La ministra del Interior, Mónica Palencia, solicitó a la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, que certifique el cumplimiento de la acción de protección que dispone la reactivación de tres juicios políticos que fueron archivados en contra de ministros en el gobierno de Guillermo Lasso, antes de su proceso político.
La acción de protección concedida por la justicia constitucional dispone que “los enjuiciamientos políticos que se encuentren en trámite o pendientes serán conocidos en el ámbito de las funciones de la Asamblea Nacional una vez que se cumplan con las medidas de reparación dispuestas, dado que se retrotrae todo lo actuado hasta el momento del retiro de firmas, sin que se vean afectados los términos y plazos perentorios de prescritos en el ordenamiento jurídico aplicable”.
También se dispone la suspensión del trámite de enjuiciamiento que se viene conociendo en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, trámite que deberá retomarse una vez que se cumpla con lo señalado por el juez.
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La funcionaria está acusada por los legisladores Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), por supuesto incumplimiento de funciones relacionado con la irrupción policial a la Embajada de México en Quito, el 5 de abril pasado, para detener al exvicepresidente Jorge Glas. Otra de las acusaciones se refiere a la falta de accionar, liderazgo en el manejo de la secretaría a su cargo, responsable de garantizar la seguridad interna de los ciudadanos del país.
La Asamblea Nacional está en un periodo de vacancia legislativa desde el 19 de agosto hasta el 3 de septiembre, durante ese tiempo se suspenden los plazos para el trámite de leyes y juicios políticos, y además las actividades en las quince comisiones especializadas, entre ellas, la de Fiscalización, por lo que a partir del próximo martes deberá conocer el pedido hecho por la ministra Palencia y emitir un pronunciamiento.
Este 29 de agosto, la ministra Palencia remitió a la presidenta de la Comisión de Fiscalización una carta pidiendo la certificación del cumplimiento de la resolución del juez cuya sentencia fue notificada el jueves, dado que el juicio político acumulado planteado en su contra por los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), se encuentra en trámite.
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Con precisión la ministra del Estado pide que la secretaria de la mesa legislativa certifique el cumplimiento íntegro de la referida resolución del juez comunicada oralmente el 22 de agosto, cuya sentencia fue notificada por escrito el día 29 de agosto de 2024; también solicita el cómputo del plazo de los días que quedan para realizar la contestación en el marco del juicio político seguido en su contra, teniendo en cuenta que la sentencia debe cumplirse desde el momento del pronunciamiento oral.
Esto, según la funcionaria, deberá notificarse a la brevedad posible con el fin de garantizar conocimiento oportuno y tener certeza jurídica.
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La acción de protección con medida cautelar planteada por la asambleísta Inés Alarcón (ADN) en contra de la Comisión de Fiscalización plantea que se revivan tres solicitudes de juicio político en contra de Sebastián Corral, exsecretario de Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de Economía; y, Andrea Montalvo, extitular de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt), quienes fueron funcionarios en el gobierno de Lasso.
Otros pedidos
La ministra del Interior, Mónica Palencia, previamente remitió dos comunicaciones a la mesa de Fiscalización, la última el 13 de agosto pasado, antes de la vacancia legislativa, en la que pide la revocatoria del proceso en su contra por indebida acumulación de las solicitudes de juicio político porque no tiene conexidad en los hechos, por lo tanto, no pueden ser tramitados en los mismos tiempos procesales.
Además, reitera los motivos por los cuales no se cumple con los requisitos para la acumulación que devela su improcedencia, “tan solo basta referir el hecho burdo de acumular el de Mónica Rosero con el Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, y que no puede asimilársela por una fe de erratas”.
La ministra deja constancia de que existe violación al debido proceso en la garantía del trámite propio del procedimiento, tanto por la exigencia de prueba no anunciada como por la indebida acumulación de las solicitudes de enjuiciamiento político.
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También asegura que existe violación del derecho a la defensa, por falta de motivación de la resolución que ordena la acumulación de las solicitudes de juicio político.
Además, considera que existe violación del derecho, por vulneración de la garantía básica de contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.
La funcionaria reitera que no ha recibido respuesta sobre la solicitud de revocatoria de la resolución tomada por la Comisión de Fiscalización relacionada con la acumulación de los pedidos de juicio en su contra e invita a la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, “a fin de que no caiga en la tentación de ser un vehículo de producción de prueba, pues los interpelantes han sido deficientes en la realización de sus solicitudes y seguramente querrán convertirla en su “eficaz colaboradora” y utilizarla para que, dejando de tener el rol que tiene, se convierta, de manera material en su ayudante procesal”. (I)
