La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este mes una resolución histórica en la que se declara el 21 de noviembre como el “Día Conmemorativo de las Víctimas del Sistema de Servidumbre de la Gleba”, en memoria de los trabajadores explotados por la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A., en un caso que la Corte Constitucional calificó como esclavitud moderna.
Esta decisión surge como respuesta directa a la Sentencia Nro. 1072-21-JP/24, emitida el 21 de noviembre de 2024 por el máximo órgano constitucional del país.
En dicha resolución judicial, se determinó que cientos de personas, en su mayoría en situación de vulnerabilidad, fueron sometidas a un régimen de servidumbre forzada en las plantaciones de abacá de Furukawa, donde laboraban en condiciones infrahumanas y sin acceso a servicios básicos.
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La Asamblea destacó que este nuevo día conmemorativo tiene el propósito de mantener viva la memoria colectiva sobre las formas contemporáneas de esclavitud que atentan contra la dignidad humana, para que nunca más se repitan prácticas similares en el país.
También representa un acto simbólico de reparación hacia las víctimas y sus familias, cuyos derechos fueron violados sistemáticamente durante años.
.@AsambleaEcuador declara el 21 de noviembre como día en conmemoración de las víctimas del sistema de servidumbre de la gleba impuesto por la empresa Furukawa, el cual se denominará: “Día Conmemorativo de las Víctimas del Sistema de Servidumbre de la Gleba”, como una oportunidad… pic.twitter.com/2QtrTZZ15N
— El Universo (@eluniversocom) June 26, 2025
La decisión parlamentaria se produce meses después de que el Estado ofreciera disculpas públicas a más de 300 extrabajadores de Furukawa, quienes durante décadas fueron obligados a trabajar y vivir en condiciones de precariedad absoluta.
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El fallo ordenó a la empresa japonesa indemnizar a las víctimas con un total de 41 millones de dólares y pedir disculpas públicas.
Sin embargo, las disculpas públicas de Furukawa fueron duramente criticadas por los extrabajadores. En enero de 2025, representantes de la empresa realizaron una breve intervención en la hacienda Isabel, sin previo aviso ni presencia de la mayoría de víctimas ni de sus abogados.
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Las organizaciones de trabajadores denunciaron que la acción violó los parámetros fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por la misma Corte, al no ser pública, ni participativa, ni digna.
Los afectados señalaron que la empresa llegó con resguardo policial y no notificó a las 342 personas reconocidas como víctimas, lo que generó malestar e indignación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que el caso Furukawa evidenció la negligencia de varios organismos estatales que, a pesar de tener conocimiento de la situación desde al menos 2018, no actuaron con la celeridad y contundencia necesarias para proteger a los trabajadores. (I)
