La asambleísta Ana Belén Cordero (BAN) fue denunciada por supuestamente proferir expresiones de descrédito o deshonra en contra de Héctor Rodríguez Chávez, exgerente de la empresa pública Yachay, en el contexto de un informe realizado en la Comisión de Fiscalización sobre las universidades emblemáticas que advertía de presuntas irregularidades en estos proyectos educativos creados y ejecutados en el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Las irregularidades detectadas que habría cometido Rodríguez, que lo llevaron a ser glosado administrativamente por altas sumas de dinero, constan en dos informes aprobados por la Contraloría General del Estado que fueron citados en el informe n.º CEPFCP-2021-2023-003-I I de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que no fue aprobado el pasado 24 de febrero.

En el informe DNA2-0067-2018 de Contraloría se alega que Rodríguez no gestiono ni emitió normativa para utilización de predios (arriendo-inversión), por lo que recibió una glosa por $ 1′452.622,06.

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En el mismo documento se establece que Rodríguez no dispuso inventario de predios con cultivos (recibidos de Inmobiliar) y no ordenó su comercialización de misión normativa para efectuarlo. Se emitió una glosa en su contra por $ 806.830,42. También, que no supervisó ni controló administración de terrenos con cultivos de caña de azúcar, por lo que recibió una glosa de $ 17.878,74.

En el informe DNA2-0018-2018 se indica que Rodríguez “dispuso suspensión de trabajos y cambios en diseños de fachadas sin sustento técnico; no contrató oportunamente estudios de evaluación y desempeño de cinco edificios, no dispuso adoptar medidas correctivas sobre trabajos que afectarían la estructuras de los edificios, no dispuso revisión de diseño de ingeniería y trabajos de fiscalización sobre el control permanente a la ejecución de obras, permitió que las consultorías para los estudios y fiscalización de obras contratadas y ejecutadas no representen el soporte técnico y validez de los mismos”, lo que se tradujo en una glosa de $ 31′708.651,86.

“Los exámenes especiales de la Contraloría General del Estado son contundentes contra Héctor Rodríguez, glosado administrativamente, y que se evidencian en la investigación a universidades emblemáticas”, refiere un comunicado emitido por Cordero tras conocer la denuncia presentada el 10 de mayo por Rodríguez, quien incluso compareció ante la Comisión de Fiscalización cuando se desarrollaba la investigación.

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En el informe de la mesa legislativa se analizó la situación de Yachay y de otras cuatro instituciones de educación superior: la Universidad Regional Amazónica (Ikiam), la Universidad Nacional de Educación (UNAE), la Universidad de las Artes y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El pasado 24 de febrero, la abstención de dos legisladores que integran la Comisión —Bruno Segovia (PK) y María Soledad Diab (PSC)— evitó la aprobación del informe en la mesa legislativa; sin embargo, este sí fue entregado a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que inicien una investigación.

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Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay EP, en una foto de archivo.

Cordero manifestó en el informe que los resultados “solo demuestran el abuso de los recursos del Estado y la incapacidad administrativa y académica de quienes estuvieron a cargo” de las instituciones.

En el caso de Yachay, el informe indicó que ha representado una inversión de recursos públicos de más de $ 602 millones en sus ocho años de existencia. Además se registraron gastos por sueldos a personal docente de $ 6′813.579,95; por viáticos del personal docente, de $ 504.300,95; por proyectos ejecutados por la universidad, de $ 151.226,07; y por sueldos a personal administrativo, de $ 19′743.881,80.

Existen 83 glosas en firme a funcionarios y exfuncionarios de Yachay EP y a empresas con las que contrataron.

Actualmente en Yachay, ubicada en Imbabura, solo el 28 % de edificaciones están terminadas, un 48 % están en ejecución y 23 % están paralizadas. La universidad cuenta con 1.087 estudiantes en carreras, 270 en nivelación y ha graduado a 450 profesionales.

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Por su parte, Cordero, tras conocer la denuncia, dijo también que “era el precio que tenía que pagar” por hacer su trabajo.

“Esta denuncia malintencionada es el precio que tenemos que pagar por hacer nuestro trabajo, para el que fuimos elegidos. No me intimidarán, continuaré fiscalizando lo que corresponda” enfatizó, y anunció que próximamente presentará la segunda parte de su investigación sobre las universidades emblemáticas.

La asambleísta Ana Belén Cordero, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), enfrenta un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria por una denuncia en su contra. Cortesía Foto: Jose Bolanos

Por su parte, el legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró que no permitirán que se atropelle el trabajo de investigación realizado y rechazó que el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova haya solicitado que se autorice el enjuiciamiento a Cordero.

Rodríguez basó su denuncia en el delito que se contempla en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde se habla de una pena privativa de libertad de entre 15 y 30 días.

Villavicencio cuestionó que el juez Córdova no haya leído el artículo 128 de la Constitución, referente al fuero de corte que tienen los asambleístas; subrayó que el juez debería renunciar a su cargo y pidió al Consejo de la Judicatura que investigue su accionar, que “de forma desafiante ha planteado al pleno de la Asamblea Nacional que levante la inmunidad parlamentaria” de Cordero.

“No tiene talante ni ética para atreverse a demandar a una legisladora, pues este señor (Rodríguez) tiene varias glosas, entre otras una superior a los $ 30 millones, es decir, un descalificado que hoy pretende utilizar la justicia”, apuntó Villavicencio. (I)