‘Esterilizar’ pabellones de cárceles de Guayaquil y afectar economía de cabecillas de las bandas, sugiere exdirector de La Roca a Daniel Noboa mientras se construyen las megacárceles

Eliminar los accesos a tomacorrientes en las celdas, inhibir de señal celular y satelital en todo el perímetro de los pabellones, aislar a los reos de máxima peligrosidad indistintamente de su pertenencia a una banda delictiva y acabar con las fuentes de ingreso de los cabecillas dentro del mismo penal propone al presidente Daniel Noboa un exdirector de La Roca, que por seguridad pidió la reserva de su identidad, para las megacárceles que se edificarán en Santa Elena y Pastaza y para las ya existentes a nivel nacional.

“Hay que comenzar por cosas pequeñas, hay que empezar por la esterilización de algunos pabellones (del complejo carcelario de Guayaquil) hasta que estén listas las megacárceles y así pueden pasar a los más peligrosos a las áreas de máxima peligrosidad, y mezclados. Hay que afectarles en la situación económica de ellos”, señaló el exfuncionario.

El exdirector carcelario cuenta que, para él, existe una “industria” dentro de los recintos penitenciarios, que abarca diferentes ramas de negocio, como la venta de servicio de wifi (tecnología de transmisión de datos inalámbrica utilizada para Internet) hasta en 30 dólares por cada recluso a la semana y la prostitución “disfrazada” de visitas conyugales que dejaría 500 dólares por unos diez reos en un área.

“Esta gente que comanda esas áreas, mientras más gente (en los pabellones), más ingresos tiene. Cobran semanalmente el acceso a wifi por reo; imagínese en el mes cuánto le genera si cada pabellón en la Penitenciaría tiene 600 o 700 reos. Las visitas conyugales, ellos externamente contratan prostitutas y hacen registro de estas personas para que vayan y visiten a dos o cuatro reos, o cinco o diez durante el tiempo de visita”, comenta.

El exfuncionario cuenta que cada pabellón puede generar unos 200.000 dólares mensuales y dice que otra problemática que se debe combatir es cuando los reos salen de estos centros de reclusión lo hacen endeudados y tienen que seguir pagando estos valores desde sus casas, “porque los cabecillas ya conocen la ubicación de sus familiares. Si no pagan, les matan a sus familias”.

“Al dejarles aislados a esta gente, al inhibir (de señal celular y satelital los pabellones), vamos a lograr lo principal: atacar la parte económica de ellos, porque ese factor es que genera para logística, para comprar armas. Y, sobre todo, no mantenerlos unidos (a las bandas afines), porque así son más fuertes”, insiste.

Por esto, sugiere que los nuevos edificios carcelarios deben tener hasta cinco niveles de subterráneo con la finalidad de que los reclusos de mayor peligrosidad se encuentren lo más aislados posible.

Las prisiones se usan como oficinas criminales desde donde se gestiona el tráfico de droga, se ordenan asesinatos, se administran los réditos del crimen y se pelean a muerte con rivales por el poder, recoge una nota de AFP.

Esta semana el presidente Noboa informó que al menos 1.500 ciudadanos -entre colombianos, peruanos y venezolanos- presos hay en las cárceles ecuatorianas.

La actual ola de violencia en el país se agudizó en los últimos días luego que se hizo pública la fuga de Adolfo M., alias Fito, líder de la banda delictiva Los Choneros, del Centro de Rehabilitación Social Guayas n.º 4 o cárcel Regional.

Ante esta situación, el exdirector de La Roca insistió en que el Gobierno Nacional debe comenzar a sanear cuatro o cinco pabellones del complejo carcelario de Guayaquil hasta que haga la entrega de las denominadas cárceles de alta seguridad, que próximamente serán edificadas en Pastaza y Santa Elena.

El recrudecimiento de la violencia hizo que el presidente declarara la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador desde el pasado 9 de enero, que se sumó al estado de excepción decretado un día antes junto con un toque de queda de 23:00 a 05:00 por 60 días.

Asimismo, Noboa, vía decreto, dispuso identificar a 22 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, entre esos, Los Choneros. Producto de los operativos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para combatir el terrorismo, 859 personas han sido detenidas.

En cuanto a estas megacárceles, que el Gobierno plantea como una solución también, el director carcelario dice que serán cárceles “que efectivamente estarán cubriendo casi el cien por ciento de lo que se requiere para mantener la seguridad interna y externa, porque normalmente en los centros penitenciarios no se maneja ese tipo de seguridad”.

Menciona que es muy probable que al no haber acceso a la comunicación telefónica, se establezca la individualización en ciertas áreas para los presos de máxima peligrosidad y se separe a los otros presos por los diferentes tipos de delitos, “eso generará mayor situación de seguridad”.

Apunta que sería factible que los guías penitenciarios y los policías que ingresen, cumplan jornada laboral de 24 horas dentro del penal, eliminándose los relevos, para así evitar que estos se conviertan en objetivos vulnerables de miembros de bandas criminales que operan en el exterior.

En cuanto a la ubicación geográfica de las nuevas edificaciones, apunta que “efectivamente se debe haber realizado un estudio anticipado en donde se muestra la accesibilidad, cuánto tiempo de acceso tienen, cuáles son las rutas de acceso, si hay más accesos o se limitan a uno solo, qué hay alrededor, si hay o no peligrosidad externa”.

En ese sentido, confía en que los técnicos seleccionaron “el mejor lugar para hacer estos centros”.

Hasta ahora, el Gobierno no ha precisado el nombre de la empresa que realizará la construcción de la infraestructura de estas dos cárceles ni tampoco el presupuesto y la fecha prevista de inicio de las obras. Pero el mandatario ha mencionado que contará con el mismo equipo israelí que participó en El Salvador junto con su homólogo Nayib Bukele y que se tomarán como referencia los centros de ese país, Tailandia, Singapur y hasta México.

En Santa Elena, informes de la Municipalidad de Salinas señalan que la ubicación para levantar la megacárcel de esa provincia sería la parroquia rural Simón Bolívar, conocida también como Julio Moreno. (I)