El lunes 4 de octubre, a tres días de que el plazo termine para que la Comisión de Fiscalización pueda iniciar un juicio político al exministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, acusado de incumplimiento de funciones, la presidenta de la Asamblea Nacional dispuso el envío del expediente a la Comisión.

La disposición de Llori fue cuestionada por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien afirmó que por cinco ocasiones le pidió a la titular de la legislatura, por escrito, que remita el expediente del juicio a Martínez para su procesamiento y que esos pedidos los negó durante cuatro meses de insistencia.

Son cinco solicitudes de juicio que se presentaron en contra del exministro de Finanzas Richard Martínez, por parte de legisladores del anterior periodo legislativo, por incumplimiento de funciones. Entre ellos, Yofre Poma y Juan Lloret (UNES), Vicente Taiano (PSC), Jimmy Candell (IND) y Raúl Tello (IND). Todos lo responsabilizaron de mal manejo en el pago de la deuda externa durante la pandemia del COVID-19; no entregar oportunamente los recursos para los Gobiernos autónomos descentralizados y universidades; no pago de los incentivos de jubilación a los maestros, entre otras acusaciones.

El exministro Richard Martínez Alvarado ahora se encuentra en Washington D. C. como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BIN).

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Cinco solicitudes de juicio político a Richard Martínez se archivarán tras un año de su calificación en el CAL

El asambleísta Fernando Villavicencio manifestó que justo cuando faltan tres días para que venza el plazo, y en conocimiento de que está otro juicio político en marcha y que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que no se pueden procesar dos juicios a la vez, la presidencia de la legislatura y el CAL remite a la Comisión el expediente, cuando “ellos saben de antemano que está fuera de plazo”, dijo Villavicencio.

“Aquí queda muy claro que quien protege al que firmó el Decreto 883, incrementando el precio de los combustibles, es Guadalupe Llori”, afirmó Fernando Villavicencio, quien recalcó que Llori, durante cuatro meses permaneció en silencio, y “después sale a decir que el Fondo Monetario, que el incremento de combustibles, cuando lo que están haciendo Guadalupe Llori y Pachakutik es proteger al ministro que firmó el decreto que subió el precio de los combustibles”, subrayó.

Insistió en que Guadalupe Llori protege al exministro, quien junto con el exmandatario Lenín Moreno firmaron el 1 de octubre de 2019 el Decreto 883, incrementando los precios de los combustibles que fue la base para el estallido social de octubre.

Aclaró que no es culpa de la Comisión de Fiscalización no haber procesado a tiempo el juicio político en contra de Richard Martínez, pues están por escrito los pedidos dirigidos a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que remita el expediente del juicio, pero no hubo respuesta.

Solicitudes de expediente

El primer pedido lo realizó el 27 de mayo. Solicitó que se remitan a la Comisión de Fiscalización todos los expedientes de juicios políticos pendientes. El 29 de mayo, el secretario general detalla los procesos que se encuentran en trámite, y en el documento no se incluye ningún proceso en contra del exministro Richard Martínez.

El 8 de junio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, frente a un pedido solicitado por el legislador Juan Lloret (UNES), uno de los proponentes del juicio político en contra de Martínez, pide a la presidencia de la legislatura que remita el respectivo expediente con un detalle del estado de situación del caso con los documentos de archivo físico y digital del proceso.

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Con fecha 17 de junio, el secretario general de la Asamblea, Álvaro Salazar, remite la información sobre la solicitud de juicio contra Martínez, planteada por el legislador Juan Lloret (UNES), y además, informa que la solicitud de juicio político en contra de Richard Martínez se encuentra calificada a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), y que está pendiente la disposición de remisión de la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento desde la presidencia de la Asamblea Nacional a la Comisión de Fiscalización, para que tome conocimiento y se sustancie el trámite.

El 19 de agosto, Villavicencio insistió en que se remita el expediente en contra de Martínez, en virtud de las inquietudes de los asambleístas de la Comisión de Fiscalización de que se deben atender oportunamente los pedidos de juicio político, particularmente el referido al exministro de Finanzas Richard Martínez.

El 27 de agosto, nuevamente se solicita a la presidenta de la Asamblea que con la urgencia del caso dispongan al área que corresponde se remita a la presidencia de la Comisión de Fiscalización el expediente sobre la situación del juicio político al exministro de Economía y Finanzas, y además hace un pedido de información.

La última solicitud que se realizó desde la Comisión de Fiscalización fue el 10 de septiembre a la presidencia de la Asamblea.

El 4 de octubre, el secretario de la Asamblea Nacional remitió a la Comisión de Fiscalización el expediente de la solicitud de juicio político en contra del exsecretario de Estado a fin de que avoque conocimiento y sustancie el trámite y lo unifique con otras solicitudes de enjuiciamiento similares.

El exlegislador Vicente Taiano Basante comentó que es indiscutible que Martínez tenía que ser llamado a juicio político por su manejo poco prolijo en la cartera de Finanzas que trajo serias consecuencias a la economía del país.

Pero que lamentablemente por situaciones propias de la Asamblea, tanto de la que concluyó su periodo como de la actual, es imposible que en dos días se pueda canalizar el tratamiento de un juicio político, y que será imposible que el procesamiento siga su curso.

Taiano manifestó que es evidente que existe una omisión de la actual Asamblea porque el proceso político ya fue aceptado a trámite, pero la falta de una agenda clara y de una hoja de ruta ha llevado que el exfuncionario Martínez termine beneficiado porque no será procesado políticamente. (I)