El juez anticorrupción Renán Andrade declaró la validez procesal dentro del denominado caso Triple A, en el que es procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien acudió presencialmente a la diligencia.
El magistrado reinstaló este viernes, 13 de junio, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio y dispuso a la Fiscalía que presente su dictamen acusatorio contra los 22 procesados, entre los que constan personas naturales y jurídicas que son investigadas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoTripleA: se reinstala la audiencia preparatoria de juicio por presunto almacenamiento y comercialización ilegal de #Hidrocarburos. Luego de su análisis, el Juez a cargo de la causa anunciará si existen o no vicios que puedan afectar al proceso.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 13, 2025
En la mañana, en la primera parte de la diligencia se escucharon las alegaciones sobre posibles vicios que, según los acusados, generan nulidades procesales insubsanables y sobre las que el juez se pronunció en horas de la tarde dejándolas sin efecto.
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El cronograma inicial señala que para esta primera parte de la audiencia se han reservado los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de junio, sin horarios definidos para su conclusión.
A la diligencia asistieron de forma presencial Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y los abogados de la acusación particular y de las defensas de las 16 personas naturales, entre las que está Ramiro García, defensa de Alvarez.
Al salir de esta primera parte de la audiencia, García indicó que más allá de los vicios de nulidad denunciados han encontrado un manejo poco prolijo del expediente y la incorporación de información que no ha sido entregada oportunamente a las defensas, y que están a la espera de la decisión del juez a cargo de la causa.
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Por su parte, a su llegada Alvarez mencionó que ha sido investigado y denunciado injustamente y que pese a esto, acudió a la diligencia.
“Estoy dando la cara, sin correr, los troles pueden decir lo que quieran, pero aquí estamos. Hemos demostrado durante prácticamente un año que no hemos huido porque sabíamos que era una mentira y por más que hayan querido forjar pruebas nunca iban a tener nada”, apuntó.
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El alcalde aclaró que no existen pruebas pese a siete pericias que se han realizado desde Fiscalía y aclaró que la denuncia fue presentada por funcionarios del Gobierno, mas no directamente por el presidente Daniel Noboa.
El 10 de mayo pasado se completaron los 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Triple A. El fiscal Leonardo Alarcón sostiene que existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel.
La Fiscalía asegura que varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio, con lo que se habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotor, industrial y naviero.
El 16 de diciembre pasado arrancó la instrucción fiscal de Triple A contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas (empresas) Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiésel S. A. Para el 10 de abril siguiente, el juez anticorrupción Andrade, por pedido de Fiscalía, decidió vincular a Alvarez y a otras diez personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A. (I)
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