Wilman Terán habla de nuevos chats y de un equipo celular no incautado a puertas de dos audiencias preparatorias de juicio por actos de corrupción

A días de que se instalen las audiencias de evaluación y preparatoria de juicio de los casos Independencia Judicial, por el delito de obstrucción de la justicia, y Metástasis, por delincuencia organizada, el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán divulga supuestas conversaciones de chat entre él y la fiscal general, Diana Salazar, que dice están en un teléfono celular que no haría parte de la cadena de custodia en ninguno de los dos procesos penales en los que se lo investiga.

La exposición del contenido de las presuntas conversaciones entre Terán y Salazar fue entregada como “prueba nueva” solicitada por el expresidente del CJ, dentro de un proceso de juicio político que se les sigue a él y a los exvocales de la Judicatura Maribel Barreno y Xavier Muñoz en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, mesa con mayoría de legisladores de la Revolución Ciudadana (RC).

El contenido de los presuntos diálogos dejaría ver, según Terán, comportamientos irregulares de la fiscal general que revelarían que los procesos penales contra él y otros responden a una persecución política y no a elementos contundentes de una figura penal relevante. La diligencia del caso Independencia Judicial está definida para el 26 de junio próximo, mientras que la audiencia en Metástasis está convocada para el 15 de julio siguiente.

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La única certeza que da Terán de que el contenido de los chats leídos durante la diligencia en la mesa del Legislativo es fidedigno y no alterado es su palabra de que el equipo celular, que no habría sido incautado por la Fiscalía, fue periciado particularmente y que de esa acción se generó un “informe técnico pericial de informática forense”. “Tuve que aplicarlo (la pericia) de manera personal porque, si mi dispositivo estaría en Fiscalía, no existiría esta prueba para conocimiento público”, resaltó el expresidente del CJ y exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quien aparece en el caso Metástasis con el alias de Diablo.

La respuesta de la Fiscalía a los dichos de Wilman Terán llegó a través de un comunicado publicado tan solo horas después de la comparecencia en la Asamblea. La instancia que lidera la acusación contra el expresidente de la Judicatura explicó que los teléfonos de Terán fueron incautados en el operativo del caso Metástasis junto con $ 25.000 en efectivo, computadores y documentos, entrando todos estos equipos en cadena de custodia.

A decir de la Fiscalía, los equipos fueron legal y técnicamente periciados, explotados en las respectivas audiencias privadas, en las que participaron las defensas técnicas de los involucrados en el proceso penal; pero —resalta la institución— en dichos aparatos “no se encontraron” los chats presentados por Wilman Terán, uno de los 42 procesados en Metástasis y parte de los trece investigados en el caso Independencia Judicial.

Procesalmente hablando, para que una información existente en un equipo electrónico sea tomada en cuenta dentro de un proceso judicial, este o estos dispositivos deben ser ingresados en una cadena de custodia que garantice su originalidad; la extracción debe ser definida y autorizada por un juez y, una vez se realice la diligencia, en esta deben estar presentes todos los sujetos procesales para dar fe de lo que se está extrayendo del dispositivo.

“La Fiscalía expresa su más profundo rechazo ante esta nueva artimaña, cuyo único objetivo es desprestigiar a la máxima autoridad de la Fiscalía y contaminar los casos en los que se investiga corrupción y narcotráfico y que involucran al mencionado ciudadano. (...) Se evidencia que buscan entorpecer el trabajo de la justicia a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados”, señaló la Fiscalía.

Al siguiente día, Terán comentó el comunicado y defendió que el documento que tiene con los supuestos chats sí es un informe técnico-pericial, porque tiene la firma de un perito. Resaltó que en el comunicado público de Fiscalía no se diga que lo leído es falso y que, si quieren contradecirlo y darle mayor valor, retó a la fiscal Diana Salazar a “un duelo de verdades” ante la Comisión de Fiscalización para que “con polígrafo en mano veamos quién miente”.

El legislador interpelante de Terán, Muñoz y Barreno, Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, ha criticado que a última hora los asambleístas de la RC hayan aprobado la solicitud de prueba nueva hecha por Terán. Para él, esto evidencia que la intención de los integrantes de la Revolución Ciudadana en la Comisión de Fiscalización, tanto dentro del caso Metástasis como en el juicio político, es defender a Wilman Terán y su narrativa.

