Pedidos de información, reuniones diplomáticas, recopilación de archivos y hasta viajes al exterior constan en la hoja de ruta que espera aprobar, en esta semana, el Grupo Parlamentario Anticorrupción, integrado por quince asambleístas. Su objetivo es indagar los nexos del narcotráfico y el crimen organizado con algunos políticos del país.

Sus integrantes pertenecen a Pachakutik, independientes, Bancada del Acuerdo Nacional y la Izquierda Democrática. No hay legisladores del correísmo, representado en el bloque Unión por la Esperanza (UNES), y tampoco del Partido Social Cristiano (PSC).

Se trata de Fernando Villavicencio (CN-PSE), Ricardo Vanegas, Sofía Sánchez, Rafael Lucero, Gisela Molina y Consuelo Vega (Pachakutik), Pedro Velasco, Washington Varela, Diana Pesántez, Francisco León, Omar Cevallos, Elías Jachero, Mariano Curicama (BAN), Eduardo Mendoza (ex-BAN) y Xavier Santos (ID). Aunque, de momento, hay solicitudes de otros legisladores que quieren incorporarse al Grupo.

Quince legisladores investigarán las vinculaciones del narcotráfico con la política en el Ecuador

Si bien no han sido más de cuatro las reuniones mantenidas por el Grupo, existe un trabajo adelantado, como pedidos de información a nivel de la Fiscalía General del Estado, la embajada de Estados Unidos y otros organismos del Estado, señalaron sus voceros.

Agenda mínima

Fernando Villavicencio señala que existe una agenda mínima, y en el camino se esperan incorporar todos los temas que los asambleístas del Grupo consideren importantes. También tomarán en cuenta los trabajos desarrollados por los legisladores en sus territorios, y en los pedidos de información constarán las firmas de todos quienes conforman el Grupo.

Este equipo parlamentario, de momento, no actúa como bancada, pero no descartan que más adelante se constituyan en una bancada y actúen también de manera orgánica en el pleno, avizora Villavicencio, al describir que son una especie de “frente” que tiene el respaldo de la participación ciudadana.

En el caso de la narcopolítica, se ha solicitado información variada, como el expediente completo y los anexos del caso del bombardeo al campamento de Angostura, donde hay miles de documentos recopilados por la Comisión de Transparencia que estuvo liderada por el fallecido exministro Francisco Huerta, relacionados con el financiamiento de campañas electorales y el origen de los recursos.

También se espera la información solicitada a la embajada de Estados Unidos, que incluye, según Villavicencio, los nombres de los asambleístas a quienes la embajada norteamericana retiró la visa. Ese retiro de visa los hace cada vez más sospechosos sobre vinculaciones con el narcotráfico, anota.

Para la presentación del informe de investigación sobre narcopolítica se tomará al menos tres meses, considera el asambleísta nacional, pues insiste en que este Grupo Parlamentario surgió porque “la Asamblea Nacional ya no da más, y lo único que prevalece es la estrategia de conspiración, porque no les interesa investigar las grandes tramas de corrupción; lo que les interesa es conspirar contra el Gobierno”, insiste

Su colega Pedro Velasco revela que en esta semana se tenía que aprobar el cronograma de trabajo, pero que por los temas coyunturales, como la exposición del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, alteraron la planificación inicial.

Lo que se definirá en una reunión prevista para el miércoles es la metodología que utilizará el Grupo Parlamentario para determinar los nombres de aquellas figuras que participaron en política con el financiamiento de recursos ilícitos, como los del narcotráfico.

A nivel de los Gobiernos seccionales, existe información de que muchas de sus autoridades fueron procesadas por narcotráfico, sus procesos judiciales no avanzan y los sospechosos aún están cumpliendo funciones.

En los próximos días se concretará una reunión en la embajada estadounidense para recabar información sobre el retiro de visas a nivel de los oficiales de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, asambleístas, autoridades y exfuncionarios de Gobierno.

Mientras que Sofía Sánchez precisa que existe un documento formal sobre el avance del Grupo Parlamentario, y la idea es aprobar una agenda de trabajo que empieza con pedidos a la Fiscalía General del Estado; además, se espera concretar la visita a la embajada de Estados Unidos en Ecuador sobre el retiro de visas.

Sánchez dijo que uno de los ejes fundamentales de la investigación será determinar hasta qué punto el narcotráfico y sus pandillas están involucradas en el sector público, pues existe una denuncia de que el servicio de alimentación en los centros penitenciarios se pretende entregar a grupos delincuenciales.

Su coideario Ricardo Vanegas defiende la constitución del grupo de asambleístas, los que, en uso de su facultad constitucional de fiscalizar, coinciden en hacer un trabajo en conjunto en el que cada uno tendrá tareas que cumplir.

En esta investigación se ahondará en determinar las rutas del narcotráfico no solo en tierra, sino también en el agua, donde la responsabilidad está también en la Marina, por lo que anunció que solicitará al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que levante la reserva de alguna información que posee del Ministerio de Defensa, a fin de que el Ecuador pueda conocer con exactitud lo que ha venido sucediendo en los mares ecuatorianos.

Siguiendo los hilos conductores que ya conocen, se procederá a tratar de establecer los vínculos existentes entre el narcotráfico, el terrorismo y políticos ecuatorianos. (I)