En su triciclo, Antonio Reyna recorre los barrios de Guayaquil en busca de plástico, cartón, papel, vidrio y chatarra. Su hijo adolescente, mamá, cuñado y sobrinos lo acompañan, en otros dos vehículos, en ese trajín que empieza al atardecer y se extiende hasta la medianoche.

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El reciclaje es el sustento de esta familia guayaquileña ante la falta de un empleo fijo. “Salimos de lunes a sábado y ganamos, por familia, unos $ 50 a la semana”, comenta este reciclador que en unos tres días reúne unos 120 kilos de chatarra de la basura domiciliaria.

Aidee Espinales, en cambio, recoge hasta tres toneladas de desechos metálicos por semana en casas, talleres y locales, que luego vende a la recicladora Fibras Nacionales. Ahí, carros y camiones de diferentes empresas entran cargados con desechos, los clasifican, pesan y reciben su pago, de acuerdo con el material.

El 65 % de lo reciclado, calcula el directivo César Silva, es papel y cartón, el 15 % es plástico y vidrio y el 20 % es chatarra, material que se divide en ferroso, que contiene hierro, y no ferroso, como acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, entre otros, que se encuentran en latas, cables, vehículos.

Al día, en Fibras Nacionales llenan un contenedor con 13 toneladas de chatarra de hierro, que es comercializada con las acerías; mientras que los residuos no ferrosos son trasladados a sus firmas relacionadas Recyntel y Metalking, esta última líder en exportaciones de estos materiales.

En lo que va de este 2021, hasta septiembre, Metalking registra ventas al exterior por $ 50 millones. Esto es el 76 % de los $ 65 millones que se exportaron durante este año, según cifras del Banco Central.

Este negocio internacional ha crecido en los últimos años, con excepción del 2020 por la pandemia. Entre el 2015 y este año se exportaron cerca de $ 400 millones. El 75 % fue cobre; el 18 % aluminio; y 6%, acero inoxidable, materiales que no se reutilizan en el país.

“El 70 % (no ferroso) se exporta y el 30 % se vende localmente”, afirma Byron Bravo, directivo de Metalking. Las ollas viejas que desechan las familias, añade, se funden para obtener la materia prima que se usa para producir estos mismos envases para cocinar.

En el país, la chatarra ferrosa, de hierro, no se puede exportar, lo cual lamentan Bravo y Arturo Pineda, gerente de Ecoresa. Esta prohibición se inició desde hace trece años, a raíz del decreto ejecutivo que normaba la chatarrización de vehículos del Plan Renova, que estuvo vigente entre 2008 y 2015. Y aunque ese programa finalizó hace seis años, se mantuvo la restricción.

“No hay libre competencia”, dice Pineda, quien reclama que el precio referencial fijado por el Ministerio de Producción ($ 301) no es equitativo con el que se paga en el exterior ($ 502) por una tonelada de desecho ferroso.

Hay una diferencia de $ 200, cuestiona Pineda, que al multiplicarlo por las 30.000 toneladas de desechos ferrosos mensuales que se generan localmente sumaría $ 6 millones, monto que -según este empresario- se quedaría en las siderúrgicas.

Las acerías, en cambio, niegan que se beneficien del precio. “El precio que se maneja localmente no es malo”, dice Ramiro Garzón, presidente de la Federación de Industrial del Metal (Fedimetal) y gerente de Novacero, quien admite que localmente se paga $ 250 debido a que la chatarra en el país, a diferencia de la internacional, necesita pasar por varios procesos que implican gastos adicionales que asumen las acerías. El Ministerio de Producción detalla que esos gastos pueden llegar hasta $ 200.

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Además, Garzón explica que a las recicladoras se le paga por el peso total de la chatarra ferrosa, aunque el 30 % representan residuos o desechos que no utilizan las acerías.

