Fiscalía se adelanta a la Asamblea en cumplir diligencias en la investigación por presunta concusión a Bella Jiménez

La Fiscalía General se anticipó a la Asamblea Nacional y ejecutó allanamientos para recabar indicios como parte de una investigación previa a la asambleísta y segunda vicepresidenta de esa Función, Bella Jiménez Torres, por presunta concusión.

La madrugada y mañana de este 3 de septiembre, la Fiscalía efectuó ocho allanamientos en Quito y Guayaquil. Uno de ellos se realizó al despacho de Jiménez, ubicado en el primer piso de la Asamblea Nacional, en un acto que sorprendió a los funcionarios legislativos.

Jiménez se encontraría en el país, pues el jueves último asistió a la sesión plenaria 723 en la que se aprobaron reformas a los Códigos de Ambiente y de Organización Territorial. Incluso, había saludado afectuosamente a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, al integrarse al pleno.

Se desconoce qué logró incautar la Fiscalía de la oficina de Jiménez, pero en un tuit publicado la mañana de ayer difundió fotografías de lo que se realizó en Guayaquil, en las que se observan documentos y celulares.

El coordinador jurídico de la institución, Santiago Salazar, confirmó que se enteraron en la mañana de esta diligencia, y se habían dado las facilidades necesarias para el trabajo de los funcionarios de la Fiscalía y de la Policía.

Un comunicado oficial del Legislativo recalcó que se “brindará total apertura para el desarrollo de esta y todas las diligencias que sean requeridas, y se prestarán las facilidades para que las autoridades realicen su trabajo sin restricciones”.

La decisión del órgano judicial se da después de la denuncia por presunta concusión que presentó el asambleísta Fernando Villavicencio (Concertación-PSE), el 23 de agosto, tras revelarse en los portales digitales Periodismo de Investigación y la Historia EC presuntos depósitos bancarios, chats, audios y mensajes de WhatsApp en los que la legisladora, supuestamente, habría estado gestionando cargos públicos a cambio de dinero.

El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal determina que los servidores que “actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas” tendrán una sanción con cárcel de tres a cinco años.

Esta acción fiscal se da antes de que la legislatura tome acciones casa adentro. El Comité de Ética resolvió el 31 de agosto acumular dos denuncias en contra de Jiménez, presentadas por Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática (ID) y Victoria Desintonio, de Unión por la Esperanza (UNES).

El primero la acusó por la sospecha de incurrir en la prohibición estipulada en el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) sobre “gestionar cargos públicos”.

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Y Desintonio la denunció tanto por incumplir el numeral 3, como el numeral 4 del mismo artículo, sobre “percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo”.

La asambleísta Marjorie Chávez (PSC), integrante del Comité de Ética, explicó que hasta el 10 de septiembre, Jiménez y los asambleístas denunciantes presentarán sus pruebas de cargo y descargo.

La audiencia práctica de las pruebas se realizará el 16 y 17 de septiembre, y el informe del Comité se prevé que se someta a aprobación el 24 de este mes; y ese mismo día se lo remitirá a Llori, para que en un plazo de cinco días lo incluya en el orden del día y sea tratado por el pleno, afirmó Chávez en una entrevista en radio América.

En esa sesión, Jiménez tendrá una hora para presentar sus argumentos y los denunciantes 30 minutos.

Se procederá a la votación, para lo que se requerirá el voto de una mayoría de 91 asambleístas para que sea destituida.

Si llega a ser destituida se principalizará a su asambleísta alterno, y se deberá elegir a una nueva segunda vicepresidenta, que debe ser mujer por paridad de género, precisó la asambleísta.

Chávez lamentó que la Asamblea, en lugar de hablar de reformas legales laborales o tributarias, “a los 100 días estemos hablando de actos de corrupción que presuntamente han ocurrido”.

Detalló que han llegado varias denuncias -que no describió- tanto en el ámbito de una aparente gestión de cargos, como de pedidos de pagos a proveedores.

Fernando Villavicencio cree que uno de los hechos por los que la Fiscalía decidió actuar sería por la presunta transferencia de $ 3.000 “a la cuenta del hijo de la asambleísta”.

“Esto es bochornoso y una vergüenza para la Asamblea, que un despacho sea allanado. Es una vergüenza para el primer poder del Estado que se allane el despacho de la segunda vicepresidenta. Esto significa que la institución no fue capaz de resolver este problema y no fue capaz de depurarse”, reprochó Villavicencio.

El asambleísta Pedro Velasco (Avanza) consideró lamentable que el “primer poder del Estado se vea involucrado en estos actos que alarman al país”, y al mismo tiempo, recordó que se debe respetar el debido proceso y dar las facilidades para que se hagan las investigaciones. Que no “exista ese espíritu de cuerpo”, opinó Velasco.

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Jiménez fue asambleísta electa por Guayas por la Izquierda Democrática (ID), de la que decidió desafiliarse cuando saltaron las denuncias. Aunque horas antes el partido resolvió expulsarla.

El 15 de mayo obtuvo 102 votos para ser designada segunda vicepresidenta de la legislatura que vinieron de la ID, Pachakutik, CREO e independientes. En un breve discurso declaró “héroes nacionales” a sus colegas y dijo: “Vamos a salvar la patria que tanto nos necesita. Hay que recuperar la confianza y credibilidad de los ecuatorianos”.

Tres meses después de ese hecho, frente a las denuncias, Jiménez responsabilizó a su equipo de asesores de haber “mal utilizado” sus equipos de comunicación personal.

“He sido afectada por el abuso de confianza de mis asesores, quienes tomándose mi nombre han mal utilizado mis equipos de comunicación personal, teniendo claros propósitos de aprovecharse de sus cargos para beneficios personales”, señaló en un comunicado difundido en Twitter el 22 de agosto.

Esto provocó que dos de sus asesores, Jorge Alvarado y Carmen Zambrano, renuncien pidiéndole aclaraciones.

Zambrano, en su carta de renuncia, le deseó victoria en esta “desagradable campaña de descrédito”, y le pidió que “haga uso de sus redes sociales para rectificar su publicación aclarando que esta asesora No abusó de su confianza”.

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La presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori (PK), no se pronunció sobre este suceso.

Pero el jueves último intervino en una concentración popular de respaldo a la bancada de Pachakutik afuera del edificio legislativo, en donde denunció que “hay asambleístas que están tratando de menoscabar la dignidad y el prestigio de la Asamblea”. (I)