El dispositivo de seguridad que custodiaba al excandidato presidencial Fernando Villavicencio al momento de su asesinato no era el adecuado tanto en número de servidores policiales asignados como en sus perfiles, concluye el informe borrador de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investigó las responsabilidades políticas en el hecho.

Y por ello recomienda que el documento final sea enviado a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que realicen las investigaciones respectivas.

La Comisión tenía previsto aprobar ese texto, de 99 páginas, la tarde de este 13 de junio del 2024, para luego enviarlo al pleno de la Asamblea y que lo debata.

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En el borrador se explica que, por las actividades investigativas que desarrollaba, a Villavicencio -que fue asesinado el 9 de agoto de 2023, luego de un mitin de campaña- se le elaboró un análisis de riesgo personal (ARP), que es un estudio técnico de carácter reservado, “con levantamiento de información sobre las causas de las posibles amenazas, condiciones de vulnerabilidades existentes y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que estas pueden producir”.

Este análisis lo hace la Policía Nacional a través de la Subdirección Operativa de Seguridad y Protección, perteneciente orgánicamente a la Dirección General de Inteligencia.

Dentro de la clasificación del riesgo individual se establecen los siguientes niveles: a) bajo: del 1% al 30%; b) medio: del 31% al 60%; c) alto: 61% al 90%; y, d) muy Alto; 91% al 100%.

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Y para cada nivel de riesgo se determinan los dispositivos de protección y seguridad que se deben cumplir, los cuales incluyen la asignación de personal policial para brindar seguridad y protección, que debe tener ciertas características; el tipo de vehículo que usarse para el dispositivo de seguridad del resguardado, el cual debe tener condiciones físicas y mecánicas de seguridad y versatilidad para realizar maniobras de escape.

Según el informe borrador, el primer análisis del activista, con fecha 22 de julio del 2022 (más de un año antes de su muerte) ya determinaba un riesgo “muy alto” del 92 %: uno posterior, del 1 de mayo de 2023 (tres meses antes del crimen) ubicó dicho riesgo en el 93 %, un punto más.

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El acuerdo ministerial que regula el tema señala que, de acuerdo con la condición de Villavicencio, su dispositivo de seguridad debía tener al menos nueve servidores policiales con los siguientes perfiles:

1.- Dos de Ddirección Operativa: desde subteniente a mayor de policía.

2.- De cuatro a ocho técnico operativo: desde policía a sargento de policía.

3.- Tres de seguridad a domicilio: fijo.

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Total: de nueve a trece servidores policiales.

En el documento se reseña la información proporcionada el 7 de febrero del 2024 por Fausto Íñiguez Sotomayor, director general de Inteligencia a esa fecha, en su comparecencia en la comisión.

Íñiguez contó que cuando Villavicencio solicitó que se realice el ARP se le asignaron dos servidores policiales como custodia.

El 25 de febrero de 2022 se le catalogó como riesgo alto y se le asignó una cápsula de seguridad de tres policías.

El 14 de julio 2022 se hace un nuevo análisis y se le considera con riesgo personal muy alto y se le asignan cuatro servidores policiales.

El 4 mayo 2023 se le asignan cinco servidores policiales, incluyendo dos policías de la unidad táctica UNIR.

Y una vez que Villavicencio fue calificado como candidato presidencial se actualizó su análisis de riesgo personal y, a partir del 6 de julio 2023, se le asignan seis servidores policiales, incluyendo tres servidores de unidades tácticas UNIR.

O sea que nunca llegó al mínimo dispuesto en el reglamento.

De la información recibida de la Policía Nacional, que no estaba completa, la comisión concluyó, asimismo, que las personas asignadas a la custodia de Villavicencio tampoco tenía la capacitación adecuada para esas labores, aunque sí habían recibido cursos generales.

Pero los legisladores no pudieron obtener mayores datos personales y judicial de los uniformados ya que estos datos eran reservados.

De todos modos, la mesa ocasional señaló que estos incumplimientos conllevan “el cometimiento de faltas graves, responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal que deben ser conocidos y resueltos para las entidades judiciales y de control según corresponda”.

Y se recomienda que el documento “se ponga en conocimiento de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, a fin de que el marco de sus competencias, de ser el caso, determinen las responsabilidades e indicios de responsabilidad penal”. (I)