El exministro de Salud Juan Carlos Zevallos incumplió con la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario al no entregar hasta el 22 de diciembre de 2020 un solo nombramiento definitivo a los trabajadores y profesionales de la salud, con lo cual se observa negligencia, inoperancia, falta de oportunidad en su gestión.
Esa fue la conclusión a la que llegó el asambleísta Ángel Sinmaleza (ex-SUMA) tras la comparecencia del ministro de Trabajo, Andrés Isch, quien reveló que el 18 de marzo pasado su cartera envió al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de 2.390 partidas para nombramientos definitivos del personal de salud que laboró durante la emergencia.
Una de las acusaciones que presentó el legislador independiente es que Zevallos incumplió la aplicación del artículo 25 de la Ley Humanitaria, referente a la entrega de nombramientos definitivos a todos los trabajadores y profesionales de la salud que laboraron durante la emergencia sanitaria. La fecha para el cumplimiento de esa disposición era el 22 de diciembre.
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Isch comentó que para los nombramientos definitivos se tenían que cumplir tres requisitos básicos: ser profesionales de salud, haber trabajado en la emergencia sanitaria y tener contrato provisional. Para ello, se expidió el Acuerdo Ministerial 2020-232, donde se respetó el espíritu de la Ley de Apoyo Humanitario y se establecieron los procedimientos, aclaró.
Manifestó que hubo varias preocupaciones de los profesionales de la salud, por ejemplo, que en algunos casos se exigía que los aspirantes a un cargo definitivo demuestren haber atendido a un paciente que tenía COVID-19, y que eso implicaba tener la historia clínica y las pruebas, lo cual excedía lo que contenía la norma. Por ello, el 9 de enero de 2021 se emitió un oficio circular con los requisitos contemplados en la ley.
El ministro de Trabajo indicó que de momento tienen 10.574 puestos que están en concurso, divididos entre el Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Defensa. De todos ellos, 8.900 han sido declarados ganadores del concurso, y se encuentran en proceso 678. De las estimaciones iniciales que se hicieron, añadió el funcionario, serían alrededor de 15.000 los profesionales de la salud que estarían dentro de los contratos provisionales y contratos ocasionales.
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Que de momento se encuentran en el quinto proceso, que se inició el 31 de marzo, y cada uno de los procesos se inicia con el pedido de las unidades de salud, y que el Ministerio del Trabajo ha cumplido con la integración de los tribunales solicitados. Isch insistió en que el 100% de las solicitudes que han llegado desde el Ministerio de Salud fue atendido.
Sinmaleza manifestó que por las declaraciones del ministro de Trabajo queda claro que el incumplimiento para la aplicación de la Ley Humanitaria está en el Ministerio de Salud. Todos los procesos aplicados para la entrega de los nombramientos definitivos a los profesionales de la salud tienen serios cuestionamientos.
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Insistió en que las funciones y gestiones realizadas por el exministro Juan Carlos Zevallos hasta el 22 de diciembre, que debían haberse concluido con la entrega de nombramientos a los trabajadores y profesionales de la salud, dejaron serias observaciones, negligencia, inoperancia, falta de oportunidad en su gestión para cumplir con el sector salud. “Nótese que el exministro de Salud incumplió las funciones al no haber entregado un solo nombramiento hasta el 22 de diciembre; nótese también que, con fecha 2 de febrero, unos 2.390 procesos han sido presentados, es decir, después de que se presentó el juicio político”, puntualizó.
Pablo Ruiz, del observatorio de discapacidades, afirmó que el Ministerio de Salud es responsable de genocidio durante esta pandemia, que por corrupción e irresponsabilidad murieron miles de personas por falta de medicina y atención médica, no solo por el COVID-19, sino también por las enfermedades catastróficas. Cuestionó que no hay especialistas para atender enfermedades catastróficas y raras.
Además, afirmó que el Ministerio de Salud es el responsable de la corrupción en la obtención de los carnés de discapacidad, que la misma exsecretaria del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y hoy vicepresidenta de la República, Alejandra Muñoz, reveló que se registraron más de $ 60 millones de exoneraciones tributarias por la importación de vehículos de alta gama a favor de personas con carnés de discapacidad. (I)
