Un detalle de todas las investigaciones desarrolladas por Fernando Villavicencio como periodista y como asambleísta, y que le abrieron varios frentes de odios y rencores, así como información entregada por algunas autoridades estatales que mostrarían negligencia en la vigilancia de su integridad, son algunos de los temas recogidos en el borrador del informe de la comisión ocasional que investiga las responsabilidades políticas en el asesinato del excandidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

La mesa tenía previsto aprobar el documento, de 99 páginas, la tarde de este jueves, 13 de junio, luego de más de seis meses de trabajo, al cierre del plazo otorgado por la Asamblea Nacional.

En el informe preliminar se denuncia que Villavicencio fue objeto de un “crimen político” por la incomodidad que generaban sus investigaciones que, según la Fiscalía, sumaron 17 (como periodista, legislador de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción) relacionadas a varios sectores como el petrolero, el minero y hasta el narcotráfico.

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“Esta lista de enemigos y adversarios puso la vida de Villavicencio en altísimo riesgo. Así lo dice el informe de la Policía Nacional que le asignó un 93 % de riesgo previo a asignarle protección estatal, que resultaría inútil frente al ataque de ese fatal 9 de agosto. Villavicencio fue un blanco para la delincuencia política, no para la delincuencia común. Su asesinato debe investigarse y recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana contra las mafias y las organizaciones criminales”, se indica.

El texto borrador concluye que hubo funcionarios públicos, políticos y periodistas que coordinaron ataques y búsqueda de información personal y de la ubicación de Villavicencio. Estos datos se desprenden de las comparecencias recibidas y de expedientes de la Fiscalía en el caso Metástasis.

Así, por ejemplo, funcionarios del ECU911 entregaron información sobre la ubicación en tiempo real de Villavicencio usando para ello “la información y prerrogativas que poseían como funcionarios del sistema de emergencias” cuando su uso y competencia se encuentran en Decreto n.º 988.

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También se dice que el empresario Xavier J. habría reportado al fallecido narcotraficante Leandro Norero las gestiones del exlegislador Ronny Aleaga para desprestigiar a Villavicencio y separarlo de sus funciones a través de una sanción en la Asamblea Nacional.

Mientras tanto, el periodista Andersson Boscan supuestamente acordó con Norero ocultarle información a Fernando Villavicencio en la investigación que realizaba en la Comisión de Fiscalización.

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Y los abogados de Norero, en particular el procesado Hélive A., supuestamente envió información sobre la dirección de residencia e identidad de las personas del círculo familiar de Fernando Villavicencio.

Respecto a la seguridad del excandidato en el momento del crimen, se menciona que no estaba acorde a su nivel de riesgo, tanto en número como en capacitación de los policías encargados.

La comisión ocasional para la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio trabajó durante seis meses. Foto: FER LAGLA

Al final del informe preliminar constan seis recomendaciones para el pleno de la Asamblea, el cual todavía no tiene fecha para debatirlo. EL UNIVERSO las recoge textualmente.

1. Verdad, justicia y reparación: Cada entidad estatal debe, en el marco de sus funciones, hacer todo para lograr verdad y justicia. El crimen de Fernando Villavicencio, sus autores, cómplices, encubridores, financistas, responsables materiales e intelectuales deben ser identificados y sancionados en el marco de la ley. Ni el Estado ni la sociedad podemos permitir la impunidad en este caso.

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2. Depuración y políticas de integridad: Hemos pasado del riesgo a la confirmación de la presencia de las organizaciones criminales en entidades estatales. Todas, pero especialmente las relacionadas con la seguridad, deben contar con mecanismos de integridad, supervisión y depuración permanente. Especial precaución merecen las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema de Emergencias ECU911, Administración de Justicia, Administración de Cárceles, Puertos, Aeropuertos y Aduanas.

3. Profunda reforma y supervisión del régimen de contratación pública: No solo para luchar contra la corrupción, sino contra el aprovechamiento de las organizaciones criminales que han empezado a usar la contratación pública como un mecanismo de lavado de activos.

4. Defender la democracia y la libertad de expresión: Estas páginas muestran el poder de la libertad de expresión, la importancia del libre acceso a la información pública, el rol fundamental del periodismo de investigación, de la organización de la sociedad civil, de la organización y la participación política. También son testimonio de los graves riesgos que vive una sociedad cuando se silencian las voces críticas, cuando se concentra el poder en pocas manos, cuando los jueces se ponen al servicio de intereses personales o peor, de intereses criminales, y no al servicio de la ley y la justicia.

5. Publicar el presente informe: La Asamblea Nacional debe diseñar mecanismos y espacios para difundir la información contenida en este documento. Se trata de la historia, la lucha y el asesinato de un exlegislador y de un excandidato presidencial. Honrar su legado y buscar la verdad es un mensaje contra el odio y la amenaza que representa su crimen.

6. Dejar constancia documental de las instituciones que no atendieron los distintos pedidos de información y aquellas personas que no comparecieron en esta comisión, puesto en conocimiento en Memorando n.º AN-IAFV-2024-0130-M. (I)