El pasado 24 de noviembre, Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía Desarrollo (FCD), presentó el contenido del proyecto de Ley Sustitutiva a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información – LOTAIP 2.0 ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional.

Comisión Anticorrupción del Gobierno será integrada por autoridades de instituciones públicas y tendrá carácter preventivo

Este proyecto sustitutivo fue cocreado por varias instituciones junto a la sociedad civil y el objetivo es actualizarlo y ajustarlo a los estándares internacionales, referente al acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

¿Cuándo y entre quiénes fue creado el proyecto de Ley?

Fue impulsado durante el 2018 por la Secretaría Anticorrupción, FCD, Defensoría del Pueblo, así como Fundapi, una fundación de Guayaquil y otras organizaciones de sociedad civil. Estas instituciones promovieron espacios de discusión, de debate, creación de proyecto de Ley para acordar un texto. Posteriormente, el entonces defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó el proyecto ante la Asamblea.

Publicidad

FCD ha tenido la promoción del derecho al acceso a la información pública y fomento a la transparencia y es por eso que fuimos parte de este grupo impulsor. Desarrollamos estos espacios de debates en distintas ciudades y brindamos asistencia técnica a la Defensoría y Secretaría Anticorrupción para que el proyecto se ajuste a estándares internacionales.

¿Hubo algún tratamiento del proyecto en el anterior periodo legislativo?

El anterior periodo legislativo no dio tratamiento al proyecto de Ley, no lo colocó dentro de su agenda, pero el actual periodo sí lo hizo. Me parece que hay algunas iniciativas de reforma a la Ley de Transparencia que están siendo discutidas por la Comisión.

Nosotros fuimos invitados (a la Asamblea) a brindar nuestras perspectivas, aportes sobre cómo debería ser la nueva Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Ahora lo que queda es esperar que la Asamblea, a través de esta comisión, elabore el primer informe de debate de la ley y que este informe pase al pleno, sea retroalimentado por los asambleístas y continúe el tratamiento.

El proyecto fue presentado en 2018, pero ¿qué tiempo se demoró en armarla totalmente?

Fue un proceso que duró seis meses de trabajo tanto de las instituciones como dentro de los procesos de discusión de la ciudadanía.

Publicidad

¿Cuál es el espíritu de la propuesta?

La Ley tiene ya 17 años de vigencia, nuestra Ley de Transparencia fue aprobada en el 2004, entonces es necesario actualizarla porque es distinto cómo accedimos en ese año de cómo lo hacemos ahora que tenemos tecnología más avanzada.

"Las leyes de transparencia de la región no se aplican totalmente", dice Pedro Molina, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona

Y pues necesitamos que esta ley pueda brindar no solo mayor garantía al ciudadano, sino también sanciones para aquellos que no están cumpliendo. Entonces la actualización de esta ley responde a ajustar a los nuevos avances de la tecnología a nuestra Constitución, apegarse a los estándares internacionales que ahora existen sobre el acceso a la información pública y darle dientes a una ley que nos pueda ayudar con la lucha contra la corrupción.

¿Algún ejemplo de los ajustes?

Aumentar el catálogo de información que tiene que ser difundida por transparencia activa como, por ejemplo, que se puedan conocer las agendas de reuniones de los funcionarios públicos, el listado de regalos que ellos reciben, acceder a información en datos abiertos sobre la ejecución del presupuesto del Estado, que se puedan presentar solicitudes de información en formatos digitales no solo físicos. Así también, recibir respuestas en formatos digitales y abiertos.

Cuando acudió a la Comisión, ¿cómo vio la apertura de los asambleístas?

Creo que están interesados en que la ley se reforme considerando que es una herramienta para garantizar, no solo el derecho a la información pública desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción, sino que el ciudadano pueda tener más información, que le ayude a tomar mejores decisiones.

¿La propuesta reformatoria es integral o por artículos?

Es una reforma integral, no se habla de reformar un solo artículo, sino que es un proyecto de ley sustitutivo; que reemplace a la Ley de Transparencia.

Hay que tener en cuenta la necesidad de actualizar la ley, también responde a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado ecuatoriano, en relación con la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, así como también al Compromiso de Lima, que obliga al Estado a implementar medidas para luchar contra la corrupción.

En tanto, desde FCD, ¿es la primera vez que colaboran para un proyecto de Ley o no?

La FCD ha brindado asistencia técnica al Ejecutivo, asambleístas, para presentar proyectos de Ley dentro del ámbito de la lucha contra la corrupción, uno de esos proyectos fue la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que trataba de eliminar la figura del error inexcusable.

Así como también presentamos un proyecto de ley junto con el exasambleísta César Solórzano para prevenir los conflictos de intereses. Es una práctica habitual que tiene la organización en el ejercicio de sus actividades.

¿Trabajarán en nuevas propuestas?

Sí, dentro de las actividades de la fundación siempre está el hecho de mirar el marco normativo vigente, promover reformas, sobre todo leyes electorales, de contratación pública, las que se refieren al ámbito de las concesiones de servicios públicos. (I)