Parte de la familia de Fernando Villavicencio demanda al Estado por omisión dolosa en asesinato registrado el 9 de agosto

La familia de Fernando Villavicencio Valencia, candidato presidencial que fue asesinado el 9 de agosto del 2023, presentó una denuncia en contra del Estado, representado por el mandatario Guillermo Lasso.La denuncia va en contra de cinco personas: el presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Juan Zapata; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; Manuel Samaniego, director general de Inteligencia de la Policía Nacional; y el subdirector operativo de seguridad y protección, en la demanda se desconoce el nombre.La acción judicial presentada ante la Fiscalía General del Estado se ampara en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el delito de asesinato, y además en concordancia con la omisión dolosa expresada en el artículo 28 del mismo cuerpo legal. Esto es aduciendo que el Estado sabía que la víctima tenía un perfil de riesgo del 97 %.Así lo anunció la mañana de este viernes 18 de agosto Marco Yaulema, abogado de la mamá, y hermanos del candidato asesinado a once días para las elecciones presidenciales.La denuncia la presentan ocho personas vinculadas a la familia Villavicencio Valencia, representada por Cristina Villavicencio Villavicencio, Patricia Villavicencio Valencia, Gloria Valencia Gavilánez, Galo Valencia Gavilánez, Eduardo Villavicencio Valencia, Maritza Villavicencio Valencia, William Villavicencio Valencia y Gladiz Villavicencio Valencia. Los abogados que llevarán el caso de la familia Villavicencio Valencia son Luis Fernández Piedra y Marco Yaulema Rodríguez. Marco Yaulema, quien formalizó la denuncia este 18 de agosto ante la Fiscalía General del Estado, recalcó que desde el año 2007 el periodista Fernando Villavicencio Valencia realizaba investigaciones sobre actos de corrupción en las instituciones públicas del Estado y terminó haciendo alrededor de 200 procesos investigativos y al respecto publicó once libros; entonces, se trataba de una persona que ponía su lupa sobre las mafias y la corrupción.A eso se agrega que Villavicencio soportó persecuciones tanto del ámbito político como judicial e inclusive fue allanado su domicilio y se extrajeron sus documentos y elementos de trabajo. Tuvo que refugiarse en el Perú y en la Amazonía ecuatoriana por la persecución a pesar de que tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relató.En noviembre de 2022 se registraron disparos en su domicilio, es decir, ya se alertaba de que iban por la vida de Fernando Villavicencio, y no hay que olvidarse que en abril de 2023 presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque se estaba planificando un sicariato en su contra, y además, recibió tres amenazas por parte de una organización delictiva que combatió, indicó el abogado.También dijo que el 8 de agosto, en un medio de comunicación televisivo, Villavicencio manifestó que en la institución policial existían miembros asociados con la mafia; y en esas circunstancias, la misma Policía Nacional determinó que tenía el 97% de riesgo en su vida, con ello, se tenía que actuar conforme al reglamento de actividades de protección pública de la Policía, cuyo artículo 13 cataloga que el nivel de riesgo muy alto es aquel que supera del 91 % al 97 %.Al referirse a los hechos, el abogado de la familia Villavicencio Valencia describió que el 9 de agosto Fernando bajó de la tarima y el chofer del vehículo blindado, César Gonzaga, asegura que se encontraba a dos minutos del coliseo del colegio Anderson, donde se registró el asesinato; pero la sorpresa fue que no se esperaron esos dos minutos y “lo trasladaron a Fernando Villavicencio, sujetado de brazos con una botella en la mano izquierda, impidiendo su movilidad”, cuando los protocolos de la Policía determinan el actuar de su seguridad. Yaulema afirmó que el día del asesinato no existió el número adecuado de custodios, inclusive en la camioneta donde fue embarcada la víctima no se encontraba en el asiento del conductor. Sumado a eso, personal de seguridad ingresó en el asiento posterior a Villavicencio y este recibió dos balazos en el rostro y otro en el cerebro. No existió un custodio al otro lado de la camioneta; entonces, cómo puede el comandante de la Policía, Fausto Salinas, afirmar en medios de comunicación que hubo tres anillos de seguridad, cuando no hubo inteligencia previa en el coliseo, no acordonaron la zona y había tránsito vehicular, contó.“Estamos diciendo que el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la Presidencia de la República”, afirmó el abogado Marco Yaulema, quien aclaró que esta acción judicial no es política sino jurídica.Reiteró que están denunciando al Estado ecuatoriano por el delito de asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 140 del COIP, numerales 9 y 10, pero este tiene concordancia con el artículo 28 del mismo cuerpo legal, es decir, hubo una omisión dolosa. “El Estado ecuatoriano no cumplió su papel de garante, el Estado tenía que velar por la vida de Fernando Villavicencio y a sabiendas de que era un periodista amenazado no hicieron nada y lo dejaron al abandono”, afirmó el abogado de la familia Villavicencio Valencia .A criterio del abogado Yaulema, el presidente de la República incumplió el artículo 147 de la Constitución como máxima autoridad de la fuerza pública, y el ministro del Interior es la entidad rectora para salvaguardar a los candidatos a la Presidencia de la República.Yaulema comentó que este caso podría ser un crimen de Estado, pues existen todos los elementos porque no cumplió la institución estatal lo que determina la ley. “Esto es premeditado, dejaron al abandono a un candidato a la Presidencia de la República, porque una forma de cometer un hecho es dejar en el abandono a una persona”, anotó. Luis Alberto Fernández Piedra, también abogado de la familia Villavicencio Valencia , aclaró que la familia de Fernando Villavicencio solo pide dos cosas: verdad y justicia, porque no se puede dejar en la impunidad este delito grave. (I)

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