El asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio (Concertación-PSE), recusó a tres legisladores del Consejo de Administración Legislativa (CAL) por “enemistad manifiesta” en el tratamiento de la denuncia presentada en su contra por el legislador Ricardo Vanegas (PK).

Villavicencio ingresó este 1 de septiembre un pedido de recusación, amparándose en el artículo 86 del Código Orgánico Administrativo, en contra de la legisladora y presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori (PK), y los asambleístas Bella Jiménez (independiente) y Darwin Pereira (PK), porque tendrían una enemistad manifiesta en su contra.

“Es evidente que existe una clara enemistad manifiesta lo que configura una causal para recusarlos”, describió Villavicencio en su escrito.

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Afirmó que de parte de los tres asambleístas existe una “aversión”, que tiene como origen su labor de fiscalización.

Villavicencio rememoró hechos respecto a esa enemistad de parte de los tres legisladores. En el caso de Llori narró el impasse que surgió por alertar, respecto de la compra que se preveía hacer de vehículos para la Asamblea.

Llori tildó de “amargado” a Villavicencio y dijo que lo denunciaría por violencia política.

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En el caso de Pereira, recordó que durante el juicio político al excontralor subrogante de la Contraloría General del Estado Pablo Celi mencionó que “peor presidente no le pudo haber tocado” a la Comisión de Fiscalización, al no haber solicitado una prórroga en los plazos legales para presentar el informe final.

Sobre Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea, Villavicencio atribuye que existe una enemistad después de que la denunció en la Fiscalía General, el pasado 23 de agosto, por el presunto cometimiento del delito de concusión.

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Esto, debido a las revelaciones en medios de comunicación digitales de que la asambleísta habría gestionado cargos públicos, por lo que ahora es investigada por el Comité de Ética del Parlamento por incumplir los numerales 3 y 4 del artículo 163 de la ley de la Función Legislativa, sobre la prohibición para gestionar cargos públicos y cobrar por ello.

Los tres asambleístas recusados son parte del CAL, y según Villavicencio, el 17 de agosto “avocaron” conocimiento de la queja de Vanegas en una sesión semipresencial.

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El legislador pidió que sea acogida su recusación y que se suspendan los plazos para el trámite de esta queja.

El CAL calificó el 27 de agosto la queja presentada por Vanegas, con los votos de Guadalupe Llori, Bella Jiménez, y de los vocales Nathalie Arias (CREO), Johanna Moreira (ID) y Ronny Aleaga (UNES).

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El legislador Ricardo Vanegas presentó la queja contra Villavicencio por mancillar su buen nombre y reputación al dar declaraciones a la prensa sobre una supuesta vinculación con el consorcio Oro Negro, una de las empresas cuestionadas de presuntos hechos de corrupción, que tienen responsabilidad penal en la Contraloría del Estado.

Vanegas pidió que el CAL aplique una sanción por falta muy grave y se proceda a suspenderlo del cargo por treinta días sin sueldo.

Se acusa a Villavicencio por incurrir en el numeral 1 del artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, referente a “agredir de palabra a otro u otro asambleísta, funcionarios, servidores parlamentarios dentro o fuera del recinto parlamentario, sin perjuicio de la acción legal ante los órganos jurisdiccionales a los que haya lugar”. (I)