Mauricio Torres: 26 funcionarios de confianza de excontralores Carlos Pólit y Pablo Celi son investigados en Fiscalía

A los seis meses de gestión el contralor General del Estado, Mauricio Torres Maldonado, señala que encontró una institución en crisis con funcionarios vinculados a los excontralores Carlos Pólit y Pablo Pablo Celi, que pedían dinero a cambio de informes.

En una revisión de procesos encontró informes caducados, informes que desaparecieron de la institución e inclusive un listado de 200 funcionarios públicos que fueron destituidos por la Contraloría del Estado, pero que nunca se notificó al Ministerio de Trabajo; de ellos, 45 procesos ya caducaron.

¿Cuál ha sido la prioridad en estos seis meses de administración?

Poner la casa en orden para que la Contraloría vuelva a ser el organismo técnico de control sin perseguir a nadie. Cuando llegué teníamos aproximadamente 2.980 servidores públicos, de los cuales sólo 600 eran auditores, y teníamos que auditar a 3.440 entidades, y logramos que la mayoría de los servidores que pasaban el área administrativa, tanto abogados como auditores de profesión, puedan hacer auditorías, y el personal administrativo suplirlo con estudiantes de pasantías.

¿Usted encontró una institución en caos o en crisis?

Yo diría en crisis, tanto administrativa como moralmente. La mayoría de servidores, porque no son todos, estaban acostumbrados a hacer muchas cosas, que no iban con la norma, siempre fuera de la ley.

¿Y cuántos de esos malos servidores están procesados?

Son 26 servidores que están investigados en la Fiscalía, y desde que yo estoy aquí hasta la actualidad tenemos 38 procesos disciplinarios, que ya en poco tiempo saldrán los sumarios administrativos porque se han encontrado algunas situaciones que no son apegadas a la ley.

Se decía incluso que había vacunadores en la Contraloría

Recibimos varias denuncias de que estaban pidiéndoles dinero a cambio de arreglos de informes. Me trasladé a esa dirección donde estaba el informe, me reuní con todos los servidores y a partir de ahí, como que las cosas han cambiado. Sin embargo, a la directora le pedí que haga una investigación, un poco difícil descubrir quién es el que estuvo llamando, pero seguimos investigando. Lastimosamente las personas que nos denuncian no nos dan los números o los nombres de quiénes son los que están pidiendo dinero.

¿No se los puede separar?

Lamentablemente no se los puede separar, la ley los protege, yo debo separarlos a través de un sumario administrativo. Tenemos el caso de una funcionaria que fue secretaria de la Dirección de Responsabilidades, en la que se arrogó funciones y firmó una resolución que sirvió para muchas cosas, para muchos trámites administrativos, que se tomaron de eso para hacer muchos trámites. Esa resolución ya fue dada de baja, esa señora fue separada a otra unidad y necesitamos hacer el procedimiento para poder destituirla.

¿Es decir, solo se los reubica, pero ellos siguen en la institución?

Están reubicados hasta que se dé ya la destitución legalmente.

¿Y cuánto demora el proceso?

Aproximadamente de tres a cuatro meses.

¿Cómo desmontar esa imagen de que la Contraloría tenía funcionarios que convivían con la corrupción?

La ventaja es que son pocos, no son todos. Ya hemos alejado a muchos de aquí y se les abrió los expedientes respectivos, otros han renunciado por su voluntad, les hemos pedido la renuncia y los vemos que inclusive algunos que renunciaron ya están trabajando de frente en los estudios jurídicos que nosotros presumíamos que existían vinculaciones.

¿Cómo sanear esto, acaso es el resultado de la huella que dejaron los excontralores Carlos Pólit y Pablo Celi?

Así es, la mayoría de los 26 investigados son personas de confianza de los dos excontralores Carlos Pólit y Pablo Celi, son los que están con investigación en la Fiscalía. Estamos esperando que la Fiscalía agilite el proceso y en base a eso proceder ya en la parte administrativa. Por lo pronto, están separados de las áreas sensibles que son donde trabajaban.

¿Con todo esto le lleva a usted a determinar que la Contraloría estaba filtrada y eso le llevó a categorizar a los dos excontrolares como personas no gratas?

Por supuesto. Lo que hicieron los dos excontralores es muy grave. Primero, permitieron que en la institución se den a actos de corrupción. Está demostrado y la justicia los ha sancionado. Ellos no pueden haber trabajado solos. Yo, como Contralor, no puedo desvanecer una glosa, necesito un equipo, necesitaría del personal que se encarga de todo este proceso, que opere. Cuando llegué aquí, tuve que separar a todos los directores nacionales que habían sido parte de la administración desde Polit, porque cuando llegó Pablo Celi, no cambió a la mayoría de directores, cambió a pocos. Y cuando vino Riofrio, los mantuvo a los de Celi; es decir, estos tres contralores mantuvieron a los directores por cerca de 10 a 14 años inclusive.

¿Por eso cambió a todos los directores?

Cambié a todos, sin embargo, algunos son de carrera y hay otros casos que los excontralores antes de irse les dieron nombramientos provisionales y les encargaron las direcciones. Lo que he hecho en algunos casos es mandarlos en auditorías internas a otras entidades. Y en otros separarlos a otras unidades.

¿Estas personas están siendo investigadas en su patrimonios o no?

