En mercados, tiendas y supermercados el Ministerio de Gobierno realizó -a través de las intendencias de Policía y de las comisarías- 1.776 operativos de control de precios en los últimos días en medio de la paralización que lleva una semana en el país.
Esta cartera de Estado informó que estas intervenciones de control de precios de productos de primera necesidad se realizaron en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo 452 y el Acuerdo Ministerial 0069.
En el contexto de las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Gobierno indicó que dispuso en todo el territorio nacional el fortalecimiento de operativos de control de precios de productos de la canasta básica, para prevenir la especulación de los precios que impacta a la economía de las familias ecuatorianas.
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En Orellana, por ejemplo, la Intendencia de Policía realizó varios controles de precios en mercados, tiendas de abasto y supermercados para prevenir la especulación y la venta de productos caducados. Las autoridades decomisaron productos que no contaban con el precio de venta al público, ni con la fecha de elaboración ni de caducidad.
El Ministerio de Gobierno aseguró en un comunicado que no permitirá que las familias sean afectadas por especulaciones e incumplimientos de precios oficiales de productos. “No permitiremos que se generen especulaciones. Tomamos todas las medidas para cuidar el bolsillo de los ecuatorianos. El bienestar de las familias es nuestra prioridad”, indicó el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier.
El artículo 67 del Acuerdo Ministerial 0069 de esta cartera de Estado determina que las intendencias de Policía podrán realizar operativos de control de precios de conformidad con la Ley de Defensa del Consumidor y notificarán a la autoridad delito de acción pública competente en caso de procesos especulativos.
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En el comunicado también se recuerda que el artículo 308 del Código Integral Penal establece las sanciones, como una pena privativa de libertad de 15 a 30 días a quienes, sin autorización legal, incrementen los valores de los productos sujetos al precio oficial. (I)