Siete demandas de inconstitucionalidad se han presentado en contra de la Ley de Integridad Pública, desde su publicación en el Registro Oficial el 26 de junio hasta el 7 de julio de 2025.
Las acciones públicas de inconstitucionalidad las impulsaron trabajadores, educadores, abogados, asociaciones de cooperativas y organizaciones sindicales, quienes exigen la derogatoria de la normativa, que fue aprobada en la Asamblea Nacional el 24 de junio, con 84 votos.
Estos recursos se encuentra en la Corte Constitucional, organismo que deberá pronunciarse sobre su admisión a trámite o inadmisión. En caso de ‘luz verde’, el organismo constitucional también podría unificarlas.
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Las seis demandas de inconstitucionalidad las presentaron:
- La Unión Nacional de Educadores (UNE), el 30 de junio y la sustancia el juez José Luis Terán
- Los abogados Ricardo David Luna y Stalin Fernando Rivera, el 30 de junio. La causa se encuentra a cargo de la magistrada Alejandra Cárdenas
- El abogado Adolfo Fernando Espinel, el 1 de julio. La jueza Claudia Salgado lleva la causa
- El Movimiento Unidad Popular, el 3 de julio. El trámite se encuentra a cargo del magistrado José Luis Terán
- La Asociacion de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), el 4 de julio. La demanda se encuentra en el despacho del juez Alí Lozada
- El Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y más organizaciones sociales, el 7 de julio. La demanda recayó en el juez Jhoel Escudero
- El Frente 13 de abril, el 7 de julio. La causa fue sorteada en el despacho del juez Jorge Benavides
Las demandas se concentran en la falta de unidad de materia y en los artículos que reforman la Ley Orgánica de Servicio Público, respecto a la estabilidad laboral, la evaluación a funcionarios públicos y la jubilación.
Asimismo, reclaman la modificación a la Ley de Seguridad Social, que centraliza la compra de medicamentos en los hospitales.
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Además, desde las cooperativas de ahorro y crédito rechazan la disposición transitoria décima primera, que obliga a estas entidades a transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos.
La mayoría de las demandas de inconstitucionalidad contienen medidas cautelares, que buscan dejar sin efecto, de manera provisional, los artículos polémicos de la Ley de Integridad Pública.
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La Ley de Integridad, cuyo objetivo era fortalecer el sistema de contratación pública, reformó más de 20 cuerpos legales como el Código de la Niñez y Adolescencia; el Código Orgánico Integral Penal; el Código de la Función Judicial; la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito; el Código Orgánico Monetario y Financiero; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional; la Ley de Movilidad Humana, y otros.
Esta norma fue la última aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional y la segunda económica urgente del Ejecutivo, que el Legislativo aprobó luego de la posesión presidencial de Daniel Noboa el 24 de mayo.
Demandas a otras leyes del Gobierno
Al igual que la Ley de Integridad, las leyes de Solidaridad Nacional y de Inteligencia, sobre seguridad también enfrentan demandas en la Corte Constitucional.
La Ley de Solidaridad Nacional tiene cuatro acciones presentadas; de las cuales dos se admitieron a trámite y se unificaron, mientras que una se inadmitió. La cuarta se encuentra aún en espera de un pronunciamiento.
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En tanto, la Ley de Inteligencia enfrenta una sola demanda.
(I)
