La Comisión de Fiscalización de la Asamblea nacional abrió la etapa de prueba del juicio político en contra del ex ministro de Salud Juan Carlos Zevallos acusado de incumplir sus funciones en la compra de vacunas; la aplicación del plan de vacunación contra el COVID-19; la emisión irregular de carnés de discapacidad; despidos de trabajadores y profesionales de la salud, entre otras razones.

Los asambleístas interpelantes Pabel Muñoz (RC) y Ángel Sinmaleza (antes de SUMA) presentaron las pruebas de cargo en contra de Zevallos, este 31 de marzo.

Inicia procesamiento de juicio político en contra del ex ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos

Pabel Muñoz (RC) dijo que en este juicio se juzgará la negligencia e indolencia del Gobierno y la concepción de la salud como un privilegio y no como un derecho. Que 45.000 personas fallecieron por contagios de COVID-19, porque el Gobierno les dio la espalda y estableció grupos de privilegiados para la vacunación contra el coronavirus.

Las acusaciones de Muñoz están enfocadas en la ausencia de otorgamiento de equipo de protección personal para los profesionales de la salud como guantes, mascarillas y material médico; insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas del COVID-19; no transparentar cifras del número de muertos en exceso durante la emergencia sanitaria, pues el Ministerio de Salud no proporcionó información real sobre el número de fallecidos. El legislador afirmó que en el 2020 se registró una reducción del 8% del presupuesto del sector salud.

Además indicó que Zevallos está acusado de extraviar cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria, pues a criterio del interpelante el protocolo para el manejo de cadáveres durante la pandemia fue tardío, lo que provocó la acumulación de cadáveres sin identificar la identidad y la causa de la muerte. Aseguró que al momento aún hay 62 cuerpos sin identificar.

La desvinculación de personal de la salud en medio de la pandemia e insuficiente contratación de profesionales de la salud también forman parte de las acusaciones, pues señaló que hay denuncias ciudadanas relacionadas con despedidos en diversas zonas del país situación que agravó la atención de salud durante la pandemia.

Falta de control sobre las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública y que tras una investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se establecieron indicios de responsabilidad penal por presunto delito de peculado en tres contrataciones con posibles sobreprecios en la compra de bolsas para embalaje de cadáveres.

También se refirió al desabastecimiento de vacunas y medicamentos, y se afirma que durante la pandemia en la mayoría de los 1.871 puntos de la red pública de salud hubo escasez de la vacuna pentavalente para niños.

Igualmente, el legislador correísta se refirió a la responsabilidad del funcionario en la emisión irregular de carnés de discapacidad y que tras una investigación realizada por la Comisión de Salud se demostró que existió falta de voluntad política para controlar el proceso de emisión de carnés y que se permitió actos de corrupción.

La insuficiente adquisición de vacunas COVID-19 y alteración del plan nacional de vacunación fue otra acusación, donde Muñoz habló de tráfico de influencias y aseguró que a nivel de la región el Ecuador no vacuna ni a uno de cada cien ecuatorianos, y que en el proceso priorizaron las vacunas a los amigos del Gobierno y no al personal de primera línea, para lo cual se necesitaban 219.154 dosis. Que lo gestionado por Zevallos solo cubrió al 11% del personal de salud.

Cuestionó las declaraciones formuladas por el presidente de la República, Lenín Moreno, respecto a la ausencia de un plan de vacunación, plan que solo existía en la cabeza del exministro. Ojalá que la Asamblea nacional por unanimidad pueda censurar al exministro y se pida disculpas a la ciudadanía por demorarse en la fiscalización, puntualizó Muñoz.

Pedido de comparecencia del Presidente de la República

El asambleísta Ángel Sinmaleza (antes de SUMA) centró sus pruebas respecto al plan nacional de vacunación y planteó que se llame a comparecer ante la Comisión de Fiscalización al presidente de la República, Lenín Moreno, pues a su criterio el Ecuador no merece que su presidente de la República no haya sabido sobre el plan de vacunación.

Añadió que el primer mandatario debe explicar por qué permitió que sus secretarios y familiares se vacunaran primero; “debe venir a decir por qué permitió vacunas vip”. No existe impedimento legal que comparezca ante la comisión y “espero que no les tiembla la manos para dar paso a este pedido de comparecencia”, afirmó Sinmaleza.

Se refirió también una supuesta entrega fraudulenta de 3.000 carnés de discapacidad y por lo tanto una falta de acción de control de parte del Ministerio de Salud en la entrega de esas credenciales, pese a que fue alertado de estos actos irregulares.

Igualmente dijo que el funcionario acusado incumplió la aplicación del artículo 25 de la Ley Humanitaria, referente a la entrega de nombramientos definitivos a todos los trabajadores y profesionales de la salud que trabajaron durante la emergencia sanitaria. La fecha para el cumplimiento de esa disposición venció el 22 de diciembre. Hasta la fecha solo se entregaron 6.000 nombramientos, según información del Ministerio de Salud.

Adquisición ineficiente de vacunas contra el COVID-19 y falta de entrega de información a la Asamblea nacional sobre el plan nacional de vacunación también fueron parte de las acusaciones que hizo el asambleísta Sinmaleza, quien aseguró que hubo un mal manejo del plan de vacunación, mal uso de recursos públicos y tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas.

Cuestionó que aún no se conoce el número de dosis de vacunas que destinó el exministro Zevallos, al centro geriátrico del hospital de Los Valles. (I)