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Para el 27 de febrero se volvió a diferir la audiencia preparatoria de juicio contra seis sospechosos del asesinato de Fernando Villavicencio

La noche del 9 de agosto, en el norte de Quito, se produjo el asesinato al estilo sicariato del entonces candidato presidencial.

Un fuerte resguardo policial estuvo en el sitio donde estaba previsto se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso del crimen de Fernando Villavicencio.

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La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato al estilo sicariato del entonces candidato a la Presidencia de la República por la alianza Construye-Gente Buena Fernando Villavicencio no se instaló este martes 6 de febrero debido a que el abogado de una las partes dijo necesitar más tiempo para ejercer la defensa ya que ingresó al caso hace pocos días.

Ramiro Paredes, que hizo el pedido, es el nuevo abogado de Víctor F. y Érick R. La audiencia quedó para el 27 de febrero próximo a las 09:30 y la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha a cargo aseguró que no existirán más aplazamientos.

Reconoció que si bien es un caso de conmoción social se debe respetar el derecho a la defensa de los procesados. Adelantó que no permitirán más diferimientos y llamó a la Defensoría Pública para que represente a quien no tenga abogado el día de la audiencia.

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El 8 de octubre pasado cerraron los 60 días de instrucción fiscal y desde ese entonces se esperaba que se realice la audiencia preparatoria de juicio contra los cinco ecuatorianos y un colombiano que se mantienen detenidos como presuntos autores materiales del crimen.

La diligencia iba a realizarse en un pequeño salón en el que solo había tres hileras de sillas. En la puerta había un policía que tomó los nombres de los que ingresaron. Previamente se realizó en el sitio un barrido de explosivos con personal de unidades especiales de la Policía Nacional.

La esposa del fallecido político, Verónica Sarauz, estuvo en la sala con chaleco antibalas y su propia seguridad. La mayor parte de abogados estaba de manera telemática y solo dos procesados llegaron al lugar.

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El crimen del exasambleísta y periodista de 59 años se produjo días antes de la primera vuelta electoral, cuando Villavicencio abandonaba un coliseo ubicado en el norte de Quito al término de un mitin político. Varios sicarios dieron marcha a un plan para asesinarlo. Uno de ellos, Jhojan Castillo, de origen colombiano, se acercó a la camioneta a la que se subía el candidato y disparó impactando por tres ocasiones en el cuerpo de su víctima.

Luego de varios allanamientos efectuados inmediatamete después de que se concretó el asesinato y una audiencia de vinculación fueron trece las personas identificadas como parte de quienes sumaron esfuerzos para cometer el sicariato. Solo los seis que llegan a esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio quedaron con vida, pues el mismo día que cerraba la instrucción fiscal, el 6 de octubre pasado, los también procesados en este caso Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R., todos de nacionalidad colombiana, y el ecuatoriano José M. fueron asesinados en el interior de las cárceles de Guayaquil y Quito en las que estaban.

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Desde la Fiscalía se ha dicho que se mantienen los elementos de convicción suficientes que revelarían el nivel de participación en el asesinato de cada uno de los trece sospechosos: os siete asesinados y los seis que continúan con vida. Pericias a llamadas y mensajes vía celular, cotejamientos balísticos, de voz, de ADN, huellas dactilares, explotación de videos, versiones e incluso el testimonio anticipado habrían servido para establecer las relaciones previas y posteriores que existieron entre los hoy procesados por el crimen.

Por ejemplo, desde la Fiscalía se ha definido que del teléfono de Carlos A., vía llamadas y mesajes de WhatsApp, salió la orden para que Jhojan Castillo ejecute el asesinato. El ahora procesado en esos momentos guardaba prisión en el CPL de Cotopaxi y estaría relacionado con el grupo delictivo Los Lobos.

También los seguimientos policiales hechos a Laura C. o alias Laura la ubican como la líder de una “organización delictiva aliada a Los Lobos” en el sur de la capital, quien tenía la posibilidad de emitir “disposiciones para ejecutar actividades ilícitas como distribución y expendio de sustancias ilícitas, robo, adquisición de armas de fuego, entre otros”. (I)

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