Hasta la cárcel de Cotopaxi fue trasladada este viernes, 12 de julio, Mayra Salazar, quien es una de las 52 procesadas en el caso Metástasis y considerada también una pieza clave en el caso Purga, así lo informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
“Este 12 de julio de 2024, Mayra S., persona privada de libertad en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Pichincha N.°3, fue trasladada al Centro de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi N.°1 mediante un estricto operativo de seguridad coordinado junto con servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta medida se adoptó a fin de precautelar la seguridad de la PPL”, indica el informe.
Asimismo, la institución indicó que en Cotopaxi, Salazar “será evaluada médicamente por el personal del Ministerio de Salud Pública para garantizar su integridad física y, de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, posteriormente será ubicada en el área correspondiente a su estatus de persona procesada”.
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Salazar dejó la Casa de Confianza, ubicada en la parroquia Chillogallo, en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, en la que permanecía desde que fue detenida a fines del 2023. Su traslado se habría realizado en un vehículo militar.
En reiteradas ocasiones los abogados defensores de la procesada han manifestado que temen por su vida y que la cárcel donde permanecía no ofrece la seguridad necesaria.
En el tiempo que lleva detenida, la defensa de Salazar ha alertado sobre al menos cinco amenazas de muerte identificadas por los servicios de inteligencia locales; de las cuales dos habrían sido por envenenamiento y sostienen que una de las principales preocupaciones de la comunicadora es su alimentación.
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En la cárcel de Chillogallo, Salazar estuvo en una de las celdas que ocupan las mujeres privadas de su libertad que están embarazadas o tienen hijos con ellas, por lo que cuentan con un horno microondas.
La comunicadora es testigo protegida de la Fiscalía General del Estado y se acogió al sistema de cooperación eficaz. (I)
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