina Aguilar en contra del Parlamento, para que se proceda a la posesión de los consejeros suplentes del CPCCS, tras la decisión de la Corte Constitucional que destituyó a los siete principales por incumplimiento de sentencia.Gina Aguilar en la petición sostuvo que al momento el CPCCS está en acefalía porque solo se ha posesionado a dos de los siete que integran el organismo, por lo tanto, el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, está vulnerando sus derechos en vista de que la sentencia de la Corte Constitucional determina que el nuevo Consejo de Participación debe designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura de una terna remitida por la Corte Nacional de Justicia, y el Consejo no se puede reunir.Al respecto existen criterios divididos alrededor de la sentencia de la jueza constitucional de El Oro, y priman los cálculos políticos para proceder a la posesión de las autoridades que ocuparán ese cargo en el CPCCS de manera temporal.La mayoría legislativa, que la integran los correístas y socialcristianos junto con sus aliados en la Izquierda Democrática, Pachakutik y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, anuncia que desconocerá la sentencia judicial y hará pedidos de destitución de la jueza.El coordinador del bloque socialcristiano, Esteban Torres, afirmó que la Asamblea Nacional no tiene que cumplir ninguna sentencia de una jueza, según él, de dudosa procedencia.Según Torres, la sentencia de la Corte Constitucional aún está con recursos de ampliación y aclaración; y que en un comunicado realizado el 30 de enero, advirtió que ninguna acción procede contra esa decisión; además, la jueza de El Oro se atreve a amenazar a la Asamblea nuevamente con la destitución, cuando en medidas cautelares no cabe incumplimiento de sentencia, dijo el legislador.Torres argumentó que la posesión de los respectivos consejeros del CPCCS ya estaba prevista para la próxima semana, luego de elecciones, porque es inoficioso posesionar a personas para que actúen por uno o dos días y luego tengan que entregar nuevamente el puesto a quienes se sentarán definitivamente hasta mayo.Aunque no dio nombres, alertó que atrás de la decisión de la jueza de El Oro están un vocal del Consejo de la Judicatura y un asambleísta que responden al Gobierno; y afirmó que presionan con esa acción constitucional porque de ganar la pregunta cinco de la consulta popular, quienes están en este momento actuando como autoridades se prorrogarían hasta que la Asamblea designe a los nuevos reemplazos.Entonces, añadió Torres Cobo, el Gobierno está intentando sacar a Álvaro Román del Consejo de la Judicatura y pretende que el Legislativo cumpla una decisión que no tiene ningún valor jurídico, y que “de hecho no la va a cumplir y la Asamblea se va a parar duro en este caso”.Anunció que la Asamblea Nacional presentará una nueva queja en contra de la jueza Karina Izurieta, para que el Consejo de la Judicatura la destituya de manera inmediata.Ricardo Vanegas, del bloque Pachakutik, advirtió que al no cumplir con el deber que tiene la Asamblea Nacional de posesionar a los suplentes del CPCCS, significó dejar en acefalía a esa entidad, tomando en cuenta que la lista de las personas que deben ser posesionadas fue notificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en noviembre del año pasado.Por incumplimientos menos graves fue destituida Guadalupe Llori del cargo de presidenta del Parlamento, por lo tanto, si hubiera algo de derechos y justicia, debería iniciarse una acción para destituir a Virgilio Saquicela por haber colocado en estado de acefalía al CPCCS, anotó el legislador Vanegas.“Aquí no es cuestión de que no quiero cumplir, la Constitución se respeta y las órdenes judiciales se respetan; ellos (la mayoría legislativa) son los causantes del daño que se está ocasionando”, reiteró el político de las filas de Pachakutik.El legislador nacional de Pachakutik comentó que quienes gobiernan la Asamblea tienen que posesionar a los siete consejeros, pero como no tienen mayoría en el CPCCS, porque sus candidatos están en campaña, no les conviene porque perderían el control. La Corte Constitucional, añadió, debería actuar y realizar una extensión de su sentencia y advertir a la Asamblea de un incumplimiento de sentencia. (I)

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