La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral inició un proceso de fiscalización a las denuncias sobre posibles delitos en la distribución y comercialización de combustibles, para lo cual convocará a siete funcionarios públicos para conocer las acciones realizadas al respecto.
La propuesta de iniciar el proceso de fiscalización la presentó el asambleísta Xavier Jurado (antes RC, hoy ADN) tras conocer las denuncias de posibles delitos en la distribución y comercialización de combustibles que afectan al erario nacional.
Pero esta fiscalización, aclaró el proponente, no se centra en el caso que involucraría al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, vinculado a la empresa Copedesa, que se dedica a la comercialización de combustibles y que está denunciada ante la Fiscalía por un supuesto delito de comercio irregular de combustibles, sino que se ampliará en todo el país para conocer si en otras provincias y otras empresas distribuidoras están involucradas en casos similares.
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La resolución del legislador oficialista Xavier Jurado fue respaldada con seis votos y determina un plazo no mayor de quince días para llamar a comparecer a los siguientes funcionarios:
- Ministro de Energía, Minas y Petróleos.
- Secretario de Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público.
- Comandante general de la Policía Nacional.
- Director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.
- Gerente general de la Empresa Pública de Hidrocarburos EP Petroecuador.
- Director del Servicio de Rentas Internas.
- Representante de la Secretaría Anticorrupción.
El asambleísta representante del Guayas comentó que las comparecencias solicitadas nacen por la denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, por la información que proporcionó el Servicio de Rentas Internas, porque había vacíos entre la facturación y el consumo de combustible en algunas distribuidoras y estaciones de servicios.
Jurado comentó que el delito de tráfico de combustibles no solo le cuesta al Estado el subsidio, sino que tiene varios negocios conexos, porque la gasolina puede servir como precursor de cocaína, el diésel para mover maquinaria que se usa en la minería ilegal e inclusive el combustible usarse en vehículos de dudosa procedencia para generar pánico y terror en la ciudadanía.
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Las siete autoridades que serán convocadas en los próximos quince días deberán mostrar las cifras y los sitios donde se fuga el combustible, que se inicia legal a través de una operadora, pero que termina ilegal; por eso se amplió la comparecencia a otros funcionarios con el propósito de hacer una fiscalización objetiva más allá del caso de Guayaquil.
Los funcionarios deberán señalar a la Comisión de Soberanía y Seguridad del Estado los hallazgos sobre el destino que tiene el combustible, las acciones realizadas respecto a la comercialización y distribución de combustibles, acciones generadas y alertas reportadas en las más de 1.200 estaciones de servicio; así como también tendrán que hablar sobre los negocios conexos al contrabando.
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Respecto al caso de la empresa Copedesa, que vincula al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el legislador Xavier Jurado dijo que el caso está en la Fiscalía y ahí la primera autoridad de la ciudad deberá responder y no en la comisión legislativa.
El alcalde tendrá que demostrar su inocencia, la justicia decidir si es culpable o inocente, pero la mesa legislativa no se centrará en eso, sino a fiscalizar todos los casos que se han presentado sobre presuntos hechos de contrabando de combustibles, hacia dónde va ese combustible y cómo se corta un negocio que se inicia lícito y termina ilícito. (I)
