La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) anunció este lunes 20 de octubre nuevas jornadas de resistencia y movilización en rechazo al proyecto minero Loma Larga, ubicado en la zona de Quimsacocha, concesionado a la empresa Dundee Precious Metals.
Durante una rueda de prensa, convocada por cumplirse un mes de la marcha del 16 de septiembre, el presidente de la FOA, Lauro Sigcha, señaló que la preocupación de las comunidades continúa ante la falta de respuestas concretas del Gobierno.
“No vamos a descansar mientras no se escuche el clamor de los pueblos que defienden el agua y la vida”, expresó.
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Sigcha criticó la estrategia del Ejecutivo de impulsar una consulta popular que dicen busca debilitar derechos ambientales y sociales. “El Gobierno pretende eliminar garantías constitucionales y abrir paso a la minería en territorios protegidos. Frente a eso, estamos dispuestos a dar la batalla para que el Ecuador siga siendo un país plurinacional y soberano”, manifestó.
El dirigente convocó a los habitantes de Cuenca a mantenerse vigilantes y a movilizarse nuevamente el 16 de noviembre, fecha en la que se desarrollarán las votaciones del referéndum y la consulta popular.
“Así como lo hicimos el 16 de septiembre, volveremos a las calles para defender el agua y decir no en todas las preguntas”, aseguró.
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Como parte de su agenda de actividades previas, la FOA realizará un encuentro de comunicación los días 24 y 25 de octubre, un intercambio de semillas el 26 de octubre y un foro sobre el Tratado de Libre Comercio el 27 de octubre. Además, el 13 de noviembre se llevará a cabo un recorrido simbólico denominado 'Chasqui por el agua’, que partirá desde Tarqui hasta Cuenca para reafirmar la resistencia de las comunidades del Azuay.
Por su parte, María Yanque, defensora del agua de Victoria del Portete, sostuvo que las comunidades seguirán firmes en su lucha. “El agua no tiene precio ni dueño. Es vida y debemos protegerla aunque no seamos directamente del territorio”, enfatizó.
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La jornada también sirvió para pronunciarse frente a la decisión de la Fiscalía de solicitar el archivo de la investigación penal por presunto tráfico de influencias que involucra al presidente Daniel Noboa, a Lavinia Valbonesi y a la empresa minera.
El abogado Yaku Pérez, representante legal de la FOA, calificó como preocupante la rapidez con la que se actuó en el proceso, abierto el 2 de septiembre y con pedido de archivo emitido el 14 de octubre.
Según Pérez, la Fiscalía no notificó a las comunidades afectadas, lo que considera representa una vulneración al debido proceso. “Vamos a exigir la notificación formal para presentar nuestra oposición. Si la Corte Nacional decide archivar, acudiremos a la Corte Constitucional y, si es necesario, a instancias internacionales”, anunció.
La FOA ratificó que continuará impulsando acciones legales y sociales para frenar la explotación minera en Quimsacocha. La organización considera que este caso es un símbolo de la defensa del agua y los derechos colectivos en el Ecuador.
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(I)