No todos. La Unidad de Auditoría Interna es la que se encarga de auditar a la Contraloría y ya se había hecho los contrastes, es decir, la diferencia que existe entre la declaración juramentaria del 2018 con la de 2023. Y los valores encontrados ponen alertas de un aumento patrimonial de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil y hasta de un millón de dólares, lo cual es imposible, y lo peor es que tenían guardados esos pedidos de exámenes, pero hemos habilitados esos pedidos. Adicionalmente hicimos un nuevo contraste y encontramos más personas y exdirectivos con aumento de patrimonio y están siendo investigados.

¿Cuántos empleados están en ese proceso de investigación patrimonial?

En este momento estamos haciendo aproximadamente unos 23 procesos, pero son cerca de 60 a los que hay que hacer los exámenes. No tenemos la capacidad para hacer todo de golpe y estamos haciendo por partes.

¿La idea es verificar el incremento patrimonial?

El aumento de patrimonio está comprobado, y los funcionarios tienen que justificarnos que ese aumento es correcto. Ahora, puede ser que a lo mejor tienen negocios aparte y pueden demostrar que ese aumento de patrimonio es normal, por eso nos tienen que demostrar que ese incremento es algo lícito.

¿Cuánto plazo se ha dado usted para sanear ese tipo de casos?

Al principio había pensado que 6 meses eran suficiente. Pero veo que es muy difícil. Llevamos ya los 6 meses y en la mayoría ya casi tenemos en orden, pero creo que en unos dos o tres meses más e inclusive con los informes de Auditoría Interna.

¿De esos casos hay también personal que ayudó a caducar los examenes?

Por supuesto. Hay los informes de exámenes donde algunos caducaron; fueron aprobados después de los 180 días, y otros caducaron ya en la fase de juzgamiento. Se los guardaron para no notificarse. Y otros exámenes mal hechos.

¿Todo esto con intención?

Sí, con intención donde auditoría interna está con bastante trabajo en este momento, porque estamos con 5 exámenes realizando a los exámenes mal hechos. Hay un caso de una entidad con $12 millones en contratos donde dos auditores hicieron el examen y no encontraron nada; pero cuando llegamos nos denuncian que aquí hubo irregularidades, revisamos y en verdad hay un montón de situaciones, estamos haciendo un examen al examen, aunque ya está sacramentado porque caducó el tiempo, por eso estamos investigando a los auditores que hicieron y ellos tendrán que responder y el rato que se compruebe el hecho tienen que ir a la cárcel.

¿A qué instituciones se les hizo el examen y no encontraron nada?

Están en este momento auditándose, pero bueno una que ya se mencionó es el examen a la Refinería del Pacífico y así hay otras que en poco tiempo van a saber lo que estamos haciendo. La otra, en cambio, que es dejar caducar procesos que ya estaban en el área de juzgamiento y nunca salieron de ahí, donde son millones de dólares en glosas; y la otra, en cambio, es aprobar exámenes después de 180 días, que ya es imposible. Y hay dos casos graves.

¿Cuáles son esos dos casos graves?

Desaparecieron los procesos. O sea, el examen no asoma. No asoma. Hasta ahora, dos identificados. Están puestos ya en la Fiscalía la denuncia, son casos de instituciones y de algunos millones de dólares. Se llevaron los procesos, es decir, se hizo el examen y desapareció, hasta ahora hay dos procesos identificados, pero creo que hay más procesos.

¿Y cuánto sería el perjuicio en estos procesos ya detectados?

La auditoría interna tiene que determinar. Todavía no tengo el perjuicio, pero calculo que sobrepasan unos 30 o 40 millones de dólares. Recién encontramos un caso que estaba ya por caducarse y lo tenían guardado el examen. Recibimos una alerta porque alguien alertó de que estaban queriendo pedir la caducidad y cuando lo vimos no estaba caducado y lo sacamos era algo de $ 7 millones, y después estas personas nos pusieron una acción de protección, pero ganamos la acción y se determinó que deben pagar el Estado $ 11 millones ya con los intereses y todo. Adicionalmente encontramos 200 nombres de personas que fueron destituidas por la Contraloría y que nunca fueron inscritos en el Ministerio de Trabajo.

¿Es decir, 200 personas que están trabajando normalmente, siendo destituidas?

Siguen trabajando normalmente e incluso el plazo de dos años ya transcurrieron y en 45 de ellos ya no pudimos hacer nada, y en el resto notificamos al Ministerio de Trabajo con la destitución, pero los 45 están salvados y pasaron años sin haberse inscrito.

¿Quién inscribe eso, el contralor o algún departamento?

Hay un departamento de responsabilidades que tuvo que haber enviado y alertar a la dirección de responsabilidades, pero no lo hicieron.

¿Cuál fue el mensaje que usted quiso implementar con la colocación del cartel de persona no grata a la imagen de dos excontralores?

La idea de poner persona no grata vino de los empleados de la asociación de la Contraloría, cuando nos pidieron que quieren ellos hacerlo, porque la imagen de nuestra institución está muy acabada, es simbólico, porque de cierta forma queremos limpiar la imagen de la Contraloría. Demostrar que no son todos los servidores los que son corruptos, que son dos excontralores y un grupo muy aliados a ellos o muy leales a ellos.

¿Cómo quitar la imagen de una institución de persecución?

Es muy duro lo que se ha estado haciendo. Hay mucha gente que viene a quejarse aquí y cuando revisamos, en verdad, ha habido procesos que han exagerado. O en algunos casos que no tenían razón. Que más bien a veces me hacen pensar hasta que lo hacían con doble intención para después tener un cliente adicional.