El gobierno de Daniel Noboa expresó que hubo “un sucio pacto político” en la votación de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), Revolución Ciudadana (RC) y Construye que no dio paso al enjuiciamiento penal a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por un presunto delito de concusión dentro de un caso de corrupción.

En la sesión virtual de este viernes, 14 de junio, la negativa obtuvo 75 votos a favor que vinieron de RC, PSC, en tanto que Construye y Pachakutik votaron divididos.

En contra se pronunciaron el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, y también hubo algunos votos de Construye.

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“PSC, RC y Construye salvan a Abad”, se titula el comunicado publicado en la cuenta de X del Ministerio de Gobierno.

El Ejecutivo indica: La votación de este viernes “es la evidencia más clara de lo que ya conocíamos: un sucio pacto político, en el que priman la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia que merecen el país y sus ciudadanos”.

“La troncha política queda en evidencia. La solicitud de la justicia de levantar la inmunidad a Verónica Abad era clara y motivada. Solo era cuestión de dejar que -como en cualquier democracia medianamente estable- los órganos de la Función Judicial hagan su trabajo”, añadió.

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“Sus acuerdos bajos y vergonzosos impidieron que el proceso continúe como correspondía”, dijo en referencia a la votación del PSC, RC y Construye.

La moción de rechazo al pedido fue planteada por la asambleísta Gissela Molina (afín al PSC), quien se quejó de la escasa información expuesta por la jueza Camacho, lo cual no permitía “dilucidar la pertinencia de la solicitud enviada, más aún cuando se evidencia que en la misma razón existen errores los cuales solo pueden ser solventados con la revisión total del expediente”.

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En la resolución se menciona que el pleno “no cuenta con la información suficiente que permita dilucidar la pertinencia de la solicitud enviada, más aún cuando se evidencia que en la misma razón existen errores los cuales solo pueden ser solventados con la revisión total del expediente”.

La Fiscalía General del Estado buscaba vincular a Abad en el llamado caso Nene, en el que se investigaba inicialmente el delito de oferta de tráfico de influencias y ahora cambió al delito de concusión.

La jueza Camacho, quien sigue la causa, pidió a la Asamblea que se pronuncie sobre este caso, ya que la vicepresidenta goza del fuero de la Corte Nacional de Justicia.

Antes, el pleno votó la “moción previa” del legislador Leonardo Berrezueta, de la RC, en la que se planteó autorizar el pedido de la jueza Camacho. Esta tuvo 41 votos a favor, 74 en contra, 18 abstenciones y cero en blanco. O sea, no se aprobó. (I)

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