El juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, será tramitado en la Asamblea Nacional antes que el de la ministra del Interior, Mónica Palencia, debido a las medidas cautelares concedidas por el juez constitucional que ordenó suspender el proceso contra Palencia.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) espera este miércoles, 4 de septiembre, levantar la suspensión del proceso de juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitada por la procesada; luego calificar una segunda solicitud de juicio contra Salazar, la cual fue planteada por el asambleísta Héctor Valladares, y remitir el expediente a la Comisión de Fiscalización para la sustanciación.
Fiscal general, Diana Salazar, pide que se reactive el proceso de juicio político en su contra
En la mañana, el CAL se reunió para conocer la solicitud de juicio propuesta de Héctor Valladares, en contra de la fiscal Diana Salazar, por supuesto incumplimiento de funciones, en esta responsabiliza a la máxima autoridad de la Fiscalía de encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos. La solicitud la presentó el pasado 14 de mayo de 2024.
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Según Valladares, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre 2019 y 2022, emitió 97 alertas de potenciales casos de lavado de activos, pero la fiscal Diana Salazar apenas habría procesado doce. Por ello, sostiene que la fiscal del Estado habría protegido a potenciales lavadores de activos por un monto de sobrepasaría los $ 250 millones.
Procedimiento
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC), el 3 de septiembre informó al juez constitucional Edgar Romero que no dispondrá las convocatorias a sesiones ordinarias respecto del trámite del juicio político pendiente en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hasta que llegue el momento procesal pertinente. Con ello, notificó que cumplirá con la sentencia constitucional en la que concedió una acción de protección por el archivo de tres juicios políticos a ministros del gobierno de Guillermo Lasso, planteada por la asambleísta Inés Alarcón (ADN).
La Comisión de Fiscalización, este 4 de septiembre, no sesionó y está a la espera de una decisión del Consejo de Administración Legislativa para continuar con el trámite de juicios, retrotrayéndose al momento exacto del término del tratamiento con informe aprobado por mayoría calificada que recomendó el juicio político al exministro Juan Zapata, que es el tiempo en que el trámite salió de la Comisión de Fiscalización para ser conocido por el pleno de la Asamblea Nacional.
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Según el orden de presentación de las solicitudes de juicio y la calificación correspondiente, el siguiente proceso corresponde a la fiscal Diana Salazar, motivado por la asambleísta Gissela Garzón de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien la acusa de incumplimiento de funciones y de actuar sesgadamente en la investigación de al menos doce casos de connotación nacional.
Garzón aclaró que la decisión de Pamela Aguirre, su coidearia, de acatar la sentencia del juez constitucional es unilateral, ya que eso no se resolvió en el interior de la bancada de la Revolución Ciudadana, porque habrían varios escenarios frente a la decisión del juez Edgar Romero, entre ellos considerar que es un hecho nefasto debido a que se mete las manos a la justicia en decisiones que políticamente se toman. Dijo que la decisión de Aguirre no es pertinente.
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Recordó que el juicio contra Salazar lo presentó en noviembre de 2023, por lo tanto, “las motivaciones del incumplimiento de funciones nada tiene que ver con los últimos acontecimientos en términos de la justicia y la coyuntura”. “Tienen que ver con incumplimientos de los casos que seguimos esperando respuestas, como León de Troya, Innapapers, Sinohydro, caso Encuentro, y una serie de temas que están pendientes por la administración de la justicia”.
El legislador Jorge Acaiturri Villa, delegado del PSC ante el CAL, dijo que en el organismo administrativo se espera un informe de la Unidad Técnica Legislativa antes de revisar el cumplimiento de requisitos en la solicitud del segundo juicio político presentado contra la fiscal Diana Salazar y, con ello, notificar a la Comisión de Fiscalización con el inicio del juicio a la máxima autoridad de la Fiscalía, así se espera la unificación de las dos solicitudes.
El bloque socialcristiano, frente al juicio político contra Salazar, ratificó que su bancada no votará por la destitución y censura de la autoridad fiscal y que en el pleno explicará las razones de su posición.
El legislador Ramiro Vela, integrante de la mesa de la Comisión de Fiscalización, manifestó que le sorprendió la decisión tomada por la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, más aún cuando su bancada presentó una resolución en el pleno para que se pida un pronunciamiento previo a la Corte Constitucional. En todo caso, dijo que lo actuado por Aguirre era lo que se tenía que hacer.
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Inés Alarcón, representante de la bancada de ADN, manifestó que tras la decisión de la presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, de acatar la sentencia del juez constitucional no será necesario accionar para dar cumplimiento al dictamen, y que lo sucedido en el pleno es un acto que se hizo por cumplimiento de una formalidad, porque al hablar de un rechazo nunca se habló de un desacato.
Concuerda con la legisladora Pamela Aguirre de retomar el juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, tras la solicitud realizada por la misma autoridad judicial, y luego sí reanudar los tres juicios políticos archivados por retiro de firmas y que fueron presentados en contra de los exministros Sebastián Corral Bustamante, exsecretario general de Administración Pública y Gabinete; Pablo Arosemena Marriot, exministro de Economía y Finanzas, y Andrea Montalvo Chedraui, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En su momento, dijo que presentará nuevas firmas en los tres juicios políticos. (I)
