Luis Ávila, vocero del gremio de magistrados: Se está usando la Ley de Integridad para intervenir el Poder Judicial y poner jueces ‘golondrina’

Luis Ávila, vocero de la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador , se refirió a la potestad que tiene el Consejo de la Judicatura para declarar la emergencia en la Función Judicial, que consta en la recién aprobada Ley de Integridad Pública. ¿Hay las condiciones para declarar la emergencia en la justicia? Hay una crisis en el sistema de justicia, pero no es nueva. Y para declarar la emergencia debe ser un hecho inusitado o intempestivo. Pero desde la Judicatura se ha dicho que hay una crisis en cuanto a falta de personal, que hay un problema presupuestario, pero eso se viene arrastrando desde hace diez años. Hay una disminución en el Presupuesto General del Estado, pero eso se puede responder de manera regular, sin ir a un proceso de emergencia. El Estado tiene que dar el presupuesto directamente y se soluciona. No hay una emergencia. Se está usando la Ley de Integridad Pública para intervenir el Poder Judicial, para cambiar a las autoridades que no les convengan, porque se van a hacer evaluaciones anticipadas y contrataciones flash para poner jueces ‘golondrina’. Eso es lo que está en juego: un nuevo proceso de intervención en la justicia. Es decir, ¿no hace falta la emergencia, sino que el problema son los recursos? Así de sencillo. Si el problema es lo que dice el presidente del Consejo de la Judicatura, entonces, básicamente se tienen que asignar los recursos. La institución debería demostrar qué gestiones se han realizado durante los últimos años para determinar que se ha solicitado y se ha justificando su presupuesto. Y dar una razón de por qué el Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, se ha negado a otorgar este presupuesto. Se han disminuido casi $ 80 millones, casi un 20 % del presupuesto que recibe el sector de justicia anualmente. Si eso ha ocasionado este problema, pues se solucionaría otorgando esos recursos. En concreto, ¿en qué sentido perjudicaría a los jueces del país una posible declaratoria de emergencia en el sistema judicial? Si se declara el estado de emergencia, con todo lo que he explicado, se va a romper la carrera judicial, porque vamos a tener jueces temporales. Esto porque el ingreso de jueces, de acuerdo con esta reforma, sería sin estabilidad y el Consejo de la Judicatura podrá hacer las contrataciones libremente. En el país hay un déficit de más de 1.600 jueces y fiscales, ¿cómo afecta esto a la administración de la justicia? Hay un problema que ocurre. Como dice el presidente de la Judicatura, más del 50 % de las unidades judiciales están afectadas porque falta personal, pero el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de convocar a los concursos para llenar estas vacantes y no se lo ha hecho. Limita la capacidad de respuesta a las problemáticas que deben resolver los operadores de justicia. Si tenemos menos jueces, menos personal administrativo, la capacidad de respuesta disminuye. Igual en el caso de los fiscales. Si se tiene cobertura territorial y los equipos necesarios y recursos, hay una mayor capacidad de respuesta ante los problemas de criminalidad relacionados con la justicia penal. ¿Les preocupan las evaluaciones anticipadas? Un adelanto de las evaluaciones afectaría a los jueces de carrera que ingresaron a través de un concurso público. Además, existiría una afectación a la independencia judicial, en la medida en que los jueces no serán independientes. Eso afectará al servicio de justicia, porque podrían ocurrir supuestos actos de corrupción de algunos malos elementos y se disminuirá la calidad de la justicia, porque los jueces temporales van a estar más preocupados por cuidar sus puestos que por hacer su trabajo. Al no existir independencia, la justicia podría ser cooptada fácilmente por actores externos, como el Ejecutivo, de otros poderes del Estado o de grupos económicos. ¿Entonces, sí o sí debe haber un concurso? Debe haber la aplicación de un concurso público para el ingreso a la carrera judicial. Desde 2018 no hay un concurso para esas vacantes y hay varios estamentos de la justicia que también tienen un problema de nombramiento de jueces. En la Corte Nacional de Justicia, un tercio de los magistrados están en funciones temporales. De hecho, las autoridades del Poder Judicial, los integrantes del Consejo de la Judicatura, su presidente y el fiscal general están en funciones prorrogadas. Y eso sí ha afectado, seguramente, la gestión de los recursos, porque no se puede hacer ninguna planificación si hay esta inestabilidad en el Poder Judicial. ¿Qué alternativas se deben plantear a estos problemas en la Función Judicial? En la Asociación de Jueces hemos sido claros. Los jueces están dispuestos y listos para ser evaluados. La asociación está participando en las mesas interinstitucionales y de seguridad para aportar con una perspectiva nueva para establecer protocolos de actuación de actores de la justicia penal. Lastimosamente, sí hay personas que cometen actos de corrupción, como jueces y fiscales, y jueces ineficientes que generan problemas administrativos. La Asociación de Magistrados no tolera este tipo de cosas, pero sí pide que los procedimientos sean llevados a las vías administrativas y penales pertinentes con el debido proceso. ¿Plantearán acciones contra la Ley de Integridad Pública, que faculta la declaratoria de emergencia? Estamos en sesión permanente. Estamos buscando alianzas estratégicas y consultando con núcleos, gremios, colegios, abogados y universidades. Se van a presentar acciones inmediatamente, acciones constitucionales contra la disposición que se refiere a la declaratoria de emergencia. En las próximas horas habrá un comunicado para informar el siguiente paso. (I)

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