La restricción de exportar chatarra ferrosa se mantiene, como parte de la Ley de Economía Circular, publicada este año y en la que se establece que no se debe exportar si hay un déficit local, como ocurre con la chatarra. La necesidad local, según Fedimetal, es de unas 800.000 toneladas, pero el país genera menos de la mitad.

Manejo de la chatarra

Las chatarra ferrosa y no ferrosa no son desechos peligrosos, afirma el Ministerio del Ambiente con base en el acuerdo ministerial 142 de 2012, y el Convenio de Basilea. No así los transformadores, baterías y equipos obsoletos que derramen líquidos. De acuerdo con esta clasificación, los municipios son responsables de la gestión de estos desechos. No obstante, en ciudades como Guayaquil no hay manejo o incentivo al reciclaje de la chatarra.

“Normalmente viene contaminada con lubricantes, aceites y otros tipos de químicos.., hay que hacer una gestión especial para ese material”, dice María Fernanda Rumbea, directora municipal de Ambiente. Por ello, la chatarra no forma parte de la ordenanza que regula la gestión de residuos sólidos no peligrosos, que el 11 de noviembre entra en vigencia e incluye, por ejemplo, la reducción del 50 % del impuesto predial a las firmas que compren productos reciclados, como papel, cartón, tetrapak.

Rumbea asegura que el ministerio “tiene que emitir las directrices para que establezca los mecanismos de recolección y disposición final” de estos desechos. Según el ministerio, en las visitas realizadas a los rellenos sanitarios no han encontrado “cantidades visibles” de chatarra de hierro.

No obstante, el reciclaje domiciliario no suele incluir la chatarra. Latas de atún, conservas de frutas, entre otras, terminan junto con los residuos orgánicos. Por eso, recicladores como Antonio Reyna no los recogen: “pueden atraer a ratas”.

Las empresas recolectoras de basura tampoco clasifican los desechos, critica el ambientalista Xavier Salgado, quien cree que deberían “reciclar y hacer proyectos ambientales, como México, Costa Rica, Chile y países europeos”. (I)

Ecuador importa alrededor de 400.000 toneladas de chatarra de hierro para abastecer el consumo local

Un barco con 33.000 toneladas de chatarra ferrosa (de hierro) triturada llegó desde Estados Unidos a la terminal portuaria Fertisa, de Guayaquil, el 18 de octubre. En cuatro días descargaron estos desechos metálicos para trasladarlos a la acería Adelca S.A., empresa que funde este material para reutilizarlo en la producción de, por ejemplo, varillas de acero que se usan para la construcción de viviendas, edificios, puentes.

Adelca, junto a Novacero y la siderúrgica estatal Andec, concentran el 98,7 % de las importaciones de estos residuos. En los últimos siete años, entre 2015 y agosto de 2021, han comprado $ 263 millones en el exterior, según los registros de la Empresa de Manifiestos, dedicada a recopilar información del sector comercial. El pico más alto fue en 2018, año en el que importaron $ 90,5 millones de chatarra de hierro; en 2019 y 2020 bajó a menos de la mitad; y en lo que va de 2021 ya son $ 63,3 millones.

Este desecho metálico se importa porque la generación local de chatarra de hierro o su reciclaje resulta insuficiente. El país genera unas 360.000 toneladas de chatarra de hierro al año, cuyo volumen abastece a un 45 % de la demanda local de las acerías, estima la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (Fedimetal). El 55 % restante llega al país desde Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Perú y Colombia.

La escasez de estos residuos, que son infinitamente reutilizables en las acerías, va ligada con la “poca inversión pública” que existe en el país, considera Ramiro Garzón, presidente de Fedimetal, quien estima que en los últimos años ha disminuido en un 20 % la generación de este material metálico.

“La chatarra tiene ciclos de 15 años”, comenta el gerente de Adelca, Carlos Avellán, al referirse a que lo que actualmente se recicla como residuo de chatarra proviene, por ejemplo, de electrodomésticos, carrocería de vehículos, vigas de hierro, maquinaria, entre otros productos, con más de una década de vetustez, y que las siderúrgicas compran a fábricas y a más de 60 empresas y bodegas recicladoras que tienen, a su vez, redes de recicladores que pasan por las calles en triciclos y camionetas recogiendo chatarra.

