La Comisión de Régimen Económico y Tributario espera las observaciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, respecto al proyecto de ley urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción.

La presidenta de la mesa legislativa, Nathaly Farinango (ADN), dijo que el domingo 28 de enero aspira aprobar el informe para primer debate, pero esperarán que la fiscal General del Estado, Diana Salazar, presente sus observaciones sobre la reducción de plazos para la investigación patrimonial. Para ese propósito la comisión aspira reunirse este jueves a las 08:00.

Farinango defendió la propuesta del Ejecutivo que a su criterio busca transparentar la contratación pública y evitar la salida de dinero para el lavado de activos, y además en materia de extinción de dominio reduce los plazos de doce a tres meses para el proceso de investigación patrimonial, y de esa forma facilitar la recuperación de los bienes ilícitos a favor de los ecuatorianos.

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Respecto a la extinción de dominio, la legisladora de ADN, aclaró que la sentencia ejecutoriada debe atender solo a la persona y no al patrimonio, pero sobre todo, observando lo que determina la Constitución, aunque indicó que toda propuesta es perfectible. Manifestó que es importante que haya una sentencia ejecutoriada para poder extingir los bienes, pero al momento se analiza lo perfectible en la ley.

La presidenta de la mesa de Régimen Económico consideró que también se debe legislar para los perjudicados de buena fe, que desde su actividad lícita adquieran bienes, sin saberlo, vinculados a algún delito. “Sí, vamos a proteger a los perjudicados de buena fe, pues se van a retener los bienes de origen ilícito, pero a las personas que compraron se tendría que devolver el dinero por adquirir ese bien ilícito”, anotó.

Para este miércoles se espera la comparecencia del ministro de Economía, Juan Carlos Vega; de la Superintendenta de Bancos (s), Guadalupe Cabezas; Allan Sierra Nieto, Director de la UAFE; Mauricio Torres, Contralor General del Estado; Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado. (I)