En la sesión n.º 951 del pleno de la Asamblea Nacional de este martes, 6 de agosto, se conocerá el “Informe de fiscalización e investigación sobre la situación de la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de la provincia de Santa Elena, con énfasis en los actos y hechos que afectan a la comuna Olón y que han generado conmoción social en todo el país por el proyecto inmobiliario Echo Olón”, según consta en el orden del día.

En este documento —elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, presidida por la legisladora del correísmo Victoria Desintonio— se recomienda iniciar un proceso de juicio político en contra de los ministros Sade Fritschi, Mónica Palencia, Gian Carlo Loffredo y Niels Olsen, de las carteras del Ambiente, Interior, Defensa y Turismo, respectivamente.

El pedido se realiza ante el supuesto “incumplimiento de funciones constitucionales y legales y por la falta de atención o atención incompleta de los pedidos de información realizados en el marco del proceso de fiscalización e investigación sobre la situación de la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de la provincia de Santa Elena, con énfasis en los actos y hechos que afectan a la comuna Olón y que han generado conmoción social en todo el país por el proyecto inmobiliario Echo Olón, en el área del bosque protector Esterillo Oloncito”, recoge el informe.

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La comisión explica en el texto que se realizaron varios pedidos de información y se convocó por cuatro ocasiones a los ministros señalados, pero ninguno acudió a los llamados.

“Se realizaron requerimientos de información a los ministros y ministras de los Ministerios de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Defensa Nacional, Interior y Turismo, a fin de conocer lo relacionado al otorgamiento del Registro Ambiental, así como de aquellas situaciones que llamaron la atención de las y los comuneros de Olón y que estaban relacionado a la presencia de grupos policiales y militares en el sector del Esterillo Oloncito” (sic), se menciona en el apartado “Incumplimiento a los requerimientos de información”, que contiene el texto.

En el documento, que fue aprobado el pasado 20 de junio con ocho votos a favor, se recomienda también que se solicite a la Contraloría General del Estado un examen especial al proceso de otorgamiento de registro ambiental a favor de la empresa Vinazin S. A., presidida por la primera dama, Lavinia Valbonesi, sobre la base del Plan de Manejo Ambiental definido por el operador a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) para el proyecto, desde su obra y hasta su cancelación.

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Asimismo, los lineamientos y estándares para la aplicación provisional del Decreto Ejecutivo 754, suscrito en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que se encuentran fijados en la sentencia n.º 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional, relacionados con la obligatoriedad de realizar una consulta ambiental a los habitantes de la zona afectada para lograr la obtención de licencias y registros ambientales.

“Si bien la Corte Constitucional ha dejado claro que el derecho de la naturaleza de los ecosistemas de manglar no son derechos absolutos, ha establecido también que únicamente se permiten actividades productivas de subsistencia o que no tengan consecuencias negativas para el medioambiente, debiendo indicar que las previstas en el proyecto privado ECHO OLÓN son contrarias a los fines pues no son obras que estén orientadas a la prestación de un servicio público, consecuentemente atenta contra la protección constitucional del ecosistema del manglar”, refiere el texto.

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La mesa legislativa solicita también en el informe que la Asamblea Nacional remita el informe a la Fiscalía General del Estado a fin de que investigue la posible concurrencia de varias infracciones en el proceso de otorgamiento de registro ambiental en favor de la compañía Vinazin S. A.

Según el análisis de la comisión, con base en un acuerdo ministerial de 2001, se detectó que la zona en la que se quiso levantar el proyecto “interseca con el área del Esterillo Oloncito, una zona declarada como bosque y vegetación protectores”. (I)