Adelca, que maneja el 50 % del negocio y tuvo ingresos por $ 218 millones el año pasado, tiene un ‘deshuesadero’ de barcos en Durán, donde extraen alrededor de 12.000 toneladas de desechos de hierro al año de embarcaciones vetustas que la empresa importa desde diferentes países. Además, esta fábrica tiene máquinas (electroimán) que recogen el hierro y lo separan de los elementos no ferrosos, como el cobre, bronce, aluminio, entre otros.

La capacidad de fundición de la quiteña Adelca es de 300.000 toneladas de chatarra; la de la guayaquileña Andec, 250.000 toneladas; y la de la quiteña Novacero, 100.000, según el Ministerio del Ambiente.

Novacero acopia localmente un 35 % de lo que requiere su acería; el restante 65 % lo importa, detalla su gerente, Ramiro Garzón; mientras que Andec, cuyo socio mayoritario es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, no atendió un pedido de entrevista de este Diario. Esta empresa estatal operó el año pasado al 35 % de su capacidad y sumaba pérdidas por $ 33,7 millones, según sus registros financieros.

El país, según cifras del Banco Central, también ha importado chatarra no ferrosa (acero inoxidable, cobre, aluminio, bronce, níquel, entre otros) por cerca de $ 40 millones entre 2015 y 2021. (I)

Cerca de 13.000 vehículos retenidos en los centros de la CTE deben chatarrizarse

En los 40 centros de retención de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) hay 12.584 vehículos que deben ser chatarrizados por tener más de tres años recluidos, según la normativa. Esto equivale al 48 % de los 26.290 automotores que actualmente superan la capacidad de las instalaciones en más de mil unidades.

La mayoría de los vehículos retenidos, el 88 %, son motos, según la CTE, ente que ha chatarrizado 9.868 unidades en 2014, 2018 y el 2020. Este último año fueron trituradas 1.107 unidades, que pesaron 284 toneladas. Por ese proceso, la CTE recibió $ 28.482.

6 de cada 10 motos retenidas quedan olvidadas por dueños en centros de retención vehicular

Un auto puede pesar entre 1,5 y 2 toneladas; sin embargo, la chatarra ferrosa (hierro) que se extrae es de apenas un tercio, explicó Ramiro Garzón, presidente de la Federación de Industrias de Metal (Fedimetal).

La CTE mantiene el control vehicular en las vías nacionales y en algunos cantones donde aún los cabildos no asumen esta competencia. En el caso de Guayaquil, la Autoridad de Tránsito Municipal la obtuvo entre mediados de 2015 y fines de 2016, pero no ha realizado ningún proceso de chatarrización.

De los 21.157 vehículos retenidos en los dos centros de la ATM, 9.145 deben ser triturados este año, afirmó Édgar Lupera, director de gestión de infracciones y servicios de tránsito. Esto, luego que se inicie el proceso de contratación. “El 95 % corresponde a vehículos siniestrados y motos”, refirió.

En tanto, el Ministerio de Transporte (MTOP) chatarrizó 18.624 vehículos como parte del Plan Renova, que tuvo vigencia entre 2008 y 2015. En ese lapso se entregaron incentivos por $ 129 millones a los propietarios de los vehículos por el cambio de sus carros.

A inicios de 2018, el gobierno anterior buscó retomar este programa con el Plan de Optimización del Parque Automotor (OPA), que daría exoneración de aranceles e impuestos y un bono para la chatarrización de vehículos. No obstante, en estos cuatro años no se ha ejecutado “debido a la compleja situación económica que el país viene enfrentado desde el año 2018″, justificó el MTOP, entidad que ofreció destinar $ 33 millones para impulsar el cambio de unidades a diésel y gasolina por eléctricos. (I)