Casi una veintena de demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Transparencia Social y la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia ha ingresado a la Corte Constitucional (CC) en las últimas semanas.
La última acción pública de inconstitucionalidad en presentarse fue una en contra de la de Transparencia Social, que regula a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. El recurso fue presentado por la Federación de Barrios de Quito este miércoles, 5 de noviembre de 2025.
Hasta esta fecha, en la CC han ingresado seis demandas en contra de la Ley de Transparencia Social, que fueron impulsadas por:
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- Carlos Hernán Heredia Fiallo, abogado
- Marlon Vargas Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)
- Trece organizaciones de mujeres, derechos humanos, periodistas, entre otros
- Alianza por los Derechos Humanos
- Acción Ecológica
- Federación de Barrios de Quito
En tanto que en contra de la Ley de Fortalecimiento Crediticio, que reforma aspectos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), se presentaron, hasta la fecha, once demandas de:
- La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)
- Patricia Elizabeth Borja Laverde, abogada
- Unión Nacional de Educadores (UNE)
- Frente Nacional por un nuevo IESS
- Adolfo Fernando Espinel, abogado
- Asambleístas de la Revolución Ciudadana
- Partido Socialista Ecuatoriano
- Coordinadora en defensa de la seguridad social del Guayas
- Comisión de defensa de la seguridad social
- Rodrigo patricio Contero, abogado
- Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y más
Son diecisiete acciones de inconstitucionalidad en contra de estas normativas, que se han presentado ante la Corte Constitucional, que fueron sorteadas a los diferentes jueces constitucionales, aunque aún no existe ningún pronunciamiento sobre su admisión o inadmisión a trámite.
Los demandantes piden a los magistrados que dejen sin efecto ciertos artículos y disposiciones de estas leyes, pues consideran que vulneran derechos constitucionales.
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En el caso de la Ley de Transparencia Social, que se aprobó en la Asamblea Nacional el 26 de agosto con 78 votos, además de apelar al carácter económico-urgente y a la unidad de materia, las organizaciones reclaman por ciertos artículos, como el que dispone la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones sociales sin fines de lucro.
Mientras que sobre la Ley de Fortalecimiento Crediticio, aprobada con 77 votos el 26 de septiembre, los accionantes impugnaron que sea económico-urgente y reformas como la que faculta al Biess realizar operaciones de reporto y gestionar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras, así como realizar operaciones de venta de cartera vencida, sea esta hipotecaria, prendaria o quirografaria, de conformidad con la normativa aplicable.
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A la vez, en la Corte Constitucional aguardan demandas pendientes de resolver en contra de otras normativas, como la Ley de Inteligencia, por la cual se presentaron cuatro acciones que están pendientes de resolución tras la audiencia de inconstitucionalidad que finalizó el 1 de septiembre pasado. Asimismo, existen cuatro impugnaciones contra la Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, de las cuales dos fueron ya admitidas a trámite por la CC. (I)
