Los representantes gremiales y jurídicos de los médicos posgradistas y especialistas pidieron a la Comisión de Fiscalización determinar responsabilidades políticas en contra del ex ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dentro del juicio político que se procesa en la Asamblea Nacional.
El ex funcionario está acusado por los legisladores Ángel Sinmaleza (ex SUMA) y Pabel Muñoz (RC), de irregularidades en la compra de vacunas contra el COVID-19; ineficiencia en el plan de vacunación; la falta de entrega de equipos de protección de personal a los profesionales de la salud frente a la pandemia; falta de transparencia en el número de muertos por coronavirus.
La Comisión de Fiscalización se encuentra en la etapa de comparecencias y recepción de pruebas de cargo en contra del ex funcionario de salud que se extenderá por una semana más.
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Diego Beltrán, representante legal de los posgradistas, compareció este 9 de abril ante la comisión y afirmó que el acusado incumplió en el otorgamiento de los equipos de bioseguridad a los profesionales de la salud para enfrentar la emergencia sanitaria; no transparentó las cifras de las personas fallecidos por COVID-19; desvinculó los profesionales de la salud; y, no brindó estabilidad laboral a los médicos.
Afirmó que el ex ministro incumplió con la aplicación del artículo 25 y la disposición novena de la Ley de Apoyo Humanitario respecto a la ejecución de los concursos para los nombramientos definitivos para los profesionales de la salud. Pues hasta el mes de noviembre el Ministerio de Salud no hizo nada para ejecución y cumplimiento de las disposiciones de la Ley; no se recabó un solo documento ni tampoco llamó a concursos hasta el 22 de diciembre, cuando venció el tiempo máximo establecido en la normativa. Lo que sí se produjeron fueron desvinculaciones de profesionales de la salud, insistió.
Beltrán indicó que el incumplimiento de la Ley Humanitaria provocó la baja de la moral en los profesionales de la salud, porque no se respetó su derecho contemplado en la norma, por lo tanto, violó el artículo 82 de la Constitución, sobre el derecho a la seguridad jurídica.
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Según Beltrán, el ex ministro Zevallos, violó el artículo 229 de la Constitución que reconoce el derecho a la estabilidad laboral de los servidores públicos, pues hasta la fecha debían ya tener su nombramiento definitivo.
Adicionalmente, dijo que hubo una violación constitucional y al artículo 13 de la Convención Internacional de Derechos Humanos por no transparentar las cifras de fallecidos en el Ecuador.
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Paola Pérez, representante de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, indicó que en medio de la pandemia este grupo de profesionales no fue considerado como profesionales de primera línea y que se negó equipos de protección para brindar atención hospitalaria a los pacientes de COVID-19. Que no recibieron contratos, y que los posgradistas becarios tampoco recibieron los pagos de sus becas; por ello, pidió que la Asamblea Nacional aplique una sanción política al ex funcionario de salud. (I)
