La ministra del Interior, Mónica Palencia Núñez, advierte que el juicio político motivado en su contra por dos asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) responde a una intención de desestabilizar al Gobierno y una venganza política por la ejecución de la boleta de captura del exvicepresidente Jorge Glas.
Palencia advierte que sería lamentable el que se tuviere que someter a asambleístas a sanciones penales por incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente al no dar cumplimiento al dictamen del juez que concedió una acción de protección planteada por la asambleísta Inés Alarcón (ADN).
Hay dos pedidos para enjuiciarla políticamente: ¿cuál es su postura al respecto?
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El enjuiciarme es una estrategia para perseguir al Gobierno de Daniel Noboa, quien lidera la intención de voto. O sea, es un juego político y electoral. La seguridad debe estar fuera de ese juego político-electoral. No hubo una sana y honesta mirada fiscalizadora previa, sino la intención de desestabilizar al Gobierno en momentos en que enfrenta un conflicto armado, y de ejecutar una venganza política al Gobierno ante la ejecución de boleta de captura en contra de Jorge Glas Espinel. Se une una clara intención de realizar una investigación previa disfrazada de actividad interpelante. Esto no es en beneficio de la ciudadanía, sino de los grupos armados organizados, del crimen transnacional y de las mafias. El enjuiciamiento en mi contra perjudica al Ecuador en el ámbito internacional, porque se generarán pruebas y argumentaciones que moverían el tablero en el litigio internacional que se tramita en la Corte de Justicia Internacional, y no precisamente a favor. Cualquier opinión de censura a lo hecho escalaría a ser postura de una importante función del Estado. Y en cuanto a los temas de seguridad, al ser yo la presidente de tres grupos internacionales, la negativa de respaldo y sometimiento al proceso de censura deja sin piso a los planteamientos ecuatorianos en la lucha transnacional contra el terrorismo.
¿Le tomó por sorpresa que se haya adelantado el juicio político en su contra con el archivo de los juicios políticos contra los exministros del Gobierno de Guillermo Lasso?
Estoy al frente de una lucha contra el crimen organizado; entenderá que ahora poco me sorprende. Eso solo demuestra que no existe interés alguno en fiscalizar, como reitero, sino de crear mecanismos ad hoc para generar un contexto político de afectación a la institucionalidad del Estado y de momentos propicios a la persecución. Ahora parecería ser que algunos asambleístas pretenden desconocer una sentencia constitucional.
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¿Qué pasará, según su criterio, si no se cumple la sentencia del juez tras conceder la acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón?
Es muy grave para la democracia y, sobre todo, para el control de constitucionalidad. Una de las finalidades de las garantías con jueces constitucionales es que no haya abusos de poder. El poner a gusto la decisión de si se cumple una sentencia de acción de protección es colocar toda la legalidad del país en manos de los vaivenes de la política. Existen salidas que tienen que ver con la corrección e incluso la penalización de este tipo de conductas; sería lamentable el que se tuviere que someter a asambleístas a sanciones penales por incumplimiento de sus deberes. Un nefasto precedente que se incumpla una orden legítima de autoridad competente.
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La baja ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior es uno de los motivos en los cuales se sustenta su enjuiciamiento político. En ocho meses, apenas se habría ejecutado el 34 % del presupuesto.
La realidad es que se ha ejecutado el 100 % del presupuesto inicial del Ministerio del Interior. A inicios del 2024, el Ministerio contaba con un presupuesto prorrogado de $ 31,4 millones, el cual ha venido incrementándose mensualmente desde febrero a través de asignaciones presupuestarias adicionales para ejecutar los arrastres, o valores de pago obligatorio, que se tenía como institución. Cuando se aumenta el techo presupuestario, el porcentaje de ejecución, naturalmente, baja. O sea, esa cifra es una manipulación de un tema técnico-administrativo. A la fecha se han ejecutado $ 50,2 millones, que es una suma fácil de pronunciar, mas representativa del trabajo. En el primer semestre del 2023 se ejecutaron en gasto de inversión apenas $ 50.000, mientras que en el primer semestre de 2024 se han ejecutado $ 28,1 millones. De ello se puede concluir que la relación hace evidente la labor del Gobierno del presidente Noboa. Actualmente, el presupuesto es de $ 137′257.893,97, y lograremos ejecutarlo hasta el 31 de diciembre del 2024.
El ingreso a la Embajada de México es otra de las causales de su enjuiciamiento político, así como lo fue el de la canciller Sommerfeld.
El tema de México es para mí muy sensible. Se llegó a un punto de total desconfianza, lamentablemente, y el Gobierno ecuatoriano no escogió llegar a él. Yo hago votos, como latinoamericana, ecuatoriana y también mexicana, para que las relaciones entre ambos países se restablezcan. Sobre el ingreso, existe ya una sentencia emitida por la Sala de la Corte Nacional de Justicia que resolvió ese asunto en apelación, declarando la legalidad de la detención del señor Jorge Glas, quien tiene dos sentencias condenatorias en firme (y que fueron dictadas antes de que el presidente Noboa asumiera el poder); detención declarada, además, legítima y no arbitraria. Lo que es impresentable es que se me persiga como en una cacería de brujas, propia de una instrucción fiscal direccionada, anteponiendo a los altos intereses nacionales y al sentido nacional con el que por ley están llamados a actuar los asambleístas, sin considerar que mucho de lo que se produzca en el pleno pudiere tener impacto en el juzgamiento internacional al Ecuador, en momentos en que hay disputa con México en la Corte Internacional de Justicia. Considero que las decisiones del Gobierno nacional fueron necesarias y legítimas, y lamento que se haya abusado por parte de Glas, socios y otras compañías de la buena fe histórica de México en materia de asilo, y se le haya malinformado de los antecedentes históricos reales de casos como el de Glas y otros, y de los acontecimientos posteriores a la muerte de Villavicencio.