“Recordemos que este señor Terán es acusado de crimen organizado y de obstrucción a la justicia, y sigue habiendo más casos en donde se encuentra involucrado. Por tanto, darle espacios, tribuna, micrófonos a este señor, lógicamente, desdice de la moralidad y la ética pública que tienen que prevalecer en el Ecuador. El movimiento Construye permanecerá vigilante para evitar que este señor siga entorpeciendo el trabajo de la Comisión y (...) logremos imponer la verdad y la justicia. (...) Estas actuaciones que la Comisión de Fiscalización hizo las hacía el propio Terán en el CJ hace un año, así que eso tenemos que entender todos, la misma forma de actuar, y eso no lo vamos a permitir. Veremos cómo en el pleno vota la RC, porque no caben más interpretaciones de algo que es evidente: la responsabilidad de estos señores ante el país”, anotó Peñafiel.

El jueves último, el exvocal Xavier Muñoz, procesado junto con Terán y Barreno por el delito de obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial, fue sentenciado a una pena reducida de nueve meses y seis días de cárcel, al pago de una multa de $ 11.040, a una reparación material de $ 11.040 a la víctima —el hoy exjuez de la CNJ Walter Macías— y a pedir disculpas públicas.

La sentencia llegó una vez que el exfuncionario judicial se acogió al procedimiento abreviado, en el que aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y además cooperó eficazmente con la Fiscalía para descubrir a los líderes de la estructura investigada en Metástasis, en otros casos de “alta relevancia social” y su testimonio ha permitido adelantar procesos y en otros casos iniciar nuevas investigaciones en curso.

Entre otras cosas Muñoz, ante el conjuez Julio Inga, de la Corte Nacional, reconoció que cometió el delito de obstrucción a la justicia, junto con Wilman Terán, cuando en un pleno forzaron una falsa mayoría de dos contra cinco para destituir al entonces juez Walter Macías con el fin de sacarlo del caso Vocales, en el que una de las tres personas procesadas por tráfico de influencias era la entonces vocal Maribel Barreno.

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En el caso Independencia Judicial, la Fiscalía investigó a las trece personas sospechosas de tener algún grado de participación en actos que condujeron a evitar, mediante sanciones de suspensión y destitución, que el juez Walter Macías siguiera frente a ciertos casos, como Las Torres, en el que uno de los sentenciados es el excontralor Pablo Celi, y el relacionado con un tráfico de influencias que tenía que ver con Barreno, el exvocal del CJ Juan José Morillo y el exjuez de Pichincha Vladimir Jhaya.

El punto de vista de la víctima indirecta

La víctima indirecta en este caso, Walter Macías, refiere que el 11 de mayo del 2023 se dio el mayor atentado a la Independencia Judicial en el Ecuador, pues los intereses personales del entonces presidente y dos vocales de la Judicatura buscaron a toda costa destituir a un juez de la Corte Nacional.

“Su finalidad: que no se vea afectada la mayoría que conformaron al interior del pleno de dicho organismo, ya que la vocal integrante iba a ser procesada penalmente por la Fiscalía ante dicho magistrado, todo esto sin importar los medios, la forma de conseguir el resultado o como pregonaban ellos: ‘Cueste lo que cueste’. Lejos del sometimiento al derecho que debe caracterizar a una autoridad administrativa, la motivación de esta mayoría era cristalizar un plan estructurado e ideado para satisfacer los intereses de un grupo político con el cual se habían asociado y que buscaba consolidarse o volver al poder”, apuntó Macías.

Macías fue juez nacional hasta febrero pasado, en que culminó su periodo de tres años para el que fue designado. Desde su perspectiva, para conseguir lo que se buscaba debían colaborar con la desestabilización del país y lograr la perennización del poder de una estructura que estaba apoyada por grupos delictivos organizados de delincuencia común, personajes políticos, jueces de distinto nivel, ex servidores públicos y empresarios sentenciados por actos de corrupción, varios servidores de la Función Judicial y la mayoría del CJ, junto con todos sus servidores subordinados, quienes en conjunto pretendían lograr su objetivo, para lo cual debían deshacerse del juez nacional que constituía un obstáculo para sus aspiraciones.

“Cuando los intereses políticos y los grupos de delincuencia organizada coinciden, no reparan en métodos ni formas; es la peor forma de degradación del poder. Entonces, se procedió con la suspensión de funciones y la posterior destitución del juez nacional, esto último el 19 de agosto del 2023″, concluyó el hoy exjuez. (I)