La decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, de colgar en el portal institucional la disculpa pública por vulneración de derechos a los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tras un fallo de un juez constitucional, provocó el rechazo entre sus aliados políticos.

Saquicela justificó su decisión de publicar la disculpa pública, el 13 de diciembre pasado, porque es una sentencia y en el marco jurídico se tiene que dar cumplimiento, aunque señaló que esa sentencia es írrita, manoseada y manipulada, que pretende entrometerse en otro poder del Estado.

Asamblea Nacional cumple fallo constitucional y se disculpa con los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana

El titular de la legislatura demandó del juez de La Concordia, Ángel Lindao, que notifique al Parlamento con la sentencia, pues aseguró que ya pasaron siete días y no llega la notificación judicial, y que “al guardarse la sentencia, el juez, no permite que opere el recurso de apelación en el cantón Santo Domingo.

Dijo que comparte con los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), de Unión por la Esperanza (UNES), Izquierda Democrática (ID) y algunos de Pachakutik “este malestar de que tenemos que vernos obligados a publicar una supuesta disculpa pública respecto de unos funcionarios destituidos; sin embargo, jurídicamente hablando, por más írrita que sea la sentencia, hay que cumplir”.

La bancada socialcristiana rechazó el comunicado sobre las disculpas públicas e insiste que los cuatro consejeros del CPCCS continúan en una flagrante arrogación de funciones “gracias al favor del Consejo de la Judicatura y del Gobierno”.

Que el pleno, máximo organismo de la Asamblea Nacional, ya se pronunció con 89 votos de respaldo respecto de la ilegítima, ilegal y carente de eficacia jurídica medida cautelar devenida en acción de protección del juez de La Concordia, y que esa resolución prevalece por sobre cualquier boletín, según el documento suscrito por el legislador Esteban Torres.

Su coideario, Luis Almeida, y tío de una de las consejeras del CPCCS, aseguró que el juez que ordenó las disculpas públicas es manejado por dos asambleístas que “manejan la justicia en Santo Domingo Gruber Zambrano y el señor Vanegas”. Y anunció que la Asamblea, con su actual mayoría, no va a posesionar a ningún funcionario que sea elegido por este “consejo falso”.

Cuestionó que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, con su publicación de las disculpas públicas pretende dejar “avasallar el concepto de Función Legislativa, creo que las cosas no deben de ser así”.

La bancada correísta UNES, en un comunicado, también rechazó el boletín institucional con las disculpas públicas, porque contradice la resolución aprobada el pasado 9 de diciembre por el pleno de la Asamblea Nacional.

En esa resolución, añade, se ratificó en la destitución de los cuatro exconsejeros del CPCCS, y en exigir a la Fiscalía General del Estado que se investigue el posible delito de usurpación de funciones. Las decisiones de Fiscalización y de Control Político de la Asamblea Nacional van por encima de cualquier boletín publicado.

El titular de la legislatura manifestó que será motivo de análisis la posesión del Superintendente de Bancos, porque el pasado 11 de agosto ya posesionó Raúl González Carrión, como nuevo superintendente y que existe una acción de protección en la ciudad de Guayaquil y se esperarán sus resultados.

Colocación de placa

Virgilio Saquicela anunció que este jueves 15 de diciembre se procederá a colocar una placa como lo ordenó el juez de La Concordia con la frase ‘Ningún poder del Estado está por encima del poder constitucional’. En la colocación de esa placa se conocerá cuál será el desenlace de la sentencia írrica.

Cuestionó que el juez haya obrado con agilidad en el día de la audiencia cuando leyó la sentencia, pero reclamó esa misma agilidad para notificar la sentencia, que él cumplió la sentencia con la publicación de las disculpas con base en un oficio, porque al momento no se conoce la sentencia en su integridad.

Al interior de Pachakutik hay dos posiciones respecto a la decisión de publicar las disculpas públicas. Por un lado, el legislador Mario Ruiz, de la provincia de Imbabura, dijo que es incoherente la decisión del presidente Saquicela, porque él mismo ha señalado que la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado, por lo tanto debe ser respetada por las otras instituciones del Estado.

“El presidente de la Asamblea tenía que mantenerse en su posición, si dice que la Asamblea ha cumplido; para qué está cumpliendo resoluciones de otros poderes del Estado si dice que no tenemos que dejar que entrometan en nuestra función, es simplemente cuestión de coherencia”, reclamó.

En cambio, Salvador Quishpe, también del bloque Pachakutik señaló que es una vergüenza para la Asamblea Nacional el tener que pedir disculpas públicas por errores de unos pocos, pero a buena hora que el presidente, Virgilio Saquicela, empiece a dar luces que va a demostrar con los hechos el respeto a la Constitución, la ley y en este caso a las resoluciones de la justicia.

El legislador Ricardo Vanegas, del bloque Pachakutik, aclaró que el juez no se bajó ningún juicio político realizado por el pleno de la Asamblea Nacional, porque el juicio a los siete consejeros del CPCCS se sustanció en la Comisión de Fiscalización, donde precluyeron todos los plazos, y en razón de ello, no se entregó ningún informe que viabilice un juicio ante el pleno del Parlamento.

Lo que hizo la legisladora Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) es elevar una moción sobre algo que no estaba sustentado en un informe y el pleno incorrectamente aplicó el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que se refiere a los procesos de fiscalización y no a juicios políticos.

Por consiguiente, añadió Vanegas, lo que resolvió la Asamblea fue un acto y no un juicio político, y esa resolución que tiene carácter de administrativo es susceptible de una acción constitucional de protección, y para ello hay que revisar el artículo 84 de la Constitución, donde se establece que todo acto que emana de la Asamblea tiene que cumplir con los derechos de los ciudadanos. (I)