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Una de las solicitudes de juicio político señala que el Ministerio del Interior no ha equipado a la Policía Nacional. ¿Qué dice al respecto?
Fortalecer a la Policía Nacional por la seguridad de todos es uno de los principales ejes de gestión del ministerio a mi cargo. Es así que en este año se ha cumplido con la entrega de 50.835 chalecos de protección balística; 1 UVC en Atacames; 3 UPC, una en Cayambe y 2 en Ambato; 7.361 armas cortas; 5.000 cascos de protección balística; 20′767.875 municiones; 1.750 fusiles, y 30 fusiles de alta precisión. Y está planificado entregarse patrulleros, trajes antiexplosivos, cascos de protección balística, entre otros. Estamos trabajando en la ejecución, y no resulta fácil, pues los trámites en sí mismos son complejos. Es una decisión del grupo a mi cargo tener tal transparencia que no trabajamos con proveedor único, ni siquiera cuando hay régimen especial.
Usted desestima los pedidos de juicio político en su contra, pero lo cierto es que la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Totalmente de acuerdo. Pero dejemos claro que cualquier persona que ofrezca solucionar los problemas de seguridad en nueve meses, problemas que se han gestado en años, que tienen causas compartidas con otras fuerzas de la región, está mintiendo descaradamente. Es parte de una campaña electoral demagógica, muy común, lastimosamente. Pero aquí nadie se lava las manos. En nueve meses los avances son significativos: hemos logrado tomar las riendas para contener la escalada criminal y dar pasos firmes (para) revertir la tendencia al alza en cuanto a los homicidios intencionales, cuya tasa por cada 100 habitantes proyectada a julio de 2024 era del 35,1, y actualmente se encuentra en 20,2. Una gran noticia es el financiamiento del BID por $ 150 millones para temas de seguridad ciudadana.
En los dos pedidos de juicio usted ha ingresado algunos escritos ante la Comisión de Fiscalización: ¿de qué tratan?
Un enjuiciamiento político, como todo proceso que podría terminar con una sanción, tiene un trámite propio que debe observar garantías mínimas para el enjuiciado; es decir, reglas claras que deben respetarse. En mi caso, no se están respetando esas reglas, porque los proponentes de los enjuiciamientos no acompañaron ningún medio probatorio, ningún documento de prueba, y ahora pretenden conseguirlos de manera extemporánea y fuera del marco legal, o tratando de que algunos asambleístas o la Comisión sirvan de vehículo de producción de prueba. Esto obedece a que los juicios políticos no partieron nunca de una fiscalización con compromiso cívico, sino de una persecución política partidista. De hecho, se solicitó mi enjuiciamiento incluso antes de que yo rindiera cuentas con respecto al primer semestre de 2024, que es obligatorio hacerlo en materia de seguridad.
¿Cómo superar la barrera política que se presenta en la Asamblea en momentos en que el país está sumergido en una campaña electoral? Todos los aspirantes a gobernar el país dicen que poco se ha hecho por combatir la inseguridad.
Es muy fácil hablar. He preguntado si algún candidato presidencial nos ha pedido datos o informes o copias de los solicitados por la Asamblea Nacional, que son de carácter público. Ninguno. Y después de hablar, obviamente, han dejado en evidencia la poca seriedad con la que manejan el tema. Lo real lo tenemos en los datos. Lamentablemente, el tema de seguridad se ha convertido en una bandera de conversación política sin mayor conocimiento al respecto. Sin patriotismo no se puede superar ninguna barrera política, no solo en la Asamblea, sino en ninguna institución pública, pero tampoco en la vida misma.
¿Usted con quién cuenta en la Asamblea Nacional, pues esto es más político que de razones lógicas y jurídicas?
No es Mónica Palencia la que necesita un voto: es el país el que necesita seguir o no con una política de seguridad clara, con un bloque de seguridad en donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajan hombro a hombro, en donde al respeto a los derechos humanos le estamos uniendo la mano firme y dura para lograr la seguridad. Confío en que hay asambleístas que actuarán con sentido nacional y patriotismo; los asambleístas que saben que no deben entregarles el país a quienes están haciendo de la política una actividad en beneficio del crimen organizado. Cuento con el respaldo de la bancada de ADN.
¿Cuáles son los siguientes pasos que planea el Gobierno para hacer frente al narcotráfico?
El Gobierno nacional tiene claro que el narcotráfico es una actividad propiciatoria de muchas otras. Gobiernos atrás decidieron, así lo dijo un exministro de esos que creen que saben de seguridad por su capacidad de conversar en las celdas carcelarias, “desmilitarizar” a las fuerzas del orden y ponerse a la moda de delincuentes disfrazados de izquierdistas, de fortalecer solo la Policía comunitaria, y dejar hacer, dejar pasar por las fronteras. En la actualidad trabajamos con una visión integral: fortalecemos a la Policía Nacional, combatimos a las mafias y la delincuencia organizada con enfoque nacional y transnacional, y a la par trabajamos en uno de los proyectos más importantes en materia de prevención: los centros cívicos del “nuevo Ecuador”, que buscan incidir directamente en el reclutamiento de los GDO y GAO a los menores de edad, en situaciones de mayor vulnerabilidad. (